Esta semana se ha celebrado un nuevo ciclo de sesiones del caso Mercasa. Un juicio en la Audiencia Nacional que ha sentado en el banquillo a 18 personas y siete sociedades mercantiles españolas implicadas en el pago de abundantes comisiones para funcionarios y cargos políticos y militares de Angola. Todo por el proyecto de construcción de un mercado de alimentación en Luanda, la capital de Angola, y sus derivadas.
A medida que se ha ido desarrollando la prueba del caso, a través de diversos testimonios, se ha perfilado la sofisticada operativa que utilizaban las personas imputadas y las sociedades investigadas para operar esquivando los controles. Además, se ha visto cómo se utilizaban los contactos diplomáticos y cómo los ingenieros de las operativas tenían renombre internacional y podían evitar la acción de la justicia con una difusa situación de prófugos a pesar del rastro destacado que iban dejando sus actividades mercantiles y empresariales. Pero, sobre todo, se ha visto la estructura societaria construida para esquivar los controles públicos españoles y la endogamia de los cargos elegidos para dirigir estas empresas.
Uno de los testimonios estrella de esta semana ha sido el de Macarena Olona, abogada del Estado y que saltó a la palestra pública cuando fue portavoz de Vox en el Congreso y candidata de la formación en Andalucía. Olona era un testimonio esperado porque cuando fue nombrada secretaria general de Mercasa, el 27 de junio de 2017, destapó el caso y despidió a hasta diez directivos, nombrados tanto por los gobiernos del PP como del PSOE y relacionados con las comisiones millonarias que habrían recibido de los negocios y las adjudicaciones en Angola, República Dominicana, Argentina o Panamá, así como la parte que habrían pagado a funcionarios o autoridades de estos países. Cabe decir que los negocios de empresas españolas en Angola y la explotación de sus recursos naturales, como minerales, continúan, hasta el punto de que el mismo Felipe de Borbón realizó un viaje oficial al país en el año 2023.
Mercasa, una empresa pública esencial
Mercasa, acrónimo de Mercados Centrales de Abastecimiento, SA, es una empresa estatal creada en el año 1966 bajo el paraguas de los llamados Planes de Desarrollo Económico del franquismo. Su tarea era la construcción y gestión de mercados, así como el control de la comercialización de los productos alimentarios. Una estructura básica para garantizar la llegada de los alimentos, sobre todo frescos, en todo el estado y establecer una logística entre productores, almacenes y distribuidores.
A pesar de su carácter de estructura básica, estuvo a un paso de la extinción, como Defex, la otra empresa relacionada con un caso de corrupción internacional, dedicada a centralizar la comercialización de armas, munición y material de defensa. Actualmente, Mercasa gestiona el 70% de verduras y hortalizas que se distribuyen en el estado y el 50% de la carne fresca, y registra 100.000 operaciones diarias. Un monstruo de sociedad de servicios que durante la pandemia tuvo un papel fundamental en la distribución alimentaria estatal. La propiedad de Mercasa es del Estado, a través de la Sociedad Española de Propiedades Industriales (SEPI), que tiene un 50% de las acciones, y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Una puerta oculta
Lo que hasta ahora han evidenciado los analistas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que investigaron el caso, así como los testimonios de la acusación que han subido al estrado, es cómo Mercasa –que, gracias a una modificación del Código Penal, ya no puede ser imputada– utilizó una puerta oculta para poder participar en este entramado de supuesta corrupción. Una sociedad como Mercasa está controlada por el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado, la SEPI y las estructuras de inspección del ministerio de Agricultura. Pero en este caso, y así lo corroboró Olona en su testimonio aportando las actas internas de la sociedad incorporadas a la instrucción, se utilizó un truco para esquivar todo tipo de controles. En concreto, se creó el Consorcio Mercasa Incatema Consulting, SL (CMIC), como una «sociedad mercantil española del sector privado con participación pública del Estado a través de Mercasa». CMIC tenía tres socios: Mercasa, Incatema -propiedad de los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana– e Ibadesa Exportaciones y Servicios, SA, el 100% de la cual es propiedad de José Herrero de Egaña. Todos están tres imputados en la causa. Mercasa solo tenía el 36% de las acciones, un porcentaje que la hacía accionista no mayoritaria de CMIC, que así esquivaba convertirse en una empresa del sector público, sometida a los controles estatales para el dinero público.
CMIC sería la sociedad elegida para construir el mercado mayorista en Luanda y todo el sistema de distribución por un importe de 218.980.000 dólares. Una adjudicación que supuso el pago de 20 millones de euros a uno de los grandes protagonistas del caso, Guilherme de Augusto Da Oliveira Taveira Pinto, el comisionista y propietario de Sonadi, Soter y Metab, las sociedades que firmaron un «contrato de colaboración comercial» con CMIC si se conseguía el contrato, pero no hay ningún documento acreditativo de ninguna gestión más allá de las facturas. Las sociedades pantalla se utilizaron para pagar comisiones de hasta el 8% a diferentes funcionarios y altos cargos políticos de Angola. Taveira Pinto, después de años de investigación, es prófugo de la justicia desde el año 2019 y con órdenes de captura estatal, europea e internacional.
Un control formal y familiar
Según lo que se ha narrado en el tribunal que preside con solvencia la magistrada Teresa Palacios, Mercasa ejercía un control formal de CMIC. Así, asumía la administración y nombraba a su presidente. De esta manera situaba administradores de la propia Mercasa, como es el caso de Arturo Cortés de la Cruz, secretario del consejo de administración de Mercasa, después sustituido por su esposa María Jesús Prieto, secretaria del mismo consejo, y luego por Miguel Ramírez, todos procesados. Es decir, Mercasa no solo ponía gente de su cuerda sino de su familia en su falsa franquicia en Angola.
Sin embargo, a pesar de este formalismo, la gestión de CMIC en el ámbito comercial en Angola era ejercida por la mercantil Incatema. Especialmente por quienes en representación de esta mercantil formaban parte del consejo de administración de CMIC, los hermanos Pardo de Santayana y su hija Marta Pardo de Santayana. Más familia. Cabe añadir que el director financiero de CMIC, por quien pasaban todos los contratos que ocultaban las comisiones, era Jaime Tejero, marido de Marta Pardo de Santayana, prima de los hermanos propietarios de Incatema.
Según han explicado los diferentes testimonios, personal laboral que trabaja en Mercasa desde el año 1969, les sorprendió que durante todas estas operaciones faltaban «sistemas internos de organización y control de las operaciones comerciales». En cuanto a los mecanismos de prevención de delito y control establecidos, «eran simplemente inexistentes», aseguran siguiendo el relato de la acusación del ministerio fiscal. De hecho, hay un detalle que no ha pasado desapercibido al tribunal y que Olona destacó durante su testimonio: la destrucción de discos duros de Incatema sobre su participación en la trama. En diciembre de 2016, Incatema borró diez discos duros con información sobre los proyectos en Angola con un «método de borrado que permite la eliminación de archivos de manera que su recuperación resulte imposible». Y no solo los borró, sino que intentó limpiar su imagen enviando los discos a una ONG de Angola.
