Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, queda a las puertas del juicio por la investigación de fraude fiscal que pesa sobre él. La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha procesado a González Amador por dos delitos de fraude y uno de falsedad documental. En la misma pieza, también se investigan cuatro personas más, así como varias empresas, por haber defraudado 350.951 euros entre 2020 y 2021. Las partes aún pueden presentar un recurso contra la decisión de la jueza, así como solicitar su archivo o nuevas diligencias, y la acusación puede presentar su escrito.
Iglesias ha convertido las diligencias previas en un procedimiento abreviado, acelerando el calendario de la causa -una de las dos que pesa sobre González Amador-. En esta, la pareja de Ayuso y cuatro hombres más constan como administradores de varias empresas que habrían emitido hasta 15 facturas falsas, detectadas por la Agencia Tributaria. Los gastos habrían servido para ocultar beneficios extraordinarios durante la pandemia, y habrían ahorrado al acusado estos cerca de 351.000 euros en obligaciones con Hacienda en concepto de impuesto de sociedades. Cabe recordar que, además de esta investigación, González Amador también consta como investigado en una causa por corrupción entre privados y administración desleal vinculada con Quirón Salud.
Ingresos y gastos ficticios
Según el auto de la jueza, los acusados habrían vehiculado su actividad a través de una «sociedad instrumental para trasladar ficticiamente parte de la actividad desarrollada y contratada con terceros». González Amador y sus socios habrían «simulado que esta es la prestadora de los servicios, cuando se acredita que no cuenta con los medios personales ni materiales adecuados». Además, atribuye a la pareja de Ayuso la capacidad de «disponer libremente de los fondos percibidos» por las sociedades en cuestión.
Por otra parte, la fiscalía encuentra «gastos ficticios basados en facturas emitidas por varias sociedades». En la denuncia de la acusación, de hecho, se registran «gastos que no se corresponden con los servicios realmente prestados» por las empresas investigadas. La investigación se fundamentaba en un informe de la Agencia Tributaria que detectaba un «fraude tributario cuantificado en una cantidad superior a 120.000 euros» y un «presunto delito de falsedad documental mercantil».
