El Institut Ostrom quiere cambiar las reglas del juego de las pensiones, el mercado laboral y la inmigración en el Estado español. El think tank liberal propone complementar las pensiones públicas con cuentas individuales de capitalización, introducir una mochila austriaca para los nuevos contratos y avanzar hacia un sistema migratorio que priorice a las personas con formación y cualificaciones profesionales. Las medidas forman parte de un paquete de reformas que también incluye cambios fiscales, en la vivienda y en la Administración pública, con el objetivo de reforzar la productividad, la inversión y la competitividad empresarial.
La propuesta más significativa en materia de pensiones pasa por combinar el sistema público actual con un segundo pilar de ahorro individual. El Institut defiende que cada residente disponga, a partir de los 18 años, de una cuenta que acumule recursos a lo largo de la vida y que sirva para complementar los ingresos durante la jubilación. El planteamiento no implica sustituir directamente las pensiones públicas por un sistema privado, sino diversificar las fuentes de financiamiento de la jubilación.
La reforma tendría dos patas. Por un lado, Ostrom propone introducir un sistema de cuentas nocionales, como el que aplica Suecia, para calcular la pensión pública en función de las cotizaciones acumuladas durante toda la vida laboral y la esperanza de vida en el momento de jubilarse. Estas cuentas serían registros teóricos de los derechos generados, no dinero depositado a nombre de cada trabajador, de manera que el sistema continuaría funcionando con cotizaciones que financian las prestaciones de los pensionistas actuales.
Por otro lado, la entidad plantea crear cuentas de capitalización individual en las que sí se acumularían fondos invertidos para generar un complemento a la pensión pública. Estas cuentas se nutrirían de diferentes fuentes: las aportaciones de la mochila austriaca que propone implantar para los nuevos contratos, las contribuciones a los planes de pensiones de empresa con inscripción automática de los trabajadores y los recursos que actualmente se destinan al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), vinculado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
El resultado sería un modelo mixto en el que la pensión pública continuaría siendo una pieza central, pero los ingresos de la jubilación también dependerían del ahorro acumulado y de la rentabilidad de las inversiones. El Institut no fija una cuantía garantizada para este complemento, que variaría en función de las aportaciones y de los resultados obtenidos. En paralelo, propone sustituir las actuales deducciones fiscales por aportaciones a planes de pensiones por un crédito fiscal de cuantía igual para todos, con la intención de repartir los incentivos al ahorro de manera más uniforme entre los contribuyentes.
Una mochila austriaca que acompañe al trabajador
La reforma de las pensiones está estrechamente vinculada a los cambios laborales que defiende Ostrom. La entidad propone implantar una mochila austriaca obligatoria para los nuevos contratos, con una aportación empresarial equivalente al 2% del salario que se acumularía en una cuenta individual. El trabajador conservaría estos recursos incluso si cambiara de empresa, de modo que el ahorro lo acompañaría durante toda su trayectoria profesional.
El mecanismo, sin embargo, también conllevaría modificar las indemnizaciones por despido. Ostrom plantea compensar el costo de las aportaciones empresariales con una reducción progresiva de la indemnización por despido objetivo, mientras que mantendría la indemnización por despido improcedente. Así, una parte de la protección económica dejaría de estar concentrada en el momento de perder el empleo y pasaría a acumularse periódicamente en una cuenta personal.
El think tank también quiere modificar los incentivos que enfrentan las empresas a la hora de contratar. Propone que las compañías con una rotación de trabajadores superior a la media de su sector paguen una cotización por desempleo más elevada, con el objetivo de que asuman una parte mayor de los costos asociados a la inestabilidad laboral. En cuanto a la prestación por desempleo, defiende que se pueda acceder a ella después de seis meses cotizados y que la cuantía disminuya progresivamente con el paso del tiempo.
Para evitar que volver a trabajar suponga una pérdida de ingresos respecto de la prestación, el Institut propone un crédito fiscal reembolsable de 1.200 euros anuales por trabajador y de 1.000 euros por hijo. La medida busca incentivar la incorporación al mercado laboral, especialmente en las rentas más bajas.
Seleccionar la inmigración según la cualificación
En política migratoria, Ostrom apuesta por dar más peso a la formación y las competencias profesionales en los criterios de entrada al mercado laboral español. La propuesta pasa por avanzar hacia un sistema de selección por puntos, inspirado en los modelos de Canadá y Australia, que priorice a los candidatos con estudios y cualificaciones ajustados a las necesidades de la economía.
El planteamiento supone un cambio de orientación respecto de un modelo en el que las vías de regularización por arraigo tienen un papel relevante. El Institut defiende facilitar la captación de profesionales cualificados en los países de origen y reducir las trabas que impiden aprovechar la formación de las personas que ya están en España.
En este sentido, propone resolver en un plazo de doce meses los más de 80.000 expedientes de homologación de títulos pendientes. La intención es evitar que profesionales con estudios cursados en el extranjero tengan que esperar largos períodos para poder ejercer en su especialidad. La reforma vincularía así la política migratoria con las necesidades de las empresas y la disponibilidad de mano de obra cualificada.
Menos presión fiscal sobre el ahorro y la inversión
La reforma fiscal es otro de los ejes del paquete. Ostrom propone actualizar automáticamente los tramos del IRPF según la inflación para evitar que los incrementos salariales destinados a compensar el encarecimiento del costo de la vida acaben elevando la factura fiscal de los contribuyentes sin que hayan ganado poder adquisitivo real. En el impuesto sobre sociedades, defiende que tributen los beneficios distribuidos, pero no los que las empresas retienen para reinvertirlos en el negocio. Con este cambio, la entidad quiere incentivar que las ganancias empresariales se destinen a ampliar la capacidad productiva, innovar o crecer. También propone suprimir el impuesto sobre el patrimonio.
En vivienda, el think tank plantea rebajar al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la compra de la vivienda habitual y reformar el impuesto sobre bienes inmuebles para que grave el valor del suelo en lugar de penalizar de la misma manera los inmuebles construidos o rehabilitados. Además, apuesta por agilizar las licencias urbanísticas, aumentar la edificabilidad cerca de las estaciones de transporte público e impulsar un seguro público contra los impagos del alquiler.
El documento también incluye cambios en educación, administración y energía. En el ámbito educativo, defiende evaluaciones comparables entre comunidades autónomas, más autonomía para los centros y refuerzos tempranos para los alumnos con dificultades. Para la Administración, propone seleccionar a los directivos públicos según criterios de mérito y concurrencia y establecer que las normas que afectan a los mercados caduquen al cabo de ocho años si no se renuevan después de una evaluación. En energía, Ostrom reclama que el calendario de cierre de las centrales nucleares responda a criterios técnicos de seguridad del suministro y que la planificación de las redes eléctricas se adapte a las necesidades futuras de la industria y los hogares.
El conjunto de medidas dibuja una agenda liberal que pone el foco en los incentivos al ahorro y la inversión, la flexibilización de determinados mecanismos laborales y la adaptación de las políticas públicas a las necesidades productivas. Su aplicación, sin embargo, exigiría reformas legislativas y una transición que aclare cómo se distribuirían los costos y los beneficios entre empresas, trabajadores, contribuyentes y futuros pensionistas.
