Embudo. Este es el concepto que muchas de las partes consultadas utilizan para describir el minuto y resultado del caso Bombers. Una investigación judicial sobre las irregularidades en la concesión del mantenimiento de los vehículos de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) que se arrastra desde el mes de febrero de 2021. Según detallan fuentes jurídicas del caso, el caso está «absolutamente detenido» y esperando que «más pronto que tarde despierte del sueño de los justos».
Tanto es así que los últimos testimonios convocados se suspendieron sine die, y todavía se tienen que volver a señalar. En este contexto, los imputados han presentado escritos de sobreseimiento de la causa. Cabe tener presente que una de las poquísimas, por no decir la única, decisiones de la actual titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, Júlia Tortosa, fue dictar el sobreseimiento de la causa para Joan Delort, dos semanas después de que se jubilara y dejara el cargo de director general de Prevención y Extinción de Incendios (DGPEIS). Una decisión que alentó al resto de imputados a pedir que también se les archivara la imputación. Cabe tener presente que la declaración de Delort en el juzgado debilitó la acusación.
No es la primera parada
El stand-by del sumario no es una novedad en el caso Bombers. En diciembre de 2023, la jueza dictó una diligencia, dirigida a los Mossos d’Esquadra, con la que les reclamaba que terminaran el trabajo y presentaran los atestados que consideraba definitivos para la instrucción. En concreto, les exigía los informes completos de la información obtenida en el registro de la sede de la empresa Iturri en Montcada i Reixac, en julio de 2022. Un conjunto de documentos que podía aclarar las cuentas, las compras y los gastos que justificaban el caso. De hecho, este informe también debía ser analizado por un perito contable judicial que tiene que revisar los papeles.
El caso también se atascó cuando, en las mismas fechas, la jueza también instruyó a los Mossos para que reclamaran a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) el informe sobre la supuesta creación de una plaza a medida del exdirector del servicio, Manel Pardo, un caso que supone la apertura de una nueva pieza separada en la causa. Una posibilidad que ya quedó enterrada. De hecho, los testimonios suspendidos tenían relación con los últimos informes policiales. En este marco, las partes esperan que el juzgado reinicie la causa, y si no la cierra, permita a las partes con urgencia aclarar puntos de la documentación del sumario que técnicamente no cuadran según los criterios administrativos y financieros de la licitación pública.
Desde el año 2021
El caso Bombers se destapó en abril de 2021 a raíz de una investigación interna del Departamento de Interior, entonces en manos del consejero Miquel Sàmper, que ahora es consejero de Empresa. Todo a raíz de los números de la contabilidad del mantenimiento de los vehículos de Bombers y un correo que alertó a los responsables políticos de Interior. Después de abrir la investigación interna, los servicios jurídicos de la consejería llevaron el caso a la Fiscalía y el ministerio público lo remitió al juzgado de guardia. Después de unos meses en secreto de sumario y escuchas telefónicas, la jueza decidió imputar al exdirector Manel Pardo y casi todo el equipo técnico de la DGPEIS.
Declaraciones y varios atestados de los Mossos d’Esquadra en los que la policía se quejaba de que Interior “obstaculizaba la investigación”. De hecho, los agentes iban hilando la información que habían obtenido y detectaron un gran “desbarajuste” administrativo en el control de los presupuestos de mantenimiento de los vehículos –una opinión compartida por Interior. De ahí que los Mossos pidieran a la jueza poder registrar la sede de la empresa investigada. Pero después de tres años y medio de la entrada y registro en Iturri, el caso aún está abierto y pendiente de resolver las peticiones de las partes.
