A toda velocidad. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido archivar la investigación contra los once agentes de la Guardia Civil investigados por torturas a Jordi Ros, detenido en la operación Judes el 23 de septiembre de 2019. Todo ello, en aplicación de la ley de amnistía. Curiosamente, es una nueva amnistía a miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, en cambio, se atasca en las amnistías a independentistas. Por otro lado, cabe destacar que la operación Judes está pendiente de la aplicación de la amnistía a raíz de la cuestión prejudicial interpuesta al TJUE por la Audiencia Nacional.
Según informa Alerta Solidària, defensa del caso, el procedimiento ya había sido archivado por el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell que lo justificó por falta de indicios de delito, decisión que fue impugnada. Ahora, la Audiencia Provincial descarta entrar a valorar si hay o no indicios de delito en la actuación de la Guardia Civil, «ya que entiende que los hechos entran en el ámbito de aplicación de la amnistía y, por tanto, es necesario resolver esta cuestión de forma preferente«.
Ni mirar las pruebas
Desde Alerta denuncian que la Audiencia de Barcelona ni ha entrado en el fondo del recurso de apelación. De hecho, aseguran que el escrito «desmentía claramente que no hubiera indicios de delito». Además, subrayaban que el Juzgado de Instrucción «no había cumplido con la anterior resolución de la Sección Tercera que le obligaba a investigar todos los hechos, ya que ni siquiera han llegado a declarar como investigados los agentes querellados». En esta apelación, y como ya había sido instada por parte de la defensa de los agentes, se pedía al tribunal que resolviera la cuestión de la amnistía, que había sido eludida por el Juzgado.
«Entendíamos que no abordar en este momento la aplicación o no de la amnistía no era más que un subterfugio, un fraude de ley, que habría permitido al juzgado instructor acordar el olvido penal una vez hubiera recibido de nuevo la revocación del sobreseimiento provisional por parte de la Audiencia», argumentan desde Alerta Solidària. Incluso, llegan a acusar al Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell, de «boicotear la investigación descaradamente». De hecho, concluyen que «estaba decidido a archivar la denuncia por torturas por cualquier vía».
En todo caso, la Audiencia considera que corresponde aplicar la Ley de Amnistía porque aunque excluye las torturas y los tratos degradantes, para los magistrados las amenazas, las coacciones y la privación del acceso a un abogado durante la detención en Sabadell no son suficientemente graves y cierra definitivamente la cuestión.
