Si una máquina sustituye a miles de trabajadores, ¿quién compensa las cotizaciones sociales que dejan de aportar esos empleados? La pregunta, que hasta hace unos años parecía un escenario futurista, ha entrado en el debate económico con la expansión de la inteligencia artificial. La incógnita no es solo qué pasará con el empleo, sino cómo se financiará el estado del bienestar si una parte creciente de la riqueza se genera con menos trabajo humano. La posibilidad de que las empresas tengan que cotizar por los robots que sustituyen a personas es una de las fórmulas que estudian los economistas para evitar que las ganancias de productividad debiliten los ingresos que sostienen las pensiones y otras prestaciones sociales.
El catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver plantea esta cuestión a partir de un escenario hipotético de sustitución masiva de trabajadores por tecnología. En conversación con este diario, lo ilustra con los robotaxis, que ya han comenzado a operar en pruebas en Madrid y funcionan en Zagreb, Estados Unidos y China: si una flota de vehículos autónomos terminara desplazando a 3.000 taxistas, Oliver se pregunta «qué contribución haría esta actividad al sistema público». «Este robotaxi que ha dejado fuera a 3.000 trabajadores del taxi, ¿qué pagará?». La pregunta apunta a un desequilibrio potencial: mientras que un taxista cotiza a partir de sus ingresos laborales, un vehículo autónomo puede generar actividad económica sin aportar cotizaciones salariales propias.
Con todo, Oliver, experto en economía catalana, mercado de trabajo e inmigración, no prevé una transformación generalizada del mercado laboral catalán a corto plazo. Considera que la inteligencia artificial «difícilmente alterará de manera radical» el empleo del país durante los próximos diez o quince años, en parte por el peso de las pequeñas empresas y de los servicios personales en la estructura productiva catalana. El debate sobre la tributación de los robots, advierte, no implica necesariamente que sea necesario aplicar una medida inmediata, pero sí que plantea «cómo preparar el sistema fiscal para un cambio tecnológico que en el futuro podría alterar las fuentes de financiación de la protección social».
El problema no es solo perder puestos de trabajo
El sistema de pensiones de reparto se basa en las cotizaciones de los trabajadores y de las empresas para financiar las prestaciones de los pensionistas actuales. Si la automatización reduce el número de personas ocupadas, o si los salarios pierden peso en el conjunto de la renta generada, la base sobre la cual se recaudan estas cotizaciones puede quedar presionada.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte, en un informe publicado en septiembre de 2026 sobre la financiación de la protección social, que el envejecimiento demográfico y los posibles efectos de las nuevas tecnologías pueden debilitar la base contributiva. Al mismo tiempo, el organismo remarca que todavía hay incertidumbre sobre el impacto final de la IA en el empleo: la tecnología puede automatizar tareas, pero también generar nuevas. Esto significa que el riesgo para las cotizaciones no depende exclusivamente de una desaparición masiva de puestos de trabajo. También puede producirse si las empresas aumentan la producción y los beneficios gracias a la automatización, pero los salarios no crecen al mismo ritmo.
En este escenario, una parte más grande de la renta se desplazaría del trabajo hacia el capital, mientras que las cotizaciones sociales continuarían dependiendo principalmente de los ingresos laborales. La cuestión es si un sistema de protección social financiado sobre todo a través del trabajo puede mantenerse sin cambios en una economía cada vez más automatizada. La respuesta no pasa necesariamente por cobrar un impuesto por cada robot, pero sí que obliga a revisar cómo se reparte la carga fiscal entre trabajo y capital.
Una cotización para los robots: ¿qué propone la investigación?
La idea de una cotización para los robots tiene un nuevo apoyo académico. El estudio Automation, Taxation, and Social Security Sustainability, publicado en marzo de 2026 en la revista Hacienda Pública Española, analiza cómo se podría adaptar la fiscalidad para mantener el peso de las cotizaciones sociales en el producto interior bruto a medida que aumenta la automatización. El trabajo, firmado por Pablo Casas, investigador del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, y José L. Torres, de la Universidad de Málaga, compara tres alternativas: un impuesto sobre los ingresos del capital automatizado, un gravamen sobre las inversiones en este tipo de capital y una cotización social empresarial vinculada a los robots. La investigación parte de dos escenarios tecnológicos diferentes, según si el capital automatizado sustituye tanto el trabajo como otras formas de capital o si reemplaza trabajo humano mientras complementa las inversiones tradicionales.
Dentro de los modelos estudiados, los resultados apuntan que una cotización social sobre los robots a cargo de las empresas que los utilizan podría ser la opción más eficiente a largo plazo para preservar el peso de las contribuciones sociales. La responsabilidad recaería sobre las empresas que obtienen rendimientos del capital automatizado, con la dificultad de determinar qué parte de la inversión sustituye realmente trabajo humano, cómo se calcularía la contribución y qué efecto tendría sobre las decisiones empresariales.
Corea del Sur y Europa: antecedentes sin una tasa general
La idea de un impuesto a los robots no es nueva. El precedente internacional más citado es Corea del Sur, que en 2017 modificó los incentivos fiscales vinculados a determinadas inversiones en automatización. Hasta entonces, las empresas podían beneficiarse de deducciones fiscales por inversiones en equipos destinados a mejorar la productividad. La reforma redujo esas ventajas.
La medida se presentó como el primer paso hacia una tasa a los robots, pero no establecía un impuesto directo sobre cada máquina ni una cotización social específica. Lo que hacía era limitar los beneficios fiscales asociados a determinadas inversiones. Por tanto, es un precedente de revisión de los incentivos a la automatización, no un sistema de cotización de los robots equiparable al que plantean algunos economistas.
En Europa, el debate también llegó al Parlamento Europeo en 2017. En el marco de un informe sobre las normas civiles aplicables a la robótica, se planteó que la Comisión Europea estudiara los efectos de la automatización sobre el empleo y la viabilidad de los sistemas fiscales y sociales. Sin embargo, las propuestas relacionadas con un impuesto a los robots quedaron fuera del texto final. La resolución aprobada aquel febrero abordó cuestiones como la responsabilidad jurídica, la seguridad y los efectos de la robótica, pero no estableció ninguna tributación específica de las máquinas. Desde entonces, la cuestión ha continuado presente en la investigación económica, pero no se ha consolidado un impuesto general a los robots en las principales economías desarrolladas. La dificultad es encontrar un sistema que compense posibles pérdidas de recaudación sin penalizar indiscriminadamente la inversión productiva.
El riesgo de frenar la innovación
Justamente por este último aspecto, la idea de una cotización específica también genera reservas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advertía en junio de 2024 que un impuesto directo a la inteligencia artificial no era una solución recomendable, porque podría ralentizar la inversión y la innovación, además de resultar difícil de diseñar. El organismo proponía revisar los incentivos fiscales que favorecen excesivamente la automatización en detrimento del trabajo y reforzar la tributación de los ingresos del capital. La distinción es importante. No toda automatización elimina puestos de trabajo: algunas tecnologías permiten que los trabajadores sean más productivos, mejoran la calidad de los servicios o hacen viables actividades que antes no lo eran. Gravar cualquier máquina o sistema de inteligencia artificial sin tener en cuenta su función podría penalizar empresas que innovan sin sustituir directamente empleo.
También sería difícil establecer una frontera clara entre una inversión que sustituye personas y otra que complementa su trabajo. Un programa que automatiza tareas administrativas puede reducir la necesidad de determinados perfiles, pero también permitir que una empresa crezca y contrate en otras áreas. Una eventual reforma fiscal debería tener en cuenta tanto la capacidad de recaudación como los efectos sobre la productividad, la competitividad y la creación de empleo.
Diversificar las fuentes de financiación
La cotización de los robots es solo una de las posibles respuestas. Otra vía sería reforzar la tributación de los beneficios empresariales y de los rendimientos del capital, de manera que una parte más grande de la riqueza generada por la automatización contribuyera a financiar los servicios públicos. También se podría revisar el tratamiento fiscal de las inversiones tecnológicas que favorecen la sustitución de trabajadores, así como ampliar progresivamente las fuentes de ingresos de la Seguridad Social.
La pregunta que plantea el economista Josep Oliver con el ejemplo de los robotaxis resume el dilema: si una actividad económica puede generar ingresos sin necesidad de miles de trabajadores, ¿qué contribución debe hacer al sistema que protege al conjunto de la sociedad? De momento, la cotización de los robots continúa siendo una hipótesis, pero la expansión de la inteligencia artificial ya ha puesto sobre la mesa una cuestión de fondo: si cambia la manera de generar riqueza, también puede tener que cambiar la manera de financiar las pensiones.
