España y Alemania abrirán un “diálogo bilateral” para avanzar en el reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. El anuncio llega tras las advertencias de Junts para forzar un “cambio” de rumbo en el gobierno español por los reiterados incumplimientos de los acuerdos de Bruselas de 2023. También supone un giro de 180 °C respecto al anuncio que hace apenas tres días del secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, que reconoció que no querían volver a elevar la cuestión al Consejo de Asuntos Generales de la UE hasta que haya unanimidad entre los 27.
Fuentes de la Moncloa han explicado que la declaración es fruto de “meses” de trabajo y aseguran que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, abordaron la cuestión en una reunión que mantuvieron en septiembre. Las mismas fuentes aseguran que el impulso definitivo se ha producido esta semana durante el Consejo Europeo y evitan vincular el anuncio a las amenazas de Junts, que la semana próxima celebrará una reunión de su ejecutiva para “evaluar” el grado de cumplimiento de los acuerdos firmados con el PSOE hace dos años y decidir qué acciones emprender. Los de Carles Puigdemont se plantean o bien romper relaciones con el PSOE y consultar a la militancia, o bien optar por una política de “brazos cruzados” y no aprobar ninguna ley en el Congreso que no sea beneficiosa para Cataluña.
Alemania es uno de los países que más reticencias ha mostrado a la incorporación del catalán como lengua oficial en la UE, junto con Finlandia, Suecia, Italia, Letonia o Lituania. La declaración conjunta firmada por los dos gobiernos dice que han acordado “abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española sobre el hecho de que sus lenguas oficiales distintas del español sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea de forma que sea aceptable para todos los estados miembros”.
Las reticencias de los países europeos
Las principales dudas que ha generado la propuesta española, acordada con Junts a cambio de investir a Francina Armengol como presidenta del Congreso, son el costo de la medida —que la Comisión Europea ha estimado en 132 millones para las tres lenguas cooficiales— y el peligro que suponga un precedente para otras lenguas minoritarias como el ruso, un extremo que genera mucha inquietud en Bruselas. Como respuesta, el gobierno español se ha comprometido a asumir el costo y ha aportado informes jurídicos que muestran la singularidad del estado español. Ninguna de las dos propuestas ha disipado las dudas de los socios europeos.
El documento reconoce que la oficialidad del catalán, del vasco y del gallego “constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España” y por eso han decidido “conjuntamente iniciar conversaciones bilaterales a partir de las cuales España presentará un texto para debate y decisión de los 27 estados miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales”. Con todo, los gobiernos español y alemán no hacen concreciones de calendarios y se limitan a decir que el diálogo “comenzará tan pronto como sea posible” por parte de los respectivos ministros de Exteriores. La próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales será el 17 de noviembre y la última del año está prevista para el 16 de diciembre.
