Este lunes se ha podido cerrar la larga instrucción del caso Bombers. De hecho, se ha llevado a cabo la ratificación de la pericial económica y financiera del caso que, en principio, se relacionaba con un delito de malversación. Era la última diligencia que quedaba para decidir si el sumario se envía o no a juicio. Las defensas han salido bastante satisfechas de la declaración del perito, que ha tenido que admitir que no tenía toda la información y que, además, no ha detectado ningún sobrecoste en las contrataciones pagadas. Por lo tanto, se ha descafeinado una de las pruebas en las que la acusación tenía muchas esperanzas depositadas. Aun así, sí que ha reconocido el descontrol contable de la documentación y una burocracia excesiva en los trámites que pasaban «por las manos de mucha gente de la administración catalana».
Con esta prueba practicada, esta semana la titular del juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, Júlia Tortosa, dará traslado a las partes para que informen sobre las conclusiones de la investigación y si ven suficientes indicios para ir a juicio. Hay que tener en cuenta que, seguramente, Tortosa no será quien acabe decidiendo, porque en una semana podría cambiar de destino. Además, en el mes de julio la Generalitat aportó un documento donde aclaraban unos pagos de 83.000 euros a la empresa Iturri, la otra investigada. Unos pagos que los Mossos d’Esquadra consideraban irregulares o que no encontraban documentos que avalasen esos pagos. Un punto que ha desinflado, y mucho, los indicios incriminatorios.
Cuatro tipos de documentos
La pericial de esta mañana ha servido para esclarecer el embrollo contable entre Iturri, y otros proveedores, y la Dirección General de Protección y Extinción de Incendios (DGPEIS) del Departamento de Interior. En concreto, el perito ha basado su análisis en las facturas y los «excels», es decir, unos documentos que acompañan las facturas con los servicios que se han prestado. Ahora bien, ha admitido que no ha hecho constar ningún albarán ni ninguna orden de pago. De hecho, y a preguntas de las defensas, ha confesado que entendía que los «excels» eran los albaranes y que no había visto ninguna orden de pago porque entendía que «la Generalitat lo pagaba todo».
A la vista de que le han detallado que cada factura tenía un albarán y que los «excels» solo son una hoja de las tareas que recogían las facturas, y que cada factura debe tener una orden de pago, ha podido entender por qué había facturas duplicadas. Es decir, facturas emitidas dos veces, pero que solo tienen una orden de pago y, por lo tanto, quedaban aclarados los importes y los trabajos. En este sentido, sí que ha enfatizado el «descontrol» que existía en los trámites de contratación del mantenimiento. Por otro lado, ha resaltado a las defensas que cada pago pasaba por diversas manos de la administración y de Interior, y por tanto que se podría haber controlado mejor.
