Después de que hace casi un año y medio la justicia española imputara al expresidente español Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, miembros del gabinete del Ministerio de Interior y agentes de la policía patriótica por la trama andorrana de la Operación Cataluña, se abre una nueva etapa. Este miércoles, el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (INDHA) –la entidad que, junto con la catalana Drets, ha instado como acusación particular un procedimiento histórico tanto en el Principado como el Estado español para investigar las actividades de las alcantarillas españolas contra el Proceso independentista catalán– ha registrado una «ampliación de querella» por lo que considera un «presunto crimen de estado que hay que investigar hasta las últimas consecuencias por el bien del país, y en defensa de la soberanía e independencia de Andorra».
Un denso escrito, de 192 páginas, al cual ha tenido acceso El Món, donde se añade la ingente prueba que en los últimos dos años ha emergido en varias causas judiciales paralelas, como la causa Tándem o el Emperador, a la Audiencia Nacional española, o a través de documentos y audios difundidos por este diario. Una gran cantidad de documentos que
En este escrito, también se pide la imputación de un importantísimo miembro del Servicio de Información de la Guardia Civil, el comandante Basilio Luis Sánchez Portillo que, como agente encubierto y con el nombre de Alfonso Ruiz, habría sido clave para hacer actuar en el Tesoro de los EE. UU. contra la Banca Privada Andorrana (BPA), la entidad financiera que tuvo que bajar la persiana después de las presiones para que informara sobre fondos y cuentas que tenían líderes independentistas o la familia Pujol. El escrito de ampliación se ha presentado este miércoles ante la Sección de Instrucción Especializada 2. La querella aporta un personaje nuevo, de momento, como testigo: el exministro de Economía, Luis de Guindos. Y reclama la «desclasificación» de todos los documentos secretos del Tesoro norteamericano que provocaron el cierre de la BPA.
Una conspiración de Estado contra la soberanía andorrana
La ampliación parte de una idea bastante contundente. «El Estado Español es quien presuntamente orquestó una operación de estado fuera de sus fronteras, violentando la soberanía e independencia de nuestro estado, el número 184.º ante las Naciones Unidas, para conseguir un fin político, en una guerra política contra ‘
Una operación que, según los abogados de INDHA y Derechos, ha «requerido de una asociación ilícita del expresidente español Mariano Rajoy, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el ex director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino, el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, el inspector Bonifacio Díaz y el ex agregado de Interior a la embajada de España de Andorra, Celestino Barroso«. Además, los promotores de la querella incluyen ahora al comandante Basilio Luis Sánchez Portillo. Por otro lado, la acusación popular también reclama que les investigue por falsedad en documento público.
Rajoy, la X de la organización
Según el relato de INDHA y Derechos, esta conspiración, que bautizan como «Operación Cataluña-BPA» fue «dirigida desde la Moncloa por la entonces presidente del Estado español, Mariano Rajoy». Una afirmación que defienden que se sostiene porque la documentación que han librado al juzgado andorrano demuestra que Rajoy se reunió «en varias ocasiones» con el entonces jefe de gobierno de Andorra, Toni Martí, y fue Rajoy «quien personalmente» fue a Andorra los días 7 y 8 de enero de, 2015, de visita oficial, semanas antes de la nota contra la BPA del Tesoro de los EE. UU., el FINCEN en el acrónimo en inglés. Unas reuniones que no se están de calificar de sorprendentes, porque «ningún otro presidente de gobierno del país del sur había hecho con esta insistencia y urgencia».
«Podemos asegurar», remarca el escrito, «que todas las personas que intervinieron en la operación Cataluña-BPA, desde Mariano Rajoy al último policía, actuaron como una auténtica asociación ilícita, puesto que la operación que diseñaron tenía, además de su fase política y diplomática, su fase delictiva, y todos sus miembros lo sabían y estaban el caso». Para los abogados de la acusación popular, fue una «organización que mantuvo unos vínculos permanentes y constantes, con una jerarquía claramente preestablecida, con una evidente voluntad de cometer delitos , y una coordinación entre todos ellos». Así concluyen que cada uno de los querellados, desde su ámbito, fuera de la «política, la diplomacia, la policía, o la inteligencia, y a través de «encuentros, presiones, informes sesgados, manipulados o falsos, así como intercambio de datos», llevaron a cabo un «plan preestablecido con un objetivo muy definido». Un objetivo que consistía a «conseguir información bancaria de los líderes independentistas catalanes de la entidad BPA, concretamente, «de la familia Pujol Ferrusola, del presidente Artur Mas y sus familiares, y de Oriol Junqueras y sus familiares».
Nuevas pruebas, imputados y testigos
El detallado relato del escrito de ampliación de querella analiza como consideran que llegó la información al Tesoro norteamericano para que se activara la «Nota del Fincen», que puso en peligro la BPA y, de retruque, el sistema bancario andorrano. Los letrados desgranan todo el entramado, la evolución de los hechos y qué papel tuvo cada querellado. En este sentido, resalta el delito de falsificación documental que habría servido para hacer llegar información falsa o no del todo cierta al Tesoro norteamericano sobre la gestión de fondo por parte de la BPA que provenían de Venezuela, México, la mafia rusa o la causa Emperador, con la implicación del magnate chino de tiendas de ropa y complementos Gao Ping. De hecho, el escrito hace una relectura de las pruebas acumuladas y reconstruye el que denomina «rompecabezas» de la operación que provocó uno de los pánicos bancarios más escandalosos del sur de Europa de los últimos años.
Para acreditar todo el relato, el nuevo escrito aporta nuevas pruebas documentales, pero también reclama a la Batllia andorrana la práctica de pruebas nuevas por acotar y aclarar el que tildan de «crimen de Estado» contra la «soberanía y la independencia andorrana». En este marco, reclama que se cite, como imputado, el comandante Luis Basilio Sánchez y, como testigo, Luis de Guindos, exministro de Economía de Mariano Rajoy. También en calidad de testigos, el escrito pide la comparecencia del ex secretario de Estado de Comercio del gobierno de España Jaime García Legaz. Así mismo, se reclama que se inicien los trámites para levantar la inmunidad diplomática a Celestino Barroso, que hasta ahora lo ha protegido de la acción de la justicia.
En cuanto a las autoridades andorranas, la ampliación solicita los testigos del exjefe del gobierno de Andorra Toni Martí; del exministro de Finanzas Jordi Cinca, del exministro de Asuntos exteriores Gilbert de Saboya y del exministro de Economía Jordi Alcobé. En esta línea, reclama la auditoría que la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra (AREB) hizo sobre las cuentas de la BPA y que se oficie en el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFand) para que remitan toda la documentación que enviaron a las autoridades financieras norteamericanas y españolas sobre la BPA. El escrito también pide que, por el «conducto procesalmente oportuno», se oficie al departamento del Tesoro de los EE. UU. y al FinCEN porque «desclasifique» todos los documentos para elaborar la «Notice of Finding» -la Nota del Tesoro que fue la clave de vuelta de la Operación Cataluña-BPA.
