El próximo 29 de septiembre, la titular del juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, Júlia Tortosa, cerrará la instrucción del caso Bomberos. Una investigación judicial extremadamente complicada sobre las irregularidades en la concesión del mantenimiento de los vehículos de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (DGPEIS) que se arrastra desde abril de 2021. Será el día en que el perito debe reafirmar ante el ministerio público, la abogacía de la Generalitat, la acusación particular de un sindicato de Bomberos y las defensas, la última diligencia que se ha podido practicar, la pericial económica y financiera del caso que, en principio, se relacionaba con un delito de malversación.
Ya no se podrán practicar más indagatorias ni más declaraciones. Más que nada, por la aplicación de la ya famosa enmienda Cuevillas, es decir, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lleva el nombre del diputado que en su día la defendió, el catedrático de derecho Procesal Jaume Alonso-Cuevillas. Una reforma que obliga a los jueces de instrucción a ser muy escrupulosos con los plazos de la instrucción y sus prórrogas. En este caso, como ocurrió con la operación Judas o el caso Sitges, también se superó el límite de la prórroga de la instrucción.
En todo caso, varias fuentes del caso admiten a El Món que celebran el final de una larguísima instrucción, muy compleja y muy lenta. Una instrucción que ha conllevado un cambio sustancial en las adjudicaciones del Departamento de Interior, la creación de un grupo de una decena de personas que se encarga de la contabilidad presupuestaria del cuerpo de Bomberos y una reorganización interna de responsabilidades, además de ceses y relevos en la dirección técnica y financiera de la DGPEIS.
Una vez ratificada la pericial, la jueza debe decidir si archiva la causa o bien considera que hay suficientes indicios de delito para ir a juicio. En este caso, como no es un procedimiento sumario, no pedirá a las partes que se posicionen antes de la decisión.
Tres carpetas sobre la mesa
Aunque durante la investigación judicial se ha abierto alguna pieza separada -como la de las multas retiradas indebidamente o la adjudicación de la plaza del exdirector de la DGPEIS, Manel Pardo, que ya han sido archivadas, fuentes jurídicas sintetizan en tres opciones lo que puede hacer la jueza a partir de ahora. Abrir juicio oral es la opción que todos dan por segura. Sea como sea, las partes distinguen tres grandes carpetas dentro de los posibles delitos que se podrían haber cometido y que, una vez han pasado más de cuatro años desde el inicio del caso, se han podido esclarecer. Aunque la jueza en más de una ocasión ha pedido celeridad a los Mossos d’Esquadra en sus pesquisas y ha tenido que superar un cambio de fiscal del caso en el tramo final de la instrucción, un hecho que aún ha entorpecido más la resolución, por la necesidad del ministerio público de «familiarizarse» de nuevo con el expediente.
En primer término, la parte más gruesa de la causa, que es el desbarajuste de las adjudicaciones de los contratos de mantenimiento de los camiones y los vehículos, incluso con falsedades en las facturaciones y los albaranes e irregularidades como vehículos revisados dos veces con diferentes kilometrajes en un mismo día. En segundo término, una presunta manipulación de las contrataciones por parte de la empresa imputada, Iturri, a raíz de la documentación que los Mossos d’Esquadra confiscaron en el registro en la sede de la multinacional sevillana en julio de 2022. Una documentación que, según el atestado de los Mossos sobre la documental decomisada, señalaría a los responsables de Iturri como los «redactores» de los contratos y las bases de las licitaciones.
Y, en último término, la relación de Iturri con el exjefe de los servicios técnicos de los Bomberos, Màxim del Valle, quien precisamente con un correo del 14 de abril de 2021 destapó el caso, advirtiendo a ocho superiores del caos de las adjudicaciones para el mantenimiento de los vehículos. Una relación comercial entre Interior e Iturri que las acusaciones ven como delictiva. Estas tres carpetas son los ejes principales del caso y servirán a la jueza para decidir su futuro. En definitiva, la ratificación de la pericial es básicamente un trámite, porque el contenido del informe lleva meses en el juzgado. Las apuestas de las partes es que la jueza abrirá juicio oral, pero no tienen claro por qué delitos ni qué argumentos de prueba utilizará.
Un historial por capítulos
El caso saltó a la esfera pública en abril de 2021 a raíz de una investigación interna del Departamento de Interior, entonces en manos del consejero Miquel Sàmper, actual consejero de Empresa del presidente Salvador Illa. El gabinete técnico y político del departamento se asustó por los números de la contabilidad del mantenimiento de los vehículos de Bomberos. Un susto que se multiplicó por el correo electrónico que remitió Del Valle con el cual alertaba que “se habían agotado los fondos del contrato”. “El presupuesto se ha acabado y si la situación no se soluciona no se podrán realizar servicios de mantenimiento a los camiones de Bomberos”, resaltaba. “A principios de año, preveíamos, una vez compensada la desviación del año 2020, proveniente de muchos años antes, que a partir del 15 de marzo el contrato no dispondrá de saldo”, relataba el correo, avisando que en las ”próximas reparaciones no las firmaría si no se encontraba una solución”.
El gabinete de Sàmper decidió abrir una investigación interna, a través de una información reservada, y posteriormente los servicios jurídicos de Interior llevaron el caso a la Fiscalía y el ministerio público lo remitió al juzgado de guardia. Después de unos meses en secreto de sumario y escuchas telefónicas, la jueza decidió imputar al exdirector Manel Pardo y casi todo el equipo técnico de la DGPEIS, incluso, temporalmente, al histórico Joan Delort, que se ha jubilado durante la instrucción. Una vez en el juzgado, comenzaron las declaraciones y una larga espera de los informes de los Mossos d’Esquadra y de la Oficina Antifraude que, pericialmente, realizaba una labor de análisis de las contrataciones.
El embrollo de facturas, albaranes y la multitud de responsables de segundo nivel, como responsables de parques, más errores de interpretación contable de la documentación por parte de los Mossos ralentizaron la investigación y desinflaron un caso que había saltado como un resorte y que recordaba al cártel del fuego, es decir, una megacausa de la Audiencia Nacional sobre las adjudicaciones de los servicios aéreos de extinción de incendios forestales, que terminó con una sentencia el pasado mes de febrero, con 12 condenados, sin imponer ninguna pena que implicara prisión. Con el inicio del curso judicial llegará el final de la instrucción, que no ha llegado ni a ser un procedimiento sumario. Y, aunque es una opción que ninguna de las partes contempla como probable, nadie descarta al cien por cien un archivo del caso.
