El PSOE quiere impulsar en el Congreso de los Diputados una ley para frenar el lawfare. El partido, acosado por las causas judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez, ha decidido atacar de raíz un problema endémico del sistema judicial español que el independentismo denuncia desde hace años, pero que hasta ahora la Moncloa trataba con cierto desdén porque de alguna manera le beneficiaba.
El grupo socialista ha presentado este viernes una proposición de ley orgánica para poner freno al “acoso” que puede sufrir un ciudadano “derivado de acciones judiciales abusivas”. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha explicado que el objetivo es limitar el margen de maniobra de aquellas entidades o partidos que usan la justicia para perjudicar a los adversarios políticos, como Vox o Manos Limpias.
El PP ha reaccionado con celeridad a la propuesta socialista y ha acusado al PSOE de querer “perseguir a quienes denuncian” la corrupción. “La desesperación del PSOE ante los casos de corrupción que acorralan al gobierno, al partido y a Pedro Sánchez es evidente. También lo es su voluntad de perseguir a quienes la denuncian, la investigan o informan sobre ella”, lamentan fuentes de Génova.
Una ley para atar en corto a la extrema derecha política y social
“En España y en muchos otros países estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, creadores, científicos, periodistas y adversarios políticos por parte de sectores extremistas y de ultraderecha que, pervirtiendo los instrumentos del estado de derecho, usan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos”, ha advertido López en una rueda de prensa en Madrid. “Esta es una estrategia que cada vez va a más”.
La propuesta del PSOE incluye reformar el papel de las acusaciones populares, que quieren que quede limitada a la fase del juicio oral y a la formulación inicial de querellas. “Nada más”, ha espetado el portavoz. También quieren aprovechar para poner fin a las filtraciones “interesadas y constantes” por parte de las acusaciones populares y proponen impedir que partidos o fundaciones vinculadas a formaciones políticas puedan ejercer este rol.
Otras medidas que incluye la proposición de ley son inadmitir las querellas que se basan en “recortes de prensa”, eliminar los delitos de ofensa contra los sentimientos religiosos o permitir la recusación de jueces que hayan hecho declaraciones públicas con carga política.
Las causas judiciales contra el entorno de Sánchez
En los últimos meses, varias personas del entorno de Pedro Sánchez se han visto involucradas en causas judiciales: su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez y su ex mano derecha José Luis Ábalos tienen causas abiertas por corrupción, tráfico de influencias, desvío de fondos o malversación. Los tres niegan las acusaciones en su contra y en la Moncloa sospechan que detrás de las demandas hay una acción concertada para desgastar públicamente a Pedro Sánchez, que ya ha sido citado a declarar por el caso de su esposa.
Begoña Gómez está investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias en una causa abierta por las denuncias de Manos Limpias y Hazte Oír. Está acusada de haberse aprovechado del cargo de Sánchez para favorecer su carrera profesional. David Sánchez, hermano del presidente español, tiene abierta una causa por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal por cobrar un sueldo de la Diputación de Badajoz sin ir a trabajar. Finalmente, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, está implicado en la trama del caso Koldo, que durante la pandemia cobraba comisiones a cambio de facilitar el acceso a contratos públicos para comprar mascarillas y material sanitario.
