Los Mossos d’Esquadra tampoco ven claro el sistema de acogida a menores no acompañados en Cataluña. Así lo expresan en un documento aportado a la Comisión de Investigación de la Dirección de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) al que ha tenido acceso El Món. Un informe firmado por el inspector jefe del Área Central de Menores y de la División de Proximidad y Atención a las Víctimas que, en resumen, destaca como «elementos relevantes la necesidad de continuar avanzando en la coordinación interinstitucional, la adecuación de los recursos disponibles y los procedimientos de actuación, con el objetivo de favorecer una respuesta más coherente y eficaz ante situaciones de complejidad».
Con el informe, los policías han evitado comparecer personalmente ante los portavoces parlamentarios. Fuentes cercanas a la comisión aseguran que les incomodaba la vista porque podían ser sometidos a interrogatorios de los diputados. De hecho, cuando los comparecientes son citados como «expertos» tienen la posibilidad de responder por escrito, aunque los agentes de los Mossos d’Esquadra, como policía gubernamental, como apuntan los diputados, deberían tener la deferencia de asistir a la sesión. De la misma manera, el presidente de la comisión, Jordi Riba, también ha expresado a los portavoces que la Fiscalía de Menores, que tiene un papel importantísimo en el ámbito en el que actúa la DGAIA, no solo ha declinado asistir a la sesión, sino que, además, no ha hecho ninguna aportación documental.
En todo caso, el documento de los Mossos esboza en solo cinco páginas «elementos de análisis» a raíz de «la experiencia operativa acumulada». Los Mossos describen la evolución en el ámbito de la protección y prevención de los menores y hacen «recomendaciones de mejora». Asimismo, alertan de la capacidad de recursos «limitada» para atender la llegada de menores no acompañados y, sobre todo, expresan su preocupación por lo que llaman «adecuación de los recursos residenciales especializados ante el incremento de casos de trastornos de la conducta». Especialmente, piden cambios y mejoras allí donde tienen un papel más importante, la primera acogida de los menores que después se destinarán a los centros especializados.
«Un fenómeno que no es nuevo»
El informe del inspector contextualiza que «el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados (MENA) no es nuevo en nuestro territorio ni tampoco desconocido para los Mossos d’Esquadra». Sin embargo, remarca que «asimismo, el incremento notable de llegadas registrado a partir del año 2017 tensionó, en determinados momentos, la capacidad de respuesta del conjunto del sistema de atención». Una presión que, según detalla, se «manifestó especialmente en la fase inicial de acogida, en la que la disponibilidad de recursos resultó, en determinados momentos, insuficiente para garantizar una respuesta inmediata y adecuada».
«Como consecuencia, se produjeron situaciones en las que los menores debían permanecer temporalmente en dependencias no específicamente diseñadas para su atención, en espera de derivación, en condiciones alejadas de los estándares propios de un sistema de protección», remarca el texto. De hecho, el inspector recuerda los casos en los que los menores que llegaban dormían en las comisarías, situación que generó fricciones entre el Departamento de Interior y la consejería de Derechos Sociales. Un fenómeno que incluso fue investigado por la fiscalía de menores a raíz de una denuncia del sindicato policial Sap-Fepol.
Precisamente, a raíz de este contexto la policía recuerda que se desplegó, a partir de agosto de 2019, el Dispositivo de Atención Inmediata (DAI) en la demarcación de Barcelona. Un dispositivo que, por otro lado, requirió las contrataciones de emergencia por parte del Gobierno que fueron objeto de crítica de la Sindicatura de Cuentas en su informe de abril de 2024. Este DAI tenía la «finalidad de garantizar una primera atención integral y reducir el tiempo de permanencia de los menores en dependencias no adecuadas». Aunque admiten que «su implementación ha contribuido de manera significativa a mejorar la gestión de esta fase inicial», se han encontrado que «la persistencia del fenómeno y la existencia de períodos con incrementos puntuales de llegadas continúan generando, ocasionalmente, tensiones sobre los recursos disponibles, incluyendo situaciones de sobreocupación en el mismo dispositivo».
Las consideraciones
A criterio de los policías, y a la «vista de la experiencia acumulada, se pone de manifiesto la importancia de disponer de mecanismos estables y dimensionados adecuadamente para garantizar una respuesta ágil y adecuada en la primera acogida de los menores». Una constatación que piden arreglar y mejorar muchas cosas. En este sentido, aseguran que «a fin de paliar esta situación, se considera adecuado estudiar medidas orientadas a analizar la evolución del dispositivo de atención inmediata y su adecuación a las necesidades detectadas».
También reclaman exportar el DAI fuera de las comarcas de Barcelona, aunque la ciudad sea el punto de llegada de los jóvenes que deberán ser tutelados y luego extutelados. Por tanto, proponen «valorar la posible conveniencia de disponer de recursos similares en otros territorios en función de la presión asistencial y de los flujos de llegada». Para llevarlo a cabo, interpretan que se deberían analizar diversos factores como «la evolución de los flujos migratorios, la capacidad de los recursos existentes y los tiempos de espera en la derivación, con el objetivo de garantizar una respuesta equilibrada, flexible y adecuada a las necesidades detectadas».
Alerta por los recursos residenciales
Otro de los puntos fuertes del informe radica en otra de las funciones más habituales de los Mossos d’Esquadra, atender situaciones de riesgo sociales o violentas donde se encuentran implicados menores de edad. Un hecho que relacionan con lo que llaman «el incremento de casos de trastornos de la conducta» y en la falta de centros de menores preparados para estas circunstancias. De hecho, es una opinión expresada por los diferentes comparecientes que han asistido a la comisión de personal relacionado con centros de menores y de jóvenes.
Así, enfatizan un «contexto» de los «últimos años en el que se ha observado un incremento significativo de situaciones vinculadas a trastornos de salud mental en la población menor de edad, especialmente en aquellos casos asociados a trastornos graves de conducta, conductas autolesivas y otras situaciones de riesgo social». «Esta realidad», señala el informe, «se traduce en más activación de los diferentes sistemas públicos, incluyendo la intervención de los cuerpos de seguridad, a menudo en contextos de crisis aguda o de elevada complejidad, donde la gestión inmediata de la situación requiere recursos específicos y especializados». Una situación que también exponen trabajadores sociales que han intervenido en la comisión.
Riesgo para el menor y su entorno
En resumen, los Mossos reclaman medidas en la realidad que «desde el ámbito policial se detecta de manera recurrente la presencia de menores con alteraciones graves de conducta, con episodios reiterados de violencia, autolesiones o comportamientos altamente disruptivos, que dificultan su gestión en entornos ordinarios y evidencian la necesidad de respuestas más intensivas». «Este tipo de situaciones pueden conllevar determinados riesgos tanto para el menor como para su entorno y, a veces, evidencian las limitaciones de los recursos disponibles a la hora de ofrecer una respuesta adecuada y sostenida en casos de más complejidad«, advierten.
Por tanto, los policías concluyen que es «oportuno estudiar y analizar posibles medidas orientadas a adaptar la capacidad actual y las características de estos recursos a las necesidades que se generan, teniendo en cuenta la complejidad creciente de los perfiles atendidos y la reiteración de situaciones de crisis». «Este análisis debería permitir identificar mecanismos que faciliten una respuesta más ajustada, flexible y efectiva ante esta tipología de casos, con el objetivo de mejorar la gestión de las situaciones de riesgo y garantizar una intervención adecuada a la realidad detectada», sentencia el informe.
