Novedades en la causa andorrana abierta a raíz de la Operación Cataluña en el Principado contra la cúpula del ministerio del Interior español que dirigía Jorge Fernández Díaz durante la presidencia de Mariano Rajoy. Según ha podido saber El Món, la sección de Instrucción Especializada 2 de la alcaldía andorrana -el juzgado- ha designado ya abogados de oficio para el exdirector Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, y por su mano derecha el inspector Bonifacio Díez, alías Boni. Todos imputados a raíz de la querella que presentaron el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y la entidad catalana Derechos. A la querella se sumaron los hermanos Ramon y Higini Cierco, los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad financiera víctima del entramado político-policial contra el proceso soberanista de Cataluña y contra la familia Pujol Ferrusola.
Una instrucción donde también están investigados, el mismo expresidente español, Mariano Rajoy, el exministro del Interior Fernández Díaz y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los tres, pero, con un enrevesado procedimiento dilatorio en España para intentar escabullirse de la acción de la justicia andorrana. Por su parte, Francisco Martínez «Paco Bomba», exsecretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz ya ha designado abogado propio. Todavía no se ha hecho ninguno designa por Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía.
Un nombramiento que permite continuar
El nombramiento de los abogados de oficio permitirá ahora a la alcaldesa continuar diferentes indagaciones con los personados que podrán tener acceso al sumario. Ahora bien, las declaraciones tendrán que esperar que la justicia española decida sobre los recursos interpuestos por Rajoy, Montoro y Fernández Díaz a las comisiones rogatorias andorranas. Unas comisiones que, si bien, en primera instancia fueron cursadas, después por una rendija legal, fueron paradas en una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se va a tener que autoenmendar.
El nombramiento llega justo la semana que el fiscal general de Andorra ha presentado sus conclusiones contra los ejecutivos de la BPA en el primer juicio de la entidad que supuestamente habría sido víctima de la Operación Cataluña. Un juicio sobre blanqueo de capitales bautizado como «Caso Gao Ping» que en España todavía se tiene que juzgar a la Audiencia Nacional con el nombre de Operación Emperador. De hecho, la tesis de la querella es que utilizaron este caso, y otros, para presionar la BPA con denunciarlos al Tesoro de los Estados Unidos si no daban información sobre cuentas corrientes o fundes que presumiblemente tenían los líderes independentistas a la entidad.
Finalmente, una «Nota» del Tesoro de los EE. UU. activó los mecanismos para intervenir la BPA y su filial española Banco de Madrid que acabaron bajando la persiana. Un cierre que, por ahora, se encuentra judicializado al entender los antiguos propietarios y accionistas que no había motivo financiero para cerrar las entidades. La jueza ve en la conducta de los imputados indicios de la comisión del delito del artículo 322 del Código Penal de Andorra, que describe el ataque a la soberanía andorrana a través de las coacciones, las amenazas, la extorsión y el chantaje.
