La huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para el 11 de noviembre llegará intencionadamente en un momento político especialmente sensible: solo 48 horas antes del inicio de la campaña de las elecciones españolas del 29-N. Su origen es la crisis de la vivienda y el encarecimiento del costo de vida, con el desencadenante de la caída de los dos decretos de vivienda que el PSOE y Sumar pretendían aprobar en el Congreso de los Diputados, pero que chocaron con el no de Junts, PP y Vox. La derrota parlamentaria precipitó a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas, y una crisis que comenzó en las calles y en los hogares ha terminado conectando con las instituciones y, de rebote, con las urnas.
De la crisis de los alquileres a una huelga general
El movimiento de protesta social, con el Sindicat de Llogateres al frente, ha colocado los precios de los alquileres, los desahucios y la especulación en el centro de la agenda política, con epicentro en el caso de Maricarmen Abascal, la abuela de 87 años desahuciada de su casa en Madrid, que se ha convertido en uno de los símbolos de esta situación. CCOO, UGT y otros sindicatos han acordado convertir esta reivindicación en un paro de 24 horas. Es la primera huelga general convocada conjuntamente por los dos grandes sindicatos estatales en 14 años, e incorpora, además de la vivienda pública y la limitación de la especulación, demandas clásicas del movimiento sindical: mejoras salariales, reducción de la jornada, lucha contra la precariedad y mejora de la salud laboral. El cambio de perspectiva es relevante: los sindicatos defienden que la vivienda ya no es solo una cuestión social, sino también laboral: una parte creciente de los salarios se destina al alquiler o a la hipoteca, y esto condiciona directamente las condiciones de vida de los trabajadores. Finalmente, el ejecutivo del PSOE y Sumar han aprobado nuevas medidas en vivienda que deberían ser convalidadas por la Diputación Permanente, esquivando así el veto político del Congreso. Es en este contexto que la huelga adquiere una dimensión política inevitable, aunque los convocantes insistan en que no se trata de una movilización partidista.
Las reivindicaciones del 11-N coinciden en buena parte con la agenda social que el PSOE y Sumar reivindican: más salario, vivienda asequible, regulación de precios y medidas contra la especulación. Esto permite a la oposición interpretar la protesta en clave electoral y acusar a los sindicatos de favorecer al actual gobierno español -diversos dirigentes socialistas han defendido el derecho a la huelga-, mientras que los convocantes remarcan que el paro no se dirige contra una formación política concreta. Sea como sea, el 11-N llegará a las puertas de una campaña electoral donde la vivienda será el gran eje argumental.
La posición de los partidos ante la huelga del 11-N dibuja una división clara entre las formaciones que comparten las reivindicaciones y las que cuestionan la movilización. El PSOE ha expresado que comparte los motivos de la protesta, y su vicesecretaria general, María Jesús Montero, ha interpretado que la convocatoria se dirige contra la oposición que tumbó los decretos de vivienda. También Sumar y Podemos han defendido públicamente las reivindicaciones, con la formación de Ione Belarra describiendo la huelga como un hito en la lucha contra la especulación inmobiliaria. En cambio, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al gobierno español de promover la movilización para influir en las elecciones, mientras que Vox ha criticado la convocatoria y ha amenazado con llevar a los tribunales la tramitación de los decretos.
En Cataluña, la CUP ha sido la formación más explícita en su posicionamiento sobre el 11-N. La diputada Laure Vega ha situado la huelga general del 11-N como una «herramienta indispensable de presión social para forzar cambios estructurales en las políticas de vivienda e intervenir directamente en la agenda política». También los Comunes se han posicionado a favor de las reivindicaciones de la jornada de paro, destacando la necesidad de poner la regulación de los precios del alquiler, la lucha contra la especulación inmobiliaria y la mejora del poder adquisitivo de las familias en el centro del debate político, y hablan del 11-N como «una medida legítima y necesaria ante la situación de emergencia habitacional».
En el caso de Junts per Catalunya, no ha habido ningún pronunciamiento oficial en contra de la convocatoria, que tiene una raíz clara en el rechazo al voto contrario de los independentistas a los decretos de vivienda de Pedro Sánchez. En cuanto a ERC, tampoco ha habido un pronunciamiento explícito favorable a la huelga general, pero los republicanos votaron a favor de los textos del PSOE y de Sumar. Elisenda Alamany ha remarcado que el 29N, «solo la papeleta de Esquerra puede defender Cataluña y la clase media y trabajadora”.
Apoyo sindical amplio, pero no unánime
La protesta puede reforzar el relato social del gobierno español, pero PP, Vox y otras fuerzas tienen incentivos para presentarla como una movilización con componente partidista. La huelga será el miércoles 11 y la campaña electoral comenzará a las 00.00 horas del viernes 13, solo dos días después. La proximidad con las urnas ha sido precisamente uno de los argumentos de la USO para no sumarse a la convocatoria. El sindicato considera que, con las Cortes disueltas y las elecciones convocadas, no hay un interlocutor institucional claro sobre quién debe ejercer la presión. También ha advertido del riesgo de que una huelga general sea utilizada electoralmente. Es una discrepancia significativa, porque no cuestiona necesariamente el diagnóstico sobre la vivienda, sino la oportunidad y eficacia de la movilización en este momento concreto. También el sindicato CSIF ha declinado apoyar el paro, entendiendo que hay un componente político, y SEMAF, el sindicato de maquinistas ferroviarios, aún estudia su posición.
Ahora bien, la convocatoria cuenta con un apoyo sindical amplio. A CCOO y UGT se han sumado organizaciones como CGT, CNT, Co.Bas, Confederación Intersindical y Solidaridad Obrera, así como diferentes sindicatos territoriales, como el sindicato independentista Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y el movimiento por la vivienda, con el Sindicat de Llogateres al frente, así como la plataforma Dignitat a les Vies. En el ámbito educativo tampoco hay una adhesión homogénea. CGT Ensenyament ha anunciado su apoyo a la huelga, mientras que USTEC·STEs no ha concretado una adhesión específica.
La patronal cuestiona que la vivienda sea un conflicto laboral
Las organizaciones empresariales han rechazado la convocatoria y han puesto en duda que la vivienda pueda ser el motivo de una huelga general. CEOE, Cepyme, Foment del Treball y Pimec han remarcado la dimensión política de la protesta. Detrás de esta discusión hay una cuestión más profunda: qué se considera hoy un conflicto laboral. Los sindicatos parten de la idea de que si el costo de la vivienda absorbe una parte creciente de los salarios, el acceso a un piso también afecta directamente las condiciones de vida de los trabajadores. La patronal defiende una concepción más estricta de las reivindicaciones propias de una huelga. A modo de ejemplo, el presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, lanzó, en un acto con presencia del presidente Salvador Illa: «¿Ahora, huelga? ¿Huelga contra quién? ¿Contra el Gobierno? Ah no, ¿contra las empresas? Inmersas en una espiral de incremento de costos y disrupciones internacionales que dificultan cada día más su viabilidad y continuidad”.
En todo caso, el 11 de noviembre será una protesta sindical con una agenda propia, pero también una pieza indestricable del clima político que desembocará en las elecciones del 29-N.
