Quedan solo unas horas para comenzar la campaña electoral altamente polarizada y con unas encuestas favorables a la derecha extrema y extrema derecha. En este contexto, lo que se conoce como partido judicial también decide jugar sus cartas y quiere recordar que también está en la partida, como lo ha estado en la última legislatura. Este jueves, agentes de la Unidad Central Operativa (la UCO) de la Guardia Civil se han personado en la sede del Tribunal de Cuentas para requerir información sobre los pagos en efectivo del PSOE.
Todo esto en el marco del caso Koldo que dirige el titular del Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Según ha adelantado El País, los agentes han requerido información contable presentada por la formación al tribunal administrativo, para continuar las pesquisas de la pieza declarada secreta de pagos e ingresos en metálico para reintegrar gastos anticipados entre el año 2017 y 2024.
La personación, sin embargo, tiene algo de mediática, porque el Tribunal de Cuentas, como institución de control externo, siempre facilita, en el marco de sus competencias, la información relacionada con sus tareas de fiscalización que le sea requerida por otros órganos judiciales. De hecho, sus informes completos se publican en la web y los requerimientos se pueden consultar telemáticamente.
Hay indicios, según el juez
Para el magistrado Moreno, los datos que en su día aportó el PSOE al sumario afectaban cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, lo que, para el instructor, determina que se considere «racional, lógica, fundada, necesaria y con suficiente apoyo legal adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes».
No es el único problema que tiene el PSOE con la Audiencia Nacional. En este sentido, el magistrado titular en este caso del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, también ha pedido información delicada sobre contratos y gastos a la formación de Pedro Sánchez, en la instrucción del caso de las supuestas cloacas gestionadas por Leire Díaz. También la sala penal de la Audiencia Nacional daba un empujón al juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, en un caso en el que el principal investigado es José Luis Rodríguez Zapatero, con un escrito en el que negaba que era una investigación prospectiva.
