La Fundación Resilis, una de las entidades implicadas en el escándalo del caso DGAIA, continúa trabajando con el departamento de Derechos Sociales. Así lo admite la misma consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, en una serie de respuestas parlamentarias presentadas este mes de febrero en la cámara catalana. De hecho, la consejera asegura que no puede prescindir de esta entidad aunque la Oficina Antifraude de Cataluña la esté investigando. Asimismo, la consejera ha entregado un documento, al cual ha tenido acceso El Món, donde certifica que Resilis cobró de la Generalitat, entre 2015 y octubre de 2025, un total de 178.905.892,5 euros por los diferentes servicios prestados. Una estadística que por importe y por concepto muestra cómo Resilis es una de las empresas que presta más servicios al departamento de Derechos Sociales.
Según explica Martínez Bravo, el departamento ha tenido que prorrogar el contrato con la Fundación Resilis de la Dirección General de Atención y Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPIPIA), la nueva nomenclatura de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) cuando el Gobierno decidió reestructurarla y renombrarla después del informe de la Sindicatura de Cuentas y varios escándalos sobre menores bajo su tutela. De hecho, un escándalo que ya ha traspasado fronteras desde que la CUP llevó el informe a la oficina antifraude europea y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas anunció que abría una pieza de responsabilidad patrimonial por la gestión de la DGAIA.
En la respuesta parlamentaria, a preguntas de Vox, la consejera alega «criterios técnicos y jurídicos que justifican la prórroga» y descarta, por ahora, la «posibilidad de rescindir el contrato con la fundación» hasta que, como mínimo, finalice una auditoría que aún está en curso. Precisamente, una auditoría de la misma fundación que culpa al Gobierno del caso DGAIA. En todo caso, la consejería reconoce que, de momento, no puede dejar de trabajar con la fundación que ha sido objeto de denuncia en la Oficina Antifraude y que es fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas.
Exculpa a Resilis de uno de los puntos investigados
La consejera, sin embargo, señala, «con carácter previo», que los «pagos indebidos por presuntos incumplimientos de requisitos de la prestación citados en el Informe de la Sindicatura de Cuentas corresponden a un período anterior a la época en que el Servicio de Valoración y Seguimiento de las Personas Jóvenes Ex tuteladas (Sevap) fuera gestionado por la Fundación Resilis». Un dato que desvía la atención de las principales observaciones del informe, que menciona especialmente a la fundación por las obligaciones que tenía adjudicadas por parte del departamento respecto a servicios de la DGAIA, entre las cuales se cuentan los jóvenes tutelados.
«Cabe destacar que, durante el período fiscalizado, la fundación privada Resilis, la Fundación Mercè Fontanilles y las UTE constituidas por ambas fundaciones supusieron unas obligaciones reconocidas de 147,29 millones de euros, que representan el 18,7% del total de gasto», detallaba la Sindicatura en su informe para enfatizar el protagonismo de la fundación en las contrataciones y adjudicaciones del departamento. De hecho, ha sido la misma fundación la que ha elaborado un informe de cumplimiento que se quita las pulgas de encima y culpa a la Generalitat del descontrol financiero y de los pagos a los jóvenes que gestionaban.
La consejera alega que no es necesario ningún informe previo para prorrogar el contrato
Por otro lado, en otra respuesta parlamentaria, la consejera justifica que se continúe trabajando con Resilis a pesar de que haya una investigación pendiente. Así, remarca que no se solicitó informe previo a la Oficina Antifraude de Cataluña o a la Intervención General de la Generalitat de Cataluña «sobre la idoneidad de mantener a la Fundación Resilis como adjudicataria del contrato para la gestión del servicio de valoración y seguimiento de las personas jóvenes ex tuteladas» porque la legislación no lo prevé. «Los procedimientos de contratación se rigen por la legislación de contratos, que es donde se determinan los pasos a seguir tanto para las prórrogas como para la eventual rescisión de un contrato», alega Martínez Bravo. «En estos procesos de valoración de la idoneidad de las posibles prórrogas de los contratos no intervienen ni la Oficina Antifraude de Cataluña ni la Intervención General», sentencia.
Además, añade que para garantizar el «cumplimiento de los actuales requisitos de la prestación, continuará siendo necesario disponer de un equipo especializado que haga el seguimiento del Plan de Trabajo Individualizado (PTI), donde se definen los objetivos educativos y laborales de cada joven ex tutelado». «Por este motivo, se ha prorrogado de manera administrativa el servicio del Sevap, hasta que se formalice una nueva contratación adaptada a las necesidades del nuevo servicio», sostiene la consejera para defender la continuidad de Resilis.
Casi 179 millones pagados a Resilis en once años
Asimismo, un informe aportado por la misma consejera al Parlamento, al cual también ha tenido acceso El Món, desglosa los importes que ha recibido Resilis desde 2015 hasta finales de octubre de 2025, tanto por ejercicio como por concepto contractual. En total, Resilis ha cobrado de la caja de la Generalitat un total de 178.905.892,50 euros en estos once años. Un importe que muestra la cantidad de servicios que Resilis factura a cuenta de la Generalitat. Por conceptos, el servicio por el cual más dinero ha percibido Resilis ha sido el de los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE), con un total de 67.672.800 euros. En 2018, 2023 y 2024 fueron los años que el importe subió más: en el primer caso, se superaron los 8 millones de euros, y en los otros dos años, el servicio costó más de 7 millones.
El segundo servicio por el cual Resilis cobró más durante estos casi once años –las cifras de 2025 llegan hasta finales de octubre– fue el de los Centros Residenciales de Educación Intensiva (CREI), por los cuales la fundación recibió un importe de 56.385.413,89 euros. En cuanto a los Centros de Acogida (CA), en estos años Resilis cobró 25.415.066,18 euros. El año 2018 fue el que recibió un importe más alto, con 3.199.941,91 euros, seguido de 2020, con 2.829.004,97 euros. En cuanto a los EVAMI, acrónimo de Equipos de Valoración de Maltratos Infantiles detectados en el ámbito sanitario, la entidad percibió 4.651.346,34 euros por asumir este servicio. Por el Servicio de Primera Atención e Información (SPAI), cobró entre 2015 y 2025 8.316.210,78 euros y, por el Servicio de Protección de Emergencia, 2.644.388,56 euros.
