La tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, ha convertido este miércoles en una jornada de duelo e incertidumbre, pero también en un punto de inflexión para la confianza en la alta velocidad española. El choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ha dejado al menos 68 muertos y 107 personas heridas hospitalizadas en Castilla-La Mancha, según los últimos datos disponibles. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los restos de los convoyes, el cuestionamiento de la red ferroviaria es cada vez mayor y ya no se limita a un tramo o línea concretos, sino a la totalidad del sistema. Esta nueva tragedia, que se suma a la de Adamuz -que en enero de este año ya dejó 46 muertos-, vuelve a abrir el debate sobre la seguridad y viabilidad de uno de los grandes emblemas de las infraestructuras del Estado.
La desconfianza ya se ha hecho visible en las estaciones. En Barcelona, los pasajeros de Sants han afrontado la jornada con inquietud y resignación ante las cancelaciones y las alteraciones del servicio. «Es muy preocupante, pero aquí me tienes, viajando en tren», explicaba una viajera que se dirigía a Pamplona. Un estudiante de Toledo que había llegado a Barcelona desde Madrid, manifestaba también su inquietud: «Antes era muy fácil, cogías un tren y no lo pensabas dos veces; ahora no sabes si serás el próximo». El mismo clima de desconfianza se ha visto en otras estaciones del Estado como Atocha, en Madrid, donde los viajeros admitían su temor a subir a los trenes a medida que aparecían las imágenes y se conocían los detalles del siniestro. Pero esta inquietud no afecta solo al corredor andaluz. La demanda de una revisión de toda la red ferroviaria española ha ganado fuerza en el debate político a lo largo de la jornada, con una coincidencia especialmente significativa respecto a los discursos y demandas que han hecho el PP y el Frente Amplio.
Las causas de un siniestro «inexplicable», pendientes de aclarar
Las primeras explicaciones sobre las causas del siniestro apuntan a una falla del sistema de señalización LZB, que ha provocado la parada automática de seis trenes a lo largo de unos 69 kilómetros de la línea de alta velocidad. Según la reconstrucción expuesta por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el sistema falló hacia las 8.32 h. Cuatro minutos después, el centro de control de Adif en Atocha autorizaba la reanudación de la circulación en «marcha normal», una decisión que no se ajusta a los protocolos para estas situaciones, que prevén reanudar la marcha con circulación «a la vista» y a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Sin embargo, el centro de control autorizó al AVE circular con normalidad a pesar de que el sistema indicaba que el Iryo continuaba parado en la vía. A una velocidad de unos 200 kilómetros por hora, el AVE acabó embistiendo por detrás al Iryo, y varios vagones de ambos trenes descarrilaron.
Una de las novedades que han trascendido durante la tarde es que el tren de Iryo aún no había recibido instrucciones del centro de control para reanudar la marcha cuando se produjo la colisión. De hecho, la maquinista aún estaba hablando con Atocha. En cambio, el tren de Renfe sí había recibido la orden de continuar circulando con normalidad. Puente ha calificado de «inexplicables» las decisiones adoptadas en el centro de control y ha admitido que aún no se sabe con precisión qué ha pasado durante los 17 minutos transcurridos entre la orden de salida del AVE y la colisión. Según el ministro, uno de los maquinistas de los trenes parados advirtió que no se podía reanudar la circulación en esas condiciones, pero, por alguna razón, el aviso no evitó el desenlace en otro tren. Al final de la jornada, medios como Cadena SER han hecho públicos los audios de la conversación entre el maquinista del AVE accidentado y el centro de control y también la conversación entre la conductora del Iryo y Atocha.
La Guardia Civil ya ha interrogado al operador que regulaba el tráfico ferroviario y también ha tomado declaración a otras personas que estaban en el centro de control de Adif en Atocha. La investigación deberá determinar ahora si ha habido un error humano, una falla en los procedimientos u otros factores que hayan contribuido al siniestro. Puente ha defendido que el sistema ferroviario es seguro y que el LZB es una tecnología probada y confiable, aunque se encuentra en proceso de sustitución. También ha descartado, de momento, dimitir, situando como prioridad aclarar las causas del accidente.
Una petición de auditoría general que hace coincidir al PP y Frente Amplio
La dimensión política de la tragedia ha ido creciendo a lo largo del día. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha desplazado a la zona del accidente y ha prometido llegar «hasta el final» para aclarar sus causas. Ha asegurado que, si se confirman negligencias, se sabrá, y que si hay errores en los sistemas de seguridad se responderá con contundencia. Sánchez también ha hecho una breve autocrítica asumiendo que dos accidentes ferroviarios graves en un mismo año son «inaceptables».
Sin duda, uno de los hechos políticamente más relevantes es que la petición de revisar la seguridad ferroviaria ya no se circunscribe a este accidente ni al corredor entre Madrid y Andalucía. En una especie de entendimiento espontáneo e involuntario en medio de la avalancha de reacciones, tanto el PP de Alberto Núñez Feijóo como el Frente Amplio han coincidido en el diagnóstico y han reclamado una auditoría para revisar la totalidad de la red. Feijóo ha exigido una investigación del gobierno español y otra judicial, ambas «completas e independientes». El líder del PP quiere saber en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, qué advertencias se recibieron a raíz del accidente de Adamuz y qué medidas se adoptaron. El Frente Amplio, por su parte, ha reclamado una auditoría independiente de la red ferroviaria y de los servicios asociados, y ha exigido que se asuman responsabilidades políticas «a todos los niveles», calificando de inadmisible que se produzcan dos accidentes tan graves de alta velocidad en un mismo año.
El resto de reacciones también han reflejado la gravedad del momento. Vox ha presentado una querella contra responsables de Adif por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones, y su líder, Santiago Abascal, ha pedido en un acto en Valladolid desconfiar de las explicaciones oficiales antes de las elecciones del 29-N. Vox, de hecho, ha sido la única formación que ha mantenido la agenda de precampaña durante toda la jornada. Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno (PP) ha reclamado una revisión inmediata de las vías del país, especialmente de la línea que conecta con Madrid. Y la expresidenta socialista Susana Díaz ha expresado con notable vehemencia su indignación por los hechos y la necesidad de depurar responsabilidades. En Cataluña, el presidente Salvador Illa ha encabezado el minuto de silencio celebrado a las ocho de la tarde en la plaza de Sant Jaume, con la presencia del alcalde Jaume Collboni, el presidente del Parlament, Josep Rull, consejeros y representantes de los grupos municipales. El metro y los autobuses de Barcelona también han detenido el servicio durante un minuto en señal de duelo.
Mientras los trabajos de rescate aún continúan en el lugar del siniestro, Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta diciembre, aunque el servicio se reanudará si Adif autoriza antes la apertura. Ouigo también ha suspendido los trenes del corredor al menos hasta el 2 de noviembre. Según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el recuento de víctimas mortales podría aumentar a medida que se muevan los convoyes. Entre las personas desaparecidas se encuentra la exministra de Trabajo del PP Fátima Báñez, de quien a esta hora aún no hay información confirmada sobre su paradero. La jornada termina, pues, con muchas preguntas sin respuesta, y con la confianza pública en el sistema ferroviario más erosionada que nunca.
