Òmnium Cultural, ejerce de acusación particular a Girona contra 27 policías nacionales y guardia civiles investigados por las cargas que se produjeron a Girona y en Aiguaviva durante la 1-O y se opone a que los autores de las cargas queden amnistiados. Cuando se aprobó la ley de amnistía, el juzgado dio diez días a las partes para pronunciarse y las defensas de los policías españoles han solicitado la aplicación de la amnistía. Benet Salellas, abogado de Òmnium, ha rechazado que se amnistie los policías españoles y ha pedido al juzgado que se «deniegue la solicitud de declaración de extinción de responsabilidad por vía de la amnistía». Salellas argumenta que la acción policial está fuera de la ley y que sería «incompatible» con el derecho internacional y los derechos humanos, tal como recoge el ACN.
Hay que recordar que se presentó una querella conjunta por las actuaciones policiales a Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva, y solo se investigan las cargas de Girona y Aiguaviva, puesto que la intervención policial en Sant Julià de Ramis quedó impune a lo largo de la instrucción.
La amnistía complica el proceso judicial
Con la entrada en vigor de la ley de amnistía el juez dio diez días a las partes, y las defensas de los policías han pedido una amnistía que para el abogado de Òmnium «los hechos por los cuales se ha instruido la presente causa queden fuera del ámbito objetivo de aplicación», puesto que el único supuesto que prevé la ley es que queden eximidos de responsabilidad penal en acciones hechas «en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinante de responsabilidad penal o administrativa».
Precisamente Òmnium destaca que las intervenciones del 1-O «en ningún caso estaban dirigidas a impedir delitos ni infracciones administrativas» y que «ninguna resolución judicial, ni del Tribunal Constitucional ni del TSJC prohibió a la ciudadanía de ejercer su derecho de reunión y manifestación el día 1 de octubre del 2017. El hecho de congregarse en centro de votación y ejercer su derecho a voto, no transgredía ninguna norma».
En cuanto a la actuación de los antidisturbios españoles, Salellas señala que estos superaron » el umbral mínimo de gravedad», actuando con «virulencia» y queriendo «provocar miedo, angustia y sentimientos de inferioridad», por eso considera que no juzgar los policías españoles dejaría impune una vulneración de derechos humanos.
