El caso Inipro parece que tenga todos los números para durar más que la obra de la Catedral. La vista oral del juicio sobre las presuntas irregularidades a través del Instituto de Servicios Sociales del gobierno del PSC en el ayuntamiento de Tarragona cuando Josep Fèlix Ballesteros era el alcalde ha vuelto a comenzar con dificultades. Solo se han celebrado dos jornadas, una para exponer las cuestiones previas —profusas y complejas— y una segunda jornada que inició la prueba con testimonios que favorecían las acusaciones y apuntaban, como última responsabilidad, al entonces alcalde.
La segunda sesión, celebrada el viernes dos de octubre, programó el reinicio de las sesiones para el día 7 de octubre, pero no se ha celebrado ninguna más por la baja de una de las letradas. Por tanto, la vista no comenzará, si todo va según lo previsto, el 16 de octubre. En todo caso, el juicio continúa con el grueso de las cuestiones previas resueltas, pero eso sí, pendientes de que se recojan en sentencia.
Sin embargo, el tribunal presidido por Maria Espiau, tomó dos decisiones clave para la continuidad de la vista, no estimar la exclusión de parte de la instrucción que provenía de otro expediente judicial, y sobre todo, la resolución sobre la legalidad del disco duro donde todas las defensas tienen puestas las esperanzas de que sea anulado debido a la cantidad de indicios incriminatorios que se extrajeron de él. De hecho, a la vista de la evolución de la vista y de la opinión de los peritos, el tribunal se guarda un as en la manga de cara a la sentencia.
Disco duro y el expediente judicial
En el detalle de las cuestiones previas cabe destacar un punto importante que el tribunal ha desestimado y que no ha agradado a las defensas. En concreto, la petición de los letrados defensores de excluir la parte del expediente judicial que provenía de otro procedimiento judicial. Un procedimiento que, en su momento, era secreto y, por este motivo, consideraban que debía expurgarse del caso por indefensión. El tribunal ha desestimado la petición, y el expediente continúa formando parte del caso. Una desestimación importante porque en este expediente, que incorporaba elementos de funcionamiento de la trama Inipro, aporta muchos indicios incriminatorios.
En cuanto a la joya de la corona de la instrucción, es decir, el disco duro que incluye todas las comunicaciones de los procesados, la decisión es temporal. Es un punto clave de la investigación. Las defensas en bloque reclamaron su nulidad por varios motivos como la prospección de la investigación, o la falta de cadena de custodia según los parámetros de la ley de Enjuiciamiento Criminal. El tribunal explicó a la sala que para poder valorar la validez del disco duro es necesario practicar la prueba correspondiente. Es decir, la declaración del informático, de los agentes de la Guardia Civil que lo confiscaron o constatar la manera en que se accedió a las carpetas del ordenador, que también ha sido denunciada.
Por tanto, la validez definitiva del disco duro como fuente de prueba se dirimirá al final en sentencia. Ahora bien, el tribunal dejó bien claro que el disco duro no se excluye del procedimiento. A medida que se vayan aclarando los detalles alegados por las defensas, los magistrados decidirán su validez y la de la prueba que se deriva de él. Es decir, que se podrá hablar y razonar sobre esta prueba en el procedimiento, sin que eso suponga que se acepte.
Testimonios y cuestiones procesales
El tribunal ha desestimado una petición del ministerio fiscal y de la CUP, acusación popular en el procedimiento. Ambas reclamaban las transcripciones de las declaraciones efectuadas en fase de Instrucción. Los magistrados no lo han aceptado. De hecho, antes de la apertura del juicio oral ya lo habían solicitado y también se desestimó. Las dos acusaciones también habían solicitado que el perito del Ayuntamiento de Tarragona declarase como testigo y perito y solo como perito. El tribunal no lo vio claro y lo desestimó, pero añadió que la decisión «no implica desvalorar su declaración como testigo ni que no pueda ofrecer explicaciones técnicas en el momento de la declaración».
En cambio, de las dos acusaciones sí que ha estimado que Laia Estrada, exconcejala de la CUP en el consistorio y exdiputada en el Parlamento de la misma formación, sea testigo. Una petición bastante importante para las acusaciones porque puede aclarar la parte política que se implica en la trama Inipro. Las acusaciones, sin embargo, se han salido con la suya, en una de las peticiones más delicadas de las defensas. Todas alegaron que el secreto de las actuaciones de la fase de instrucción constituía una irregularidad formal en el exceso de la duración y sus prórrogas. El tribunal argumentó que tenían razón, pero que en el momento actual en el que se ha denunciado no supone ninguna causa de nulidad del procedimiento ni una indefensión de los acusados durante su período de procesados.
El tribunal tampoco estimó que la sociedad Inipro no fuera responsable civil por defunción de Ricard Campàs, que era el administrador de la empresa supuestamente concertada con el consistorio para facturar las campañas de promoción en las redes sociales de Ballesteros a cuenta del presupuesto de los servicios sociales. En el mismo paquete, los magistrados cerraron la puerta a las alegaciones de falta de concreción en alguna de las acusaciones. Y un punto importante era la demanda de las defensas de reclamar la falta de legitimación del Fiscal para reclamar la responsabilidad civil en relación a los partícipes a título lucrativo, una posición importante porque reclama al PSC la responsabilidad civil. A todo esto, aún está pendiente la solución del Juzgado Contencioso Administrativo de mantener el ayuntamiento de Tarragona como acusación particular, es decir, como afectados del caso.
