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La Fiscalía Especial Anticorrupción ve indicios de delito en la estructura organizativa del PSOE pero considera que sería «prematuro» solicitar la imputación de la formación en el caso Leire Díez. Fuentes de la Fiscalía han explicado a El Món que el ministerio fiscal ya ha presentado su informe ante el juez instructor de la causa de las cloacas del PSOE, el titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El informe explica que, «sin perjuicio de que haya indicios, esta imputación ahora es prematura y que antes de acordarla se deben practicar diligencias pendientes, entre las cuales está la declaración de Santos Cerdán».

De esta manera, la fiscalía responde a la petición de Pedraz del martes de esta semana en base a la solicitud del PP de citar a la formación socialista como investigada. De hecho, el magistrado pidió al PSOE que le hiciera llegar la «relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría que hayan sido contratados por esta formación política». Una petición fundamentada en la interpretación del equipo jurídico del PP que a su criterio, los indicios recogidos hasta ahora «confirman» que el partido «financió» los gastos de la presunta «organización criminal por indicación» de Cerdán. Una trama que supuestamente intentaba entorpecer investigaciones contra el PSOE, la Moncloa, Pedro Sánchez y su entorno más directo.

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, participan en el acto de cierre de campaña electoral / Javier Cintas / Europa Press 19 DICIEMBRE 2025;EXTREMEÑOS;CAMPAÑA;ELECCIONES;CAMPAÑA ELECTORAL; 19/12/2025

Diversos delitos

En su escrito, el PP interesaba la imputación del PSOE como presunto responsable de «delitos de soborno y tráfico de influencias así como de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes». La acusación argumentaba que la presunta organización, «bajo el liderazgo» de Santos Cerdán, «realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo de influir en su ejercicio profesional; desarrolló diferentes actividades dirigidas a «destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afecta».

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