Plataforma Educativa es la entidad que integra las organizaciones implicadas en el caso DGAIA, como la Fundació Resilis y la Fundació Mercè Fontanilles. De hecho, es una gran estructura que aglutina servicios concertados con el Departamento de Derechos Sociales para atender a los menores tutelados y extutelados del caso investigado por la Oficina Antifraude y por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tras las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas. Un informe que se encuentra en análisis en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona a raíz de una querella presentada por la asociación Guardianes de la Inocencia. Plataforma Educativa es, además, la entidad que encargó una auditoría interna con la cual, como publicó El Món, culpaba al Gobierno del desorden en la fiscalización de las ayudas denunciadas por la Sindicatura.
Pero no es la primera vez que Plataforma Educativa es investigada por cómo utiliza los recursos públicos. Así lo acredita un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF), al que ha tenido acceso El Món, sobre las subvenciones que la entidad había recibido del departamento de Exteriores y Cooperación de la Diputación de Barcelona. El atestado, de 33 páginas, describe lo que, a juicio de la policía, eran «actividades delictivas» de la fundación con las subvenciones. El informe fue parte de las profusas diligencias de la operación Estela del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que la Audiencia ordenó archivar tras una procelosa investigación del magistrado Joaquín Aguirre.
De hecho, la investigación de la UDEF se topó con el mismo juez instructor cuando pasó la causa a la policía judicial de la Guardia Civil, en manos del entonces teniente Daniel Baena, que los agentes de la Policía Nacional consideraban que malgastaría el trabajo realizado. La UDEF señalaba presuntas irregularidades en la concesión de las ayudas públicas y el magistrado las quería mezclar con la financiación del Proceso en el exterior. El informe de la UDEF analizaba una subvención a la fundación, dirigida entonces por Jordi Pascual, quien ha comparecido dos veces en el Parlamento, para un proyecto en Marruecos que, para la policía, no se justificó ni tenía actividades «lo suficientemente tangibles» y que «no habría alcanzado el objetivo marcado en la planificación».
Una incubadora de emprendedores en Marruecos
Los analistas de la policía analizaron una subvención al proyecto bautizado como Incuba – Marruecos – Incubadora de Empresas Innovadoras y Creativas. La convocatoria se aprobó el 28 de junio de 2012 y, el 12 de septiembre, Plataforma Educativa, a través del entonces director general de la entidad, Jordi Pascual, concurrió. El proyecto tenía como objetivo «ofrecer un espacio de crecimiento controlado para que emprendedores, especialmente jóvenes y mujeres, pudieran construir su propia empresa o negocio de la mano de una empresa catalana, hacerlo
duradero en el tiempo y promover el desarrollo humano sostenible del territorio».
Según la memoria técnica del expediente, el proyecto tenía dos razones básicas. En primer lugar, «consolidar el trabajo conjunto entre los miembros del partenariado, y crear una metodología aplicable de larga duración entre empresarios de Tordera y alrededores, y empresas de nueva creación en Marruecos». Y, en segundo lugar, «ofrecer una formación de calidad a emprendedores con capacidad de hacer posible su empresa con un año de acompañamiento intensivo».
Con la fundación Plataforma Educativa como cabeza del proyecto, se establecían socios cooperantes: el Ayuntamiento de Tordera –entonces con alcalde, ahora de Junts, Joan Carles Garcia Cañizares–, entidades marroquíes en Cataluña y en Marruecos y una empresa de bidones, BIDONES JP GARCÍA S.L., que despertó las sospechas de la policía. De hecho, en las conclusiones del informe, el inspector jefe de grupo de la UDEF, con el número de TIP 85.972, afirmaba que «no queda claro el papel que juega la mercantil BIDONES JP GARCÍA S.L.10 como socio del partenariado y cuya carta de compromiso se incluye en la solicitud de la subvención, dado que en el expediente no se incluye ninguna fuente de verificación que deje constancia de su participación en el desarrollo de las actividades ejecutadas».
67.391 euros
El presupuesto inicial del proyecto fue de 106.346.47 euros, pero Plataforma Educativa solicitaba un importe subvencionable de 74.647,97 euros, y el resto del importe correspondía a aportaciones propias (20.698,50€) y del resto de socios del partenariado (11.000€). Finalmente, la Diputación otorgó 67.391 euros. La policía destaca que la comisión que aprobó la subvención estaba integrada, entre otros, por el alcalde de Tordera –entonces diputado provincial–, cuando el Ayuntamiento era socio del proyecto.
Ahora bien, a la vista de la subvención, Plataforma Educativa modificó a la baja el presupuesto inicial y lo recalculó a 96.442.89 euros. Unos números que vuelven a despertar la curiosidad de los investigadores que afirman: «Llama la atención que manteniendo exactamente las mismas actividades, varíen significativamente el importe destinado para adaptarlo a la cantidad adjudicada». Aun así, el 19 de diciembre de 2012, solo tres meses después, la Diputación ingresó el primer pago, de 40.434,60 euros en una cuenta del Banc Sabadell, de la cual era titular la fundación y constaban como autorizados Jordi Pascual, Ricard Calvo -exdirector de la DGAIA- y Pilar Bosch, histórica de la fundación y de entidades como Resilis, integrada en Plataforma Educativa.
La fundación debía presentar la primera justificación parcial de la subvención el 30 de octubre de 2013, pero no se presentó hasta el 5 de noviembre, y presentó documentación para justificar 35.918,45 euros. La «primera comprobación formal» concluyó que la «justificación no cumple los requisitos formales». La resolución de la Diputación advertía que faltaban números de NIF en recibos de pagos, «comprobantes que no correspondían con los importes o las fechas» o bien que no se indicaba el tipo de moneda con que se había hecho el gasto. La entidad respondió con nuevas explicaciones, pero una segunda «comprobación formal» volvió a concluir que «no cumplía los requisitos formales». Una tercera resolución de la Diputación insistió de nuevo en «el incumplimiento de los requisitos formales» de comprobación.
Más requerimientos
El dos de abril de 2014, la Diputación envió un «requerimiento formal» a la fundación para justificar el primer pago de la subvención tras el fiasco de las tres anteriores. Será en la cuarta que la Diputación da por buena la justificación formal y pagan, a la misma cuenta, 20.217,30 euros. Ahora bien, entra en juego la «justificación material»· El 30 de septiembre de 2014 se acaba el plazo para presentar la justificación definitiva de 31.084.80 euros del 30 de abril del mismo año.
Unos correos entre los responsables de la Diputación y los de la fundación destapan que «no les consta que hayan presentado la justificación final del proyecto a través del registro general de la Diputación de Barcelona». Además, inciden en que el sello de entrada de la justificación «no vale». Los técnicos de la Diputación aseguran que lo hablarán en una reunión con el responsable del servicio de Cooperación y al final, la fundación presenta la justificación el tres de noviembre de 2014.
El 12 de diciembre de 2014 se lleva a cabo una «comprobación material final del proyecto que concluye que no se consideran los gastos imputados subvencionables desde el punto de vista material». Además, la resolución aportada por la policía destaca que «no se puede evaluar la ejecución por falta de documentación acreditativa». Desde la Diputación no ven claros gastos, entre otros, de «comidas con 13 personas» o «el uso del vehículo de Pascual». La policía detecta nuevos correos donde los técnicos de la Diputación asesoran a Plataforma Educativa sobre cómo deben «hacer las correcciones». Un indicio con el que, para la policía, «queda patente la existencia de una comunicación informal entre la fundación y la Oficina de Cooperación al Desarrollo» para justificar las subvenciones antes de las resoluciones definitivas.
Tres comprobaciones finales
La Diputación llevó a cabo hasta tres comprobaciones finales. Las dos primeras concluían que había gastos que no se podían subvencionar porque faltaba acreditar gastos o facturas pendientes de la Fundación Resilis, integrada en Plataforma Educativa, o por el desajuste entre los gastos y la justificación. En las tres resoluciones, la Diputación advertía que «la suma de los totales justificados en la justificación parcial y la final no coinciden con la subvención otorgada».
No será hasta el 23 de julio de 2015 que se aprueba definitivamente el pago final, solo pendiente de justificar una factura de Resilis. En septiembre del mismo año, la Intervención General de la Diputación vuelve a revisar el expediente y vuelve a reclamar facturas no suficientemente justificadas. La Fundación Plataforma Educativa renuncia a 2.135,80 euros. Aun así, se vuelve a hacer una cuarta comprobación final de la subvención para liquidar todo el importe de la subvención, un remanente pendiente de 5.540,67 euros. Una comprobación que se lleva a cabo en una reunión entre la dirección técnica de la Diputación y la de la fundación.
«Posibles actividades delictivas»
Las conclusiones de los analistas de la UDEF son bastante contundentes. En primer lugar, resaltan que el expediente está confeccionado de manera desordenada, sin un orden lógico en su estructuración, dando lugar a que la documentación presentada en respuesta a los diferentes requerimientos realizados por la Diputación se encuentren mezclados entre sí, de manera que hace muy difícil establecer un orden cronológico». También destacan que «los resultados son poco tangibles y faltan fuentes de verificación que acrediten la realización de las actividades, como actas de reuniones, programa formativo, información sobre las empresas incubadas».
Por otro lado, alertan que «no se habría alcanzado el objetivo marcado en la planificación, en que se preveía que al menos 10 emprendedores se encontraran en situación de iniciar su empresa». «Cabe señalar que la participación de la Fundación Resilis en el proyecto no queda suficientemente clara», resaltan, a pesar de la facturación interna de Resilis a Plataforma Educativa. La policía avisó al juez que aunque las irregularidades estas se resolvieron en «reuniones» con el departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación. Por todo ello, la UDEF llegó a la conclusión de que todos estos «hechos podrían suponer la comisión de actividades delictivas; hace falta finalizar con el análisis de todos los expedientes para poder comunicar a su señoría la implicación concreta de cada persona investigada». Sin embargo, como parte de una instrucción más amplia dirigida de manera peculiar por el juez Aguirre, todo ello se archivó por orden de la Audiencia de Barcelona sin acabar de aclararse.
