El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho valer su mayoría y ha avalado el informe que declara inconstitucional la ley de amnistía que actualmente se tramita en el Senado. Según han detallado a Europa Press fuentes jurídicas del CGPJ, la decisión se ha adoptado por nueve votos a favor, cinco en contra —todos de vocales propuestos por el PSOE— y dos abstenciones. El pleno del CGPJ tenía que estudiar dos informes opuestos sobre la ley de amnistía: uno del vocal conservador Wenceslao Olea, que critica la ley de amnistía porque vulnera la separación de poderes y el principio de igualdad, y uno de la vocal progresista Mar Cabrejas, que, a pesar de defender la constitucionalidad de la norma, alertaba que había dudas sobre los tiempos de la tramitación y el tratamiento de los delitos de terrorismo. Los dos votos en blanco serían los del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y del vocal Enrique Lucas.
El informe aprobado critica que la proposición de ley de amnistía no justifica de manera bastante clara su adecuación a los valores y principios de la Constitución española y defiende que no hay ningún precepto legal vigente —doctrina del Tribunal Constitucional o jurisprudencia del Tribunal Supremo— que permita llegar a la conclusión que una amnistía tiene cabida en el ordenamiento jurídico español. También carga contra el hecho de que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales fuera de los supuestos que contempla la Constitución —como los indultos— y por eso concluye que vulnera el principio de separación de poderes. El texto también critica con dureza los tiempos de tramitación parlamentaria y considera arbitrario y poco motivado el uso del procedimiento de urgencia, que acorta los plazos para aprobar la ley.
La aplicación de la amnistía y los casos de terrorismo
El informe de Wenceslao Olea, un magistrado que ha criticado la amnistía, entre otros motivos, porque dará mucho trabajo a los jueces, cuestiona uno de los puntos centrales de la ley: la delimitación de su alcance. El vocal conservador alerta que no delimita con suficiente claridad el objetivo de la amnistía y que la indeterminación de algunos preceptos puede desembocar en interpretaciones jurídicas muy diferentes, con lo cual acabará provocando que la crítica social sobre la eficacia de la ley se centre en los jueces y no en los políticos. También cree necesario que la ley excluya todos los delitos de terrorismo y reprocha a PSOE, Junts y ERC que haya eliminado las referencias al Código Penal para evitar que se use la tipificación del delito del derecho estatal y se pase directamente a la directiva europea.
Es la segunda vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncia abiertamente contra la ley de amnistía. El pasado mes de noviembre, antes de que el PSOE registrara en solitario la ley, el pleno aprobó una declaración institucional en la cual advertía que la amnistía de los represaliados por el 1-O supondría “la abolición” del estado de derecho. El posicionamiento, claro y polémico, generó una división profunda entre el sector conservador y el progresista. La Comisión Permanente del CGPJ ya había expresado su “oposición frontal” a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de lawfare, tal como aprobaron el PSOE y Junts en verano.
