Ni por la puerta trasera. Se podría decir que intentan entrar de nuevo por la gatera. Solo así se puede entender la nueva ofensiva de los dos policías heridos en las protestas del Tsunami Democrático, que permitieron al exjuez Manuel García Castellón abrir una causa por terrorismo. La defensa de los dos policías presentó un recurso de reforma ante la negativa del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de admitir en la causa el informe de la operación Troya, un documento de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía que asevera la injerencia rusa en el Proceso soberanista.
Todo esto en unas diligencias que quedaron sobreseídas después de que la sala penal de la Audiencia Nacional anulara las pruebas y las diligencias de buena parte de la instrucción porque se prorrogó la instrucción fuera de plazo. La tesis de la defensa de los policías es que el informe revela la «posible conexión entre los hechos de octubre de 2019 y las potencias extranjeras». Un hecho que permitiría reabrir la causa por el delito de traición y el delito de terrorismo urbano. La insistencia en reabrir la causa se justificaría por «las lesiones concretas sufridas por los dos agentes, que no habrían sido objeto de instrucción ni judicialización previa», en la causa del Tsunami Democrático. Además, el abogado de los policías argumenta que los delitos no entrarían dentro del ámbito competencial de la ley de amnistía.
La respuesta no se ha hecho esperar
Ante el recurso, varias defensas de los investigados ya han presentado escritos de impugnación contra la enésima petición de reapertura. Uno de los más contundentes es el de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del presidente en el exilio Carles Puigdemont, defendido por Gonzalo Boye. En su escrito, acusa a los policías de faltar a la verdad judicial y material. Además, considera que cometen mala fe procesal. En este sentido, aportan las diferentes resoluciones de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y de la sala penal del Tribunal Supremo, con las que dan por cerrada a cal y canto la causa.
Por otro lado, recuerdan que el informe Troya ya ha sido incorporado, sin validez procesal ni material, en las causas concretas sobre la injerencia rusa, como la del mismo Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional o como el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Ambas causas también archivadas. De hecho, la del juzgado barcelonés por orden de la Audiencia de Barcelona con una sonora bofetada a la instrucción del magistrado Joaquín Aguirre.
