El Govern tendrá que impedir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado utilicen pelotas de goma en sus actuaciones en Cataluña si vuelven a enviar a los antidisturbios, como pasó ahora hace cuatro años, durante las protestas contra la sentencia del Proceso. Así de claro lo ha dejado, diez años después de la prohibición, el Parlamento de Cataluña al Departamento de Interior. Ha sido a través de una resolución parlamentaria publicada este 28 de noviembre. Un texto impulsado por Junts per Catalunya que ha tenido el apoyo de ERC y de los Comuns y que recuerda y reivindica que la única «autoridad gubernativa en orden público en Cataluña» es la que depende de la Generalitat, es decir, el Departamento de Interior.
La resolución 867/XIV muestra que las policías del Estado no actuaron de acuerdo y respecto al régimen de competencias del Estatuto durante el Primero de Octubre y durante las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo del Proceso, en octubre del 2019. En ambos casos, la autoridad gubernativa era la Generalitat y, por lo tanto, el Govern, a través del Departamento de Interior y de la Dirección General de la Policía, tendría que haber impedido o prohibido el uso de pelotas de goma en los cuerpos estatales, igual que no las pueden usar los Mossos.
Una decisión que tenía que tomar en aplicación de la prohibición de esta munición que el pleno del Parlamento votó el 18 de diciembre del 2013, a raíz de las conclusiones de la histórica comisión de estudio de los modelos de seguridad y orden público y del uso de material antidisturbios en acontecimientos de masas. Precisamente, esta resolución llega la misma semana que el departamento que dirige el consejero Joan Ignasi Elena anunciaba que los Mossos retiraban de su polvorín los proyectiles viscoelásticos de largo alcance, conocidos como
«Imponer» los protocolos de los Mossos también al CNP y la Guardia Civil
El texto de la resolución se aprobó en el marco del debate sobre la seguridad, reclamado por el PSC-Unidos para Avanzar, que se celebró en el Parlamento el pasado 7 y 9 de noviembre. El mensaje aprobado, y ya publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, es bastante concluyente. Así, afirma que la cámara catalana «insta al Govern a imponer, cuando se ordene la disolución de una manifestación o una concentración —en el marco de sus competencias, dado que en materia de orden público la autoridad gubernativa en Cataluña es única y corresponde al Departamento de Interior—, los criterios, los protocolos y las pautas de intervención de la policía de la Generalitat Mossos d’Esquadra, como policía integral y ordinaria de Cataluña, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervengan en funciones de orden público, siguiendo en la ejecución de la orden los criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad».
Un largo párrafo que sintetiza las condiciones y deja claro quién es el responsable de la competencia de seguridad y orden público en Cataluña, que atendiendo el artículo 164 del Estatuto corresponde a la Generalitat. La idea de esta resolución es subrayar que la autoridad gubernativa tiene capacidad para prohibir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando disuelven una manifestación en Cataluña, hagan uso de pelotas de goma. Y también, para establecer las condiciones en las que se tiene que ejecutar esta orden de disolución. De hecho, desde Interior y como ya se recordaba durante la primera etapa de la gestión de consejero Miquel Buch, con Andreu Joan Martínez de director general de la Policía, la autoridad gubernativa tiene el rol fundamental de acordar la disolución de una manifestación, porque no es una decisión policial, y de marcar los criterios con que se tiene que ejecutar esta orden, sin entrar en detalles operativos.
Los CECOR, decisivos
La resolución aprobada por la cámara topa con las decisiones que se han tomado en orden público en dos grandes momentos de disturbios públicos. En este sentido, hay que recordar el uno de octubre del 2017, día del referéndum sobre la independencia, en que las Unidades de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía dispararon pelotas de goma y vaciaron un ojo a Roger Español. Un caso que se encuentra pendiente de juicio. De hecho, las Unidades de Reserva y Seguridad, los antidisturbios de la Guardia Civil, también llevaban este tipo de armamento. En una segunda tanda de grandes protestas, por la sentencia del Proceso, las pelotas de goma fueron verdaderas protagonistas. El comisario jefe de las UIP durante la batalla de Urquinaona, José Miguel Ruiz Iguzquiza, incluso presumió de que sus agentes habían disparado hasta 7.000 de estos proyectiles. En este marco, un chico perdió un ojo en las protestas del aeropuerto del Prat.
En todos estos operativos estaba en marcha un Cecor, Centro de Coordinación Policial, donde se encuentran los mandos policiales y jefes de los operativos, así como la autoridad gubernativa, que es quien ordena la dispersión o no de una protesta, si se tienen que producir cargas y si se dispara o no. Por lo tanto, en los dos dispositivos, el director general de la Policía –Pere Soler el uno de octubre y Pere Ferrer durante las protestas del 2019– tenía plena potestad para prohibir expresamente que las policías españolas dispararan balas de goma. Soler no asistió al CECOR porque los propios Mossos pidieron que no estuviera, de ahí que si es que había alguna autoridad, ésta habría sido Diego Pérez de los Cobos. En cambio, el que pasó en la hora de la verdad fue que, en el curso de las manifestaciones por la sentencia, los agentes Mossos d’Esquadra desplegados en las calles, que no tenían pelotas de goma –a pesar de que sí que tenían lanzadoras de proyectiles de foam de los dos tipos, el que se retira ahora y el más
Ahora ya no hay ningún tipo de margen, porque el Parlamento, con los votos de los diputados que apoyan al Govern, han dejado muy claro y establecido que es la Generalitat quien tiene la potestad única en los dispositivos de orden público. «Es un pronunciamiento explícito», enfatizan fuentes parlamentarias responsables de la negociación del texto. «Por primera vez, se dice abiertamente que autoridad gubernativa en materia de derecho de reunión y manifestación solo hay una y es la Generalitat», añaden las mismas fuentes.
El orden público y la tensión política
El debate sobre el uso de las pelotas de goma viene de lejos. El año 2013, el Parlamento de Cataluña tomaba una decisión inédita, retiraba las balas de goma del arsenal de los Mossos d’Esquadra. Una situación generada por el caso Ester Quintana, que perdió un ojo en las protestas de la huelga general del 2012: así quedó establecido judicialmente, a pesar de que un informe de los Mossos advertía de que había sido a causa del foam. Fuera como fuera, lo que se prohibió fueron las pelotas de goma clásicas como arma de dispersión en Cataluña, no solo en los Mossos. La decisión llegó después de un año de trabajos de la comisión de estudio de los modelos de seguridad y orden público y del uso de material antidisturbios en acontecimientos de masas. Un material que se sustituía por los proyectiles viscoelásticos, los de foam, que ahora también se han limitado, a raíz de las conclusiones de una nueva Comisión sobre el Modelo de Seguridad, que terminó el trabajo el pasado mes de diciembre.
El uso de las pelotas de goma, una vez prohibidas por el Parlamento, saltó de nuevo a la palestra por el uso que hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. En un momento de máxima tensión política entre Madrid y Barcelona, las interpretaciones que justificaban el uso se basaban en el hecho que se consideraba que solo se habían vetado en los Mossos. Una interpretación restrictiva de la prohibición que en realidad no se correspondía con aquello que se aprobó el 2013. Ahora el Parlamento lo ha aclarado, al establecer y subrayar que la Generalitat es la única autoridad gubernativa en orden público y que tiene plena potestad para prohibir el uso de pelotas de goma a cualquier policía que actúe en Cataluña en estas situaciones.
