Curioso juicio el que tiene previsto celebrar la sección séptima de la Audiencia de Barcelona el próximo 9 de enero. Es el caso de una agente de los Mossos d’Esquadra acusada por el ministerio fiscal de falsear su currículum. En concreto, su nivel de certificación de conocimiento del catalán. Según los indicios que la fiscalía ha obtenido del sumario del caso investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilafranca del Penedès, la agente, además presuntamente de haber falsificado el certificado de C2 de catalán, lo introdujo en su perfil corporativo de la Policía de la Generalitat.

Según el relato de la fiscal del caso, la agente habría cometido un delito de falsedad en documento oficial, del artículo 392 del Código Penal. Un delito por el cual se pide una condena de un año y nueve meses de prisión, así como una multa de 2.700 euros. La investigación la llevaron a cabo dos mossos d’esquadra de la División de Asuntos Internos que están citados a declarar, así como tres policías más que compartían comisaría con la acusada.

Una placa identificativa dels Mossos d'Esquadra/Interior
Una placa identificativa dels Mossos d’Esquadra/Interior

Un C2 falso

El escrito de acusación detalla que a las tres menos cuarto de la tarde, del 13 de septiembre de 2020, la agente accedió a través de un terminal del Área Básica Policial de Vilafranca del Penedès, a su perfil de usuaria «personal e intransferible» en la intranet corporativa de la Dirección General de la Policía. Según enfatiza el escrito de calificación, la mossa d’esquadra «con ánimo de alterar la verdad genuina y conociendo su falsedad, efectuó una solicitud para introducir un título de C2 de catalán falso».

El documento, a juicio de la fiscalía, tenía un número de registro con su nombre y apellidos. Un documento que «la misma acusada o un tercero, a su solicitud, había elaborado por sí misma o por tercera persona para hacerlo pasar como legítimo». El número de registro pertenecía a otra persona. De momento, la fiscalía no ha solicitado el agravante de cargo de funcionario público que se podría añadir al delito imputado.

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