Todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Transición Ecológica, a excepción del PSC, han rechazado los informes de cumplimiento del Gobierno respecto a dos resoluciones aprobadas en el Parlamento. CUP, ERC, Junts y PP –Vox, Comuns y Aliança no estaban presentes– han unido fuerzas para rechazar las explicaciones del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en materia de residuos y de gestión de los suelos contaminados por metales pesados en Sant Julià de Llor i Bonmatí. La decisión de la comisión parlamentaria deja en evidencia la gestión de la consejera Sílvia Paneque ante las demandas de la cámara catalana y el incumplimiento de dos propuestas de resolución de la CUP con medidas concretas y urgentes para acelerar la tramitación legislativa y garantizar la protección ambiental y de la salud pública en las comarcas gerundenses.
En primer lugar, la resolución sobre la nueva ley de prevención de residuos pedía acelerar la redacción del texto legal, impulsar proyectos de plantas de compostaje con el Consejo Comarcal del Gironès y subvencionar el costo extraordinario del transporte de la fracción orgánica cuando se debe desplazar a más de 40 kilómetros. Esta última medida pretende evitar que la Generalitat termine penalizando económicamente a la ciudadanía por el costo del servicio de recogida. Sin embargo, la respuesta de la consejería ha sido calificada de insuficiente por la oposición. Según denuncia el diputado de la CUP Dani Cornellà, la Agencia Catalana de Residuos «apenas ha elaborado el anteproyecto» y el Gobierno no aporta ninguna solución efectiva para financiar las plantas locales ni para evitar el impacto del aumento de las tasas sobre los ciudadanos.
El segundo foco de conflicto se centra en la situación de la empresa Exide Technologies Recycling, SL, en Sant Julià de Llor i Bonmatí. La resolución parlamentaria instaba al Ejecutivo a obligar a la compañía a descontaminar los terrenos afectados por plomo y otros metales pesados, además de realizar controles analíticos mensuales y trimestrales alrededor del canal de en Mates y la zona de la Rompuda. El informe presentado por la consejera Paneque concluye que, según la normativa vigente, la afección detectada en el suelo no se considera «suelo contaminado», por lo que la empresa no tiene la obligación legal de proceder a su limpieza. Asimismo, el Ejecutivo tampoco está llevando a cabo los análisis periódicos solicitados ni ha hecho referencia al compromiso de instalar una estación de medición continua de materia particulada.
Indignación parlamentaria y críticas a la gestión de Paneque
Ante esta situación, la votación en la comisión ha certificado el rechazo frontal de la oposición a los argumentos del Gobierno. El diputado anticapitalista Dani Cornellà ha expresado su indignación por la falta de concreción de la consejería: «Nuevamente, constatamos que los acuerdos adoptados en el Parlamento son papel mojado para la consejera Paneque y que su gestión al frente de este departamento es un desastre». Cornellà ha lamentado que el Ejecutivo pase por alto los mandatos de la cámara catalana, especialmente cuando se trata de iniciativas dirigidas a «mejorar la seguridad y la salud de la ciudadanía de Sant Julià de Llor i Bonmatí o para rebajar y hacer más justo el precio que paga la ciudadanía de muchos municipios gerundenses por la recogida selectiva».
Desde Junts, el diputado Jordi Monell ha lamentado la «respuesta breve» de la consejera. «La respuesta del Gobierno esquiva el problema y no cumple las expectativas de la ciudadanía de Sant Julià de Llor», ha criticado antes de confirmar que votarían en contra de la gestión de Paneque. El diputado de ERC Juli Fernàndez se ha adherido a las explicaciones de Cornellà y Monell porque el Gobierno no ha dado cumplimiento a las propuestas de resolución aprobadas por la comisión. Finalmente, Jaume Veray, del PP, ha reclamado al ejecutivo que «gobierne y lidere de una vez» y ha expuesto que los mismos vecinos denuncian que «no se ha hecho nada». Asimismo, ha apuntado a la «connivencia del ejecutivo con la empresa. Incluso el PSC, que se ha quedado solo defendiendo la actuación del Gobierno, ha reconocido que «se podrían haber hecho más cosas».
