La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al teniente general Pedro Vázquez Jarava en el marco del conocido como caso Cuarteles. Un caso de corrupción dentro del instituto armado que se abrió en 2017, que instruyó el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y en el cual también ha sido condenado el empresario de rehabilitación de inmuebles Ángel Ramón Tejera de León, alias Món. Ambos condenados por delitos de soborno relacionados con la contratación de obras de mejora y rehabilitación de cuarteles mediante la aplicación de corcho proyectado. El tribunal impone las penas de condena sobre la base del veredicto de culpabilidad expresado por el jurado popular que juzgó el caso.
La sentencia considera probado que el teniente general -los galones más preciados de los uniformados- recibió dinero en efectivo, viajes, entradas para partidos de la Champions y otros beneficios pagados por el empresario tras promover la contratación de sus sociedades para hacer trabajos en varias comandancias. En concreto, el veredicto impone al teniente general un año de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tres años de suspensión de empleo y cargo público por un delito de soborno pasivo del artículo 422 del Código Penal.
En cuanto al empresario, se le impone también un año de prisión y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por un delito de sufragio activo del artículo 424 del Código Penal. Además, tanto el empresario como las mercantiles Canarycork SL Angrasurcor SL y Solocorcho SL quedan inhabilitados durante nueve años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con entidades del sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social. Siguiendo el criterio establecido por el veredicto del jurado, el tribunal se pronuncia en contra de la suspensión de las penas mediante la remisión condicional y de la concesión de un eventual indulto. De todos modos, la sentencia no es firme y se puede recurrir en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Los amigos, para las ocasiones
El caso nació en el marco del caso Tito Berni o Mediador, sobre una presunta trama de corrupción y sobornos a través de adjudicaciones y ayudas públicas. La derivada del caso Cuarteles comenzó a raíz de una investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que elaboró un borrador para la fiscalía sobre posibles irregularidades de obras de reforma en cuarteles del instituto armado, hasta que una larga instrucción detectó las irregularidades ahora condenadas. Según el relato de la sentencia, el mando ahora condenado, fue el subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil entre 2016 y 2017. Por tanto, era el responsable de la dirección, coordinación y gestión de recursos financieros y de la política de recursos materiales. Entre sus tareas tenía la descentralización de los créditos y los gastos para atender las necesidades de las unidades territoriales del instituto armado. En definitiva, podía destinar dinero a reformas y obras en cuarteles e instalaciones.
Esta capacidad para convencer a las comandancias fue una alfombra roja para dar trabajo al también condenado Ángel Ramón Tejera, contratista de obras y reformas, especializado en el corcho proyectado. Es decir, una técnica entonces nueva que se presentaba como una especie de solución mágica para las humedades. Diferentes comandancias, después de que el teniente general les presentara a Tejera, aceptaron hacer las reformas a través de las empresas del contratista. En concreto, en Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, en Murcia y en la misma Prefectura de Asuntos Económicos. Pero la instrucción y la resolución judicial también constatan comunicaciones cruzadas con otras comandancias donde el binomio Vázquez-Tejera ofrecía sus servicios.
En resumen, las tres sociedades de Tejera facturaron solo entre noviembre y diciembre de 2016 un total de 1.382.873,52 euros por trabajos destinados a la Guardia Civil. Además, durante el juicio, tal como destaca la sentencia, se acreditó que muchas de las obras contratadas se ejecutaron de manera «inadecuada». De hecho, los informes periciales detectaron deficiencias y trabajos que no se realizaron y el mismo empresario, admitió durante la vista oral que no aplicaba correctamente la técnica del corcho proyectado de la que tanto se jactaba.
Champions, piscinas y viajes
Siguiendo el hilo de la resolución, entre los beneficios que habría obtenido el teniente general se cuentan un viaje a Milán, del 26 al 29 de mayo de 2016, para asistir a una final de la Liga de Campeones de fútbol, por un importe de 1.950,70 euros y otro viaje a Cardiff en junio de 2017 para asistir a otra final de Champions, esta vez con su hijo y un amigo, con un costo de 1.410,66 euros. La sentencia también añade dos viajes del mando con su esposa a Cádiz; un viaje a Lanzarote por Navidad para el hijo del comandante y un acompañante -el teniente general declinó la invitación- y una cubierta para la piscina de la vivienda del teniente general en Alpedrete, por valor de 1.650 euros. A todo esto se añade la entrega de dinero en efectivo. Concretamente, 15.000 euros entre el 4 y el 7 de noviembre de 2016; 10.000 euros entre el 7 y el 10 de noviembre; y 9.700 euros durante el fin de semana del 12 de noviembre. Cantidades que el tribunal resalta que fueron ingresadas en las cuentas corrientes del teniente general.
El jurado entendió, después de la práctica de la prueba, que la coincidencia temporal entre las retiradas de efectivo realizadas por el empresario y los ingresos posteriores efectuados por el alto mando, así como en los almuerzos y los encuentros que ambos mantuvieron durante esos días evidencian la relación de las comisiones con las obras proporcionadas por el teniente general. La Sala descarta que el dinero respondiera a supuestas «compensaciones por pagos anteriores» del teniente general, al no haber aportado documentación ni otras pruebas que acreditaran esta explicación. De hecho, era una línea de defensa para justificar los ingresos que se vio absolutamente debilitada por falta de prueba.
La resolución remarca que todo lo que recibió el teniente general no eran «simples obsequios derivados de una relación de amistad, sino de beneficios concedidos por un empresario interesado en obtener contratos de la Administración». Un empresario que había sido recomendado por el mismo mando para ejecutar trabajos en instalaciones de la Guardia Civil. En este sentido, la resolución considera acreditado el nexo entre el interés empresarial del contratista, la intervención del responsable público en la promoción de sus empresas y los regalos y las cantidades de dinero que recibía el teniente general. Al fin y al cabo, el empresario conocía la condición y las tareas del guardia civil y el mando las labores del contratista. Uno sabía del otro, en tanto que uno podía ofrecer el servicio y el otro tenía una posición con suficiente capacidad de influencia para conseguir los contratos de reforma.
