Fue el pasado 26 de marzo cuando el portavoz de Junts en la comisión de investigación de la operación Cataluña, el hiperactivo Josep Pagès, registró una nueva solicitud de documentación. Una multitud de documentos que podrían ayudar a esclarecer cuál era el procedimiento de actuación de la policía patriótica y, sobre todo, en el escenario de lo que se conoce como la trama andorrana del dispositivo de las cloacas contra el Procés. De hecho, un caso que habría supuesto la caída y cierre de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y de su filial española, Banco de Madrid.
Tras las comparecencias del CEO de BPA, Joan Pau Miquel en la comisión y la declaración del expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que insistió mucho en la trama andorrana, Junts comenzó a recoger información. Precisamente, porque Rajoy se jactó de haber detenido a los tribunales andorranos contra su gestión. Cabe decir que la justicia española ha obstaculizado su imputación a través de un recurso de reposición y una maniobra procesal entre el juzgado contencioso-administrativo y el orden jurisdiccional penal. Todo ello en un contexto donde han aparecido correos electrónicos que aún implican más al gobierno Rajoy con el cierre de la BPA.
Todo lo que haya
En todo caso, a la vista de que la trama andorrana iba emergiendo, Junts registró una solicitud, a la que ha tenido acceso El Món, para reclamar «toda la documentación (e-mails, cartas, comunicaciones, informes, etc.) remitida desde el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, el SEPBLAC, el Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil al FINCEN -el Tesoro estadounidense- o a cualquier otra institución estadounidense (FBI, DEA, etc.) informando sobre la Banca Privada d’Andorra».
La justificación de la solicitud se basaba en la necesidad «de obtener el informe remitido por el comandante de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo desde el SEPBLAC al FINCEN de los Estados Unidos al que él mismo se refirió en un programa de los servicios informativos de Telecinco, concretamente en un reportaje de marzo de 2015 titulado «Una investigación de la Guardia Civil destapó la suciedad de la banca andorrana». Por cierto, Sánchez Portillo es un guardia civil encubierto que tiene como abogado al actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, que a su vez también defiende al inspector de la UDEF que se inventó el informe del pendrive de los Pujol que ha terminado con una condena al exdirector Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino.
Pagès también exige los e-mails internos del SEPBLAC donde aparezcan palabras clave como «Pujol, Trias, Mas, Puigdemont, Junqueras, Rosell, Puig, Catalunya, ANDORRA Sumarroca, Monje, FC Barcelona, Cierco, Boye, Madí, Vinyals, Miquel Prats, Dagá, Grífols, Venezuela, venezolanos, Villalobos, Petrov, rusos, Gao Ping, chinos y UIFAND (Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra)». También incluye en la solicitud las peticiones de información realizadas por el SEPBLAC a otras unidades extranjeras o de inteligencia financiera con las siguientes palabras clave: «Pujol, Trías, Mas, Puigdemont, Junqueras, Rosell, Puig, Catalunya, Andorra, Sumarroca, Monje, FC Barcelona, Cierco, Boye, Madí, Vinyals, Miquel Prats, Dagá, Grífols, Venezuela, venezolanos, Villalobos, Petrov, rusos, Gao Ping, chinos y UIFAND (Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra)».
