Las ‘sillas de plata’ ya tienen el aval jurídico que necesitaban para formar parte de la nueva Ley de Cámaras que el Parlamento tramitará a partir del otoño. El Consejo de Garantías Estatutarias ha concluido que la proposición de ley se ajusta al Estatuto y a la Constitución también en los aspectos más controvertidos, entre los cuales está la reserva de vocalías para las grandes empresas que hacen las aportaciones económicas voluntarias más elevadas y que no tienen que pasar por las urnas para tener voto en el plenario de las cámaras.
El dictamen permite desbloquear una reforma que lleva más de una década pendiente y que el Parlamento había dejado en suspenso hace unas semanas después de que los Comuns y la CUP pidieran al Consejo de Garantías que examinara varios artículos de la norma. El principal conflicto se situaba precisamente en las ‘sillas de plata’. La resolución del Consejo valida este sistema, al considerar que la participación de las empresas con más aportación voluntaria en los órganos de gobierno de las Cámaras es compatible con el marco estatutario y constitucional. También avala la participación institucional de las Cámaras en la definición de políticas públicas que afectan la actividad empresarial, sin que esto excluya el papel que corresponde a los sindicatos y a las organizaciones empresariales más representativas.
De dos a diez vocalías
El dictamen llega después de que la Cámara de Comercio de Barcelona recuperara el debate sobre las ‘sillas de plata’ a las puertas de un nuevo ciclo electoral cameral a instancias de su presidente, Josep Santacreu, que de hecho, buscaba revertir un cambio impulsado por Eines de País en 2019. En julio, el pleno de la corporación aprobó ampliar de dos a diez las vocalías vinculadas a las aportaciones voluntarias. La medida supone elevar del 3,3% al 16,7% el peso de este tipo de representantes dentro del plenario. Con la votación ganada por el voto de calidad del presidente y con una brecha importante en la Cámara de Comercio de Barcelona por esta cuestión, el cambio tendrá una consecuencia directa sobre la composición de los órganos de gobierno: los vocales elegidos directamente en las urnas por las empresas pasan a representar una proporción menor del pleno, mientras aumenta el peso de las empresas que obtienen una vocalía por la vía de la aportación económica.
No se trata de un mecanismo nuevo. La Cámara de Barcelona ya había utilizado las ‘sillas de plata’ antes del cambio de gobierno de 2019. En aquel momento había catorce vocalías reservadas a las empresas aportantes. Eines de País las redujo posteriormente a dos, el mínimo previsto por la legislación estatal. El sistema se recuperó con la actual presidencia de Josep Santacreu y, en 2024, Criteria y el RACC ocuparon las dos vocalías reservadas, tras haber hecho las aportaciones más elevadas. En aquel momento, la cantidad mínima para acceder a una de estas vocalías era de 75.000 euros anuales.
Precisamente, la nueva ley dará cobertura catalana a este modelo y establece el marco para que las Cámaras puedan incorporar representantes vinculados a las aportaciones voluntarias dentro de sus órganos de gobierno.
Una disputa sobre representación
El debate que ha llegado al Consejo de Garantías no se centraba en si las empresas pueden hacer aportaciones a las Cámaras, sino en las consecuencias representativas de estas aportaciones. Comuns y CUP consideraban que reservar vocalías a los principales contribuyentes podía alterar el equilibrio de representación de las corporaciones y reforzar el peso de las grandes empresas en las decisiones de las Cámaras. Pero la resolución del Consejo avala que esta participación diferenciada pueda formar parte del sistema cameral. Esto no significa que las empresas aportantes pasen a controlar los plenarios directamente, porque los vocales elegidos por sufragio empresarial continúan siendo la parte principal de la composición. Pero sí consolida un modelo en el que la representación dentro de la Cámara puede provenir de dos vías diferentes: la elección de los representantes por parte de las empresas y la aportación económica voluntaria. Un modelo que los críticos consideran que desvirtúa la democracia en las Cámaras. Es esta combinación la que ha convertido las ‘sillas de plata’ en el principal elemento de conflicto de la reforma tras años de negociación.
La ley, más cerca de la aprobación
Con el dictamen del Consejo de Garantías, desaparece el obstáculo que había impedido aprobar la ley antes de la pausa parlamentaria del verano. La norma está impulsada por PSC-Units, Junts, ERC y PP, mientras que los Comuns y la CUP han sido los principales grupos críticos con el sistema de representación asociado a las aportaciones económicas. La reforma pretende actualizar el marco legal de las Cámaras catalanas, que arrastran una normativa pendiente de renovación desde hace más de una década. De hecho, ahora mismo Cataluña continúa rigiéndose por una ley aprobada en el año 2002, a pesar de que el Estado reformó la normativa básica de las cámaras de comercio en 2014. Desde entonces, las trece cámaras catalanas han reclamado una adaptación legislativa que definiera con más precisión sus funciones, su sistema de financiación y su estructura de gobierno.
Aunque el mecanismo es jurídicamente compatible con el Estatuto, el debate sobre el peso que deben tener las grandes empresas dentro de las Cámaras continuará formando parte de la discusión política y empresarial. Y llega en un momento especialmente sensible: las próximas elecciones camerales se celebrarán en 2027 y la composición del pleno será determinante para configurar las mayorías de gobierno y el nuevo mapa de poder de las Cámaras catalanas.
