Serán dieciséis días de juicio, todos durante el mes de febrero, en la sección cuarta de la Audiencia Nacional. Es el caso Mercasa, la empresa pública española que se dedica a la construcción y gestión de los mercados centrales de abastecimiento. Un sumario que después de una larguísima instrucción del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional llega este lunes a la primera sesión de la vista oral. De hecho, Mercasa es una de las empresas involucradas en el caso Hirurok, donde se investigan antiguos cargos de la Sociedad Española de Propiedades Industriales (SEPI) por contratos con Servinabar, la empresa a través de la cual se ha implicado al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán en un caso de posibles comisiones irregulares a cambio de contratos públicos.
En este caso, el tribunal deberá evaluar las peticiones de pena de hasta 8 años de prisión que presenta la fiscalía especial contra la corrupción contra 17 personas y contra Mercasa, Incatema, Tuy Cincuenta y el Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) por sus operaciones en Angola y en la República Dominicana. Se les atribuyen delitos de corrupción en transacciones internacionales, falsedad documental continuada, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y organización criminal. Todo ello por un proyecto llave en mano de un mercado central mayorista en la capital de Angola, Luanda.
Según el escrito de calificación de la fiscalía y del auto de apertura del juicio oral dictado por el magistrado José de la Mata, Mercasa y el resto de empresas montaron una trama a través del Consorcio Incatema Consulting para poder obtener contratos públicos en Angola y la República Dominicana entre 2006 y 2016. Unas adjudicaciones que, a criterio del juez y la fiscalía, se lograron con jugosas «comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios de Angola» que participaron en el concurso de adjudicación. Los contratos ascendieron hasta los 500 millones de dólares, de los cuales llegaron a cobrar 200. Un caso que el juez instructor calificó «de absoluto desprecio al derecho y más inaceptable aún en una empresa pública española como Mercasa».
Un comisionista que fue la clave
Los indicios recogidos por la instrucción apuntan que las empresas y sus administradores planificaron la obtención de los contratos a través de sobornos y comisiones. Un dinero que habrían hecho llegar a través de los «servicios de un comisionista angoleño llamado Guilherme Taveira Pinto«, un hombre buscado por varias jurisdicciones internacionales, incluso por España, por su participación en el caso Defex, de venta de material militar español a Angola, así como a Camerún y Arabia Saudí.
La tesis de la instrucción es que las comisiones que hacían llegar a las autoridades y funcionarios de Angola se pagaban con dinero que procedía de los contratos públicos de las empresas españolas que, a su vez, se camuflaban en pagos de contratos de colaboración con sociedades como Sonadi, Soter y Metab, que controlaba el mismo Taveira Pinto. Unos contratos que el magistrado, en un auto de 218 páginas al que ha tenido acceso El Món, considera más falsos que una moneda de tres euros de los cuales ve indicios que tenían el carácter «de instrumentales», con la única «finalidad de pagar comisiones por servicios ilícitos». El juez calculó que las comisiones ascendían a unos 20 millones de euros.
Dinero de Mercasa, desviado
Por otra parte, la investigación abrió otra vía de irregularidades. En detalle, que los administradores de Incatema e Ibadesa, con los administradores de la empresa pública Mercasa, se apropiaron, sin dar ninguna explicación, de fondos de la empresa por importe de 6 millones de euros. Un dinero que se cobraba a través de sociedades y «ocultados con contratos falsos». De hecho, la fiscalía calcula que se apropiaron de 16.147.404,85 euros públicos.
Para el juez, el sistema de los 18 acusados suponía un modus operandi que se repitió en la República Dominicana, Panamá -dos piezas archivadas- y Argentina. En concreto, se concertaban para «conseguir, mantener y modificar contrataciones públicas a través del pago de comisiones». Todo ello con sociedades que simulaban ser «consultorías» que cobraban una comisión porcentual del volumen del contrato público que se lograba firmar.
Un dinero que se «canalizaba en cuentas bancarias tituladas por sociedades instrumentales o pantalla controladas por los comisionistas contratados por las empresas españolas». Los cálculos de las comisiones oscilaban entre el 2% y el 8%. Unos hechos que el juez instructor consideró un «desprecio al derecho, a las normas legales y éticas, impulsadas por una política de beneficio a cualquier precio». Un hecho que «resulta absolutamente insoportable en una sociedad mayoritariamente pública como es Mercasa, que persigue intereses públicos muy importantes y relevantes y CMIC que tenía participación pública».
