La industria cárnica catalana enfrenta cinco días de huelga en medio de una negociación laboral bloqueada y de una creciente tensión entre las empresas y las plantillas. La UGT denuncia que algunas compañías del sector están recurriendo a las amenazas y las presiones para intentar frenar el seguimiento de las movilizaciones convocadas entre el 9 y el 13 de noviembre. El sindicato alerta de estas prácticas a las puertas de una parada que puede afectar a una de las actividades industriales con más peso dentro de la economía agroalimentaria catalana.
La protesta, convocada por UGT-FICA y CCOO de Industria, es la respuesta al bloqueo de las negociaciones del convenio estatal de industrias cárnicas. Las dos organizaciones han llamado a la huelga a los cerca de 126.000 trabajadores del conjunto del Estado, entre operarios de mataderos, salas de despiece, fábricas de embutidos y servicios auxiliares de inspección veterinaria. La convocatoria se extenderá durante cinco jornadas consecutivas y coincidirá con la huelga general del 11 de noviembre.
En Cataluña, el impacto potencial es especialmente relevante. El sector emplea a unas 30.000 personas y concentra aproximadamente el 40% de la actividad cárnica de todo el Estado. Se trata de una industria con una fuerte implantación territorial, especialmente en las comarcas de Girona, Lleida, Osona y el Bages, donde los mataderos y las empresas de transformación tienen un peso destacado en la estructura productiva y en el empleo.
Una disputa por el reparto de los beneficios
El principal desacuerdo entre sindicatos y patronales es la revisión de las condiciones del convenio, que regula los derechos laborales de un sector con más de cuatro décadas de trayectoria negociadora. Los representantes de los trabajadores consideran insuficiente la propuesta empresarial y reclaman que los resultados económicos de las compañías tengan un reflejo más directo en las nóminas y en la calidad del empleo. En concreto, UGT y CCOO exigen un incremento salarial mínimo del 4% anual, con una cláusula de revisión vinculada al IPC, efectos retroactivos y abono de los atrasos. También quieren evitar que las subidas pactadas acaben absorbidas o compensadas por otros complementos y mejoras salariales que ya perciben los trabajadores.
La propuesta patronal queda por debajo de estas demandas. Las empresas plantean aumentos del 3,8% en 2026, del 2,5% en 2027 y del 2% en 2028, con una actualización vinculada al IPC limitada y sin efectos retroactivos. Además, rechazan reducir la jornada anual, otro de los grandes puntos de fricción. Actualmente, la jornada máxima del sector es de 1.748 horas anuales. Los sindicatos quieren rebajarla hasta las 1.712 horas y que los quince minutos de pausa del bocadillo se contabilicen como tiempo efectivo de trabajo. También reclaman que la jornada ordinaria no supere las nueve horas y una reducción de la flexibilidad horaria que pueden aplicar las empresas.
Pero el conflicto va más allá de los salarios. Las organizaciones sindicales denuncian los elevados ritmos de producción y reclaman más control sobre las cadenas de trabajo, mejoras en los permisos retribuidos, incrementos de los complementos de nocturnidad y nuevos mecanismos de protección de la salud laboral. También plantean mejoras en la jubilación parcial y en las condiciones de los trabajadores auxiliares de inspección veterinaria.
La mediación acaba sin acuerdo
La distancia entre las dos partes se hizo evidente en la reunión de mediación celebrada el 21 de octubre en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). UGT y CCOO acudieron con una contrapropuesta conjunta, pero lamentaron que las patronales mantuvieran la oferta presentada el 6 de octubre sin incorporar sus demandas. El encuentro terminó con la firma del acta sin acuerdo.
En este escenario de negociación atascada, la denuncia de presiones empresariales añade un nuevo frente al conflicto. La UGT acusa a empresas del sector de intentar condicionar la participación de los trabajadores en la huelga mediante amenazas, una situación que el sindicato considera especialmente grave en plena negociación del convenio. La convocatoria llega en un momento en que la industria cárnica debe gestionar el riesgo de una interrupción prolongada de la actividad. Cinco días de paros en los mataderos y las plantas de transformación pueden tener consecuencias sobre la cadena de suministro, el procesamiento de la carne y el abastecimiento de los mercados. Los sindicatos ya han advertido del riesgo de desabastecimiento si la movilización tiene un seguimiento amplio.
