Nuevo informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña que pone patas arriba la gestión de un ente de derecho público que parece maldito por su historia reciente. Se trata del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL), que recoge los restos de la venta de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat. Los auditores públicos han emitido un informe, el número 12/2025, en el que advierten del desorden de la entidad tanto desde el punto de vista normativo como contable, a pesar de que el síndico responsable del estudio, Josep Viñas, se ha limitado al ejercicio del año 2022 y al balance de pérdidas y ganancias. De hecho, el objetivo del estudio era comprobar que las cifras del ente público se presentaban tal como prescribe el «marco normativo de información financiera aplicable». Es decir, como determina la legislación.
El informe, al que ha tenido acceso El Món, carga contra diversos defectos e incumplimientos de una entidad que se creó en el año 2018 por decreto del Gobierno con el objetivo de gestionar el servicio público de abastecimiento de agua potable mediante las instalaciones de la red Ter-Llobregat, de titularidad de la Generalitat. En el año 2022 dependía de lo que entonces era el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. «Carencias en la documentación», falta de contratos de prestación de servicios públicos y concesiones, sin seguro e incluso, sin los estatutos formalizados. Los auditores hacen una serie de recomendaciones para intentar detener el caos administrativo y financiero de la entidad y reclaman que la Agencia Catalana del Agua se apresure a proporcionar los datos de los costos de la red o automatizar los procesos de cálculo y control del gasto.
Irregularidades detectadas y carencias de documentación
De hecho, la misma Sindicatura reprocha, en las conclusiones de la auditoría, que ha visto «limitado su trabajo de fiscalización». El reproche no es superfluo porque según la Sindicatura «esta limitación sobre una parte muy significativa del activo del balance podría hacer que este no reflejara la imagen fiel de la entidad». Como limitación se señala también que la Sindicatura no ha podido disponer del contrato de gestión y prestación de servicios públicos, en régimen de concesión, para la gestión del servicio de suministro de agua en alta.
Los contables públicos también critican que en noviembre de 2024, -cuando terminaron el trabajo de campo de la fiscalización- «la entidad no tenía unos estatutos aprobados, en contra de lo que prevé la normativa». «Tampoco había suscrito ni iniciado los trámites de elaboración de un contrato programa con el departamento de adscripción, ni un programa de actuaciones, inversiones y financiamiento», añaden. Incluyen en las carencias que no se ha asegurado el inmovilizado material desde el ejercicio 2021. «Se considera que el inmovilizado de ATL, por su importancia cualitativa, cuantitativa y estratégica, debería disponer del correspondiente seguro para pérdidas o daños materiales», recuerda la Sindicatura.
En la misma línea, los auditores destacan que, el 31 de diciembre de 2022, no se disponía de ningún inventario ni de la documentación de soporte del inmovilizado material que proviene de la antigua empresa ATL. Asimismo, respecto al inmovilizado, los síndicos tiran de las orejas a ATL porque no están plenamente de acuerdo con «la grabación y el cálculo de la amortización acumulada» de los bienes que provienen de la antigua empresa.
Sin provisiones de gasto
En otro aspecto de la auditoría, la Sindicatura incide en las provisiones que el ATL debería haber hecho en su sistema contable. En concreto, el informe subraya que debería haber provisionado los importes estimados en las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre de 2022. Importes derivados de los recursos presentados por la sociedad concesionaria a consecuencia de la liquidación del contrato para la gestión del servicio de suministro de agua. Es decir, los procesos abiertos por la guerra judicial abierta con Aigües de Barcelona y la Generalitat. En síntesis, se tratarían de 304,41 millones de euros, más el importe de la garantía definitiva, 29,86 millones de euros, al cual se le debe sumar el importe de los gastos de mantenimiento del aval que garantizaba el recurso desde el año 2019. Un aval que tampoco se ha cuantificado en las cifras de la entidad.
La Sindicatura también echa en falta, en el balance hecho el 31 de diciembre de 2022, la provisión de 15,33 millones de euros y en la cuenta de pérdidas y ganancias, falta la dotación anual al fondo de reserva por 4 millones de euros. Unos importes que provienen del Fondo de Sequía que se aprobó en el año 2019. En la misma línea, los auditores destacan las pérdidas económicas de la entidad en el año 2022, de 9,29 millones. Una cifra que, a juicio de la Sindicatura, «indica que las tarifas del agua aplicadas no estaban cubriendo los gastos previstos según el Decreto legislativo 3/2003». «Hay que tener en cuenta que estas tarifas no se modifican desde el año 2016», enfatiza el informe. Esto, para la Sindicatura se traduce en el hecho de que las tarifas no permitían la recuperación de los costos del servicio.
