Inquietud y soluciones. Eso es lo que expresa y lo que solicita el ministerio fiscal para detener el aumento de los delitos de odio denunciados en los últimos dos ejercicios, que ya supera el 200% de crecimiento. Tanto es así que la Fiscalía General del Estado no oculta su «preocupación» por «la excesiva crispación y polarización a la que estamos asistiendo en los discursos políticos» en un documento clave de su actividad como órgano constitucional, la densa y larga memoria de la Fiscalía del año 2024, que entregó a la alta magistratura española hace unas semanas. La fiscalía destaca que el discurso político está marcado por «graves descalificaciones del adversario». Una circunstancia que, a su juicio, «genera una innecesaria tensión que se traslada inevitablemente a la sociedad y que constituye lamentablemente un caldo de cultivo adecuado para la comisión de comportamientos intolerantes y, en alguna ocasión, violentos en nuestras calles». De ahí que reclame como «imperioso rebajar la agresividad verbal y la hostilidad social» hacia colectivos especialmente vulnerables, como los menores extranjeros sin referentes familiares, que una parte de la sociedad identifica como «menes», en relación con el acrónimo de menor extranjero no acompañado, MENA. La fiscalía, en una toma de posición sorprendente e insólita, pide «rebajar la agresividad verbal y recuperar la adecuada serenidad que ha caracterizado siempre el debate político en la democracia española».
Sin datos claros
A pesar de las cifras que presenta, la fiscalía advierte que solo puede certificar las que corresponden al ámbito penal, dejando de lado, por ejemplo, los expedientes abiertos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o resoluciones de otras jurisdicciones, como la civil o la laboral, que hayan tenido un carácter discriminatorio que no llegue a ser una infracción penal. En esta línea, la fiscalía también califica de «necesario» que se nombre una Autoridad Independiente de Igualdad de Trato que administre todos los datos.
«Las estadísticas son imprescindibles para tener un conocimiento cabal de los delitos que se cometen y permiten diseñar e implementar medidas para una lucha eficaz» porque «es importante poner cifras al sufrimiento humano» de personas que «no tienen suficiente voz y rostro». En definitiva, la fiscalía «pone de manifiesto las dificultades que existen para una seria y adecuada recopilación de datos sobre discriminación». Además, los fiscales también se quejan porque hasta ahora no se ha aclarado del todo la competencia entre los juzgados penales y las audiencias sobre el artículo 510 del Código Penal.
Las cifras: internet y desconocidos
El ministerio público presenta varios datos para argumentar su preocupación por el crecimiento de los delitos de odio, sobre todo en las redes sociales. Unos datos que han hecho incrementar las reuniones de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación a 172 en el año 2024, muy por encima de las 81 que se hicieron en 2023. En cuanto a las diligencias de investigación abiertas, en 2024 se incoaron 477. Aunque en 2023 se abrieron 511, ligeramente por encima del año pasado, la disminución la califican de normal porque el salto ya se había hecho con «el espectacular incremento de diligencias en 2022, que fue superior al 200%». De hecho, estas diligencias, a diferencia de los escritos de acusación o sentencias de 2024, ponen el punto sobre las íes de los datos concretos de un año.
Los delitos que se investigaron se circunscriben en las conductas tipificadas en el artículo 170 del Código Penal, que corresponde a «amenazas por motivos de discriminación»; delitos contra la integridad moral con móvil discriminatorio, del 173.1 Código Penal, de los cuales se han incoado 14 expedientes, mientras que en 2023 fueron 11; delitos de incitación al odio del 510.1, que en un año han pasado de 197 a 218; contra la dignidad de las personas, del artículo 510.2, que han crecido de 210 a 233. En cambio, han bajado los expedientes abiertos por denegación de prestaciones en el ámbito del servicio público, que si en 2023 fueron 22, en 2024 bajaron a la mitad. El racismo, con 150 casos, lidera las diligencias abiertas de investigación, seguido por 127 de cuestiones de nacionalidad, 93 por identidad de género, y 33 por antisemitismo -en pleno conflicto por la guerra de Israel contra Gaza-.
Los motivos de discriminación de forma mayoritaria en las diligencias son racismo y xenofobia -por nacionalidad o origen nacional-, seguidos de orientación sexual e identidad de género. En cuanto al lugar de comisión de los hechos denunciados, en 192 casos con diligencias de investigación, se cometieron por internet o redes sociales, lo que representa el 40% aproximadamente. Además, se incoaron 14 diligencias de investigación por hechos llevados a cabo en el ámbito deportivo, prácticamente todas por motivos racistas. De estas 477 diligencias, se archivaron 211 porque no se identificó al autor.
Acusaciones y sentencias
Más allá de las diligencias o las denuncias formuladas, la fiscalía centra la pelota en los «escritos de acusación». Es decir, una vez se ha instruido la causa y el ministerio acusa. Por tanto, son escritos presentados de denuncias de años anteriores y no dependen de las 477 diligencias abiertas durante el 2024. En total, este 2024 el ministerio fiscal realizó 293 escritos de acusación, 83 más que los 210 de 2023. Un crecimiento del 40%. De estas acusaciones, 26 fueron por delitos cometidos a través de redes sociales; 256, en el espacio físico y 11, en el ámbito deportivo.
En cuanto a las sentencias dictadas en 2024, también en procesos abiertos hace años, tanto en primera instancia como en apelación, han sido 173. En primera instancia, han sido 149 –108 condenatorias y 41 absolutorias. En segunda instancia, se han dictado 24 sentencias, 21 con condena y 3 absolutorias. En total, se han dictado un 10% más de sentencias en 2024 que en 2023. La fiscalía enfatiza que las sentencias muestran que el racismo y la xenofobia -nación y origen nacional- es el «primer motivo de discriminación» respecto al año 2023, seguido de la orientación sexual o identidad de género. Un dato similar al de las denuncias incoadas durante 2024.
Así, en el ámbito de los casos sentenciados, el racismo ha ocupado 38 resoluciones, 16 casos son por razón de ideología, 26 por cuestiones de nacionalidad, 44 por orientación sexual, 4 por aporofobia o exclusión social y 6 por discapacidad. El antisemitismo ha provocado dos sentencias y el antigitanismo una. Hay 9 más por religión y 3 por etnia. Con estos datos en cartera, la fiscalía ruega calma a las instituciones públicas y la representación política «sin renunciar a la legítima discrepancia en el ejercicio de los principios y derechos constitucionales como el pluralismo político, la libertad ideológica o de expresión».
