La primera jornada del juicio contra la familia del expresidente Jordi Pujol sirvió para exponer todos los indicios y pruebas recogidas que impregnan el caso de motivos políticos. Es decir, como inicio de la operación Catalunya. La fortaleza de las argumentaciones de las defensas fue suficientemente convincente a la vista de que el tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, se comprometió en la última sesión a estudiar «el origen político del caso».
De ahí que las defensas hayan aportado prueba documental, a la cual ha tenido acceso El Món, que añaden más sospechas sobre la intencionalidad con que se abrió la causa contra los Pujol-Ferrusola. En concreto, la conspiración de diferentes poderes contra el proceso soberanista. Los mismos poderes que veían al expresidente como un líder de la causa independentista y que, de rebote, pensaban que su caso podía tapar o reducir el escándalo de la monarquía española a raíz del asunto de Botsuana y la relación de Juan Carlos de Borbón con la aristócrata alemana Corinna Larsen.
De ahí que ahora se haya puesto el foco en el papel de la Fiscalía Anticorrupción en el caso y en la conexión con la trama andorrana de la operación Catalunya. De hecho, el papel de la fiscalía en el caso Pujol ha sido puesto en duda a raíz de una denuncia de coacciones a un testigo, del caso Peñaranda y de la extraña operación Llampec para conseguir los balances, los números de cuentas y el listado de clientes de la BPA en una acción en la embajada de España en Andorra. Ahora, unos documentos aportados a la causa evidenciarían una maniobra del ministerio público con los expropietarios de la BPA que habrían servido para continuar la causa contra los Pujol y, de rebote, ordenar la prisión para Jordi Pujol Ferrusola.
Un encuentro sin precedentes
Precisamente, la defensa de Josep Pujol, ejercida por el letrado Jaime Campaner, pidió al tribunal aclarar una visita de los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) a la Fiscalía Anticorrupción. Una reunión que se celebró justo después de que España enviase la comisión rogatoria al Principado para reclamar la información financiera de los Pujol publicada por el diario El Mundo. Un trámite que hacía fruncir el ceño a la justicia andorrana. Esta comisión rogatoria despertaba el caso Pujol de una curiosa letargia de dos años, dormido desde la declaración de Victoria Álvarez y la denuncia policial, nunca ratificada en un juzgado, de Javier de la Rosa.
A raíz de las tres primeras jornadas de juicio, que se reanudará el próximo 12 de enero, han aparecido documentos aportados al sumario que demuestran la celebración de esta reunión, con un intermediario como es el abogado Javier Iglesias, alias El Largo o El Capillas –el hombre que había hecho de puente entre el comisario José Manuel Villarejo y Mariano Rajoy para encontrarse en la sede del PP el 12 de marzo de 2014. Según esta documentación, de una treintena de folios, el 31 de marzo de 2017, Higini Cierco, copropietario de la BPA, se reunió con el entonces jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix. Un cónclave en el que también participaron la fiscal del caso, Belen Suárez, ahora promocionada al Tribunal Supremo, y Fernando Bermejo, ahora representante del ministerio fiscal en la vista oral.
Todo de Andbank
Los documentos que aportaron los entonces propietarios de la BPA fueron certificados de ingresos de fondos de miembros de la familia Pujol de la entidad Andbank, es decir, la entidad financiera donde la familia del expresidente tenía el dinero antes de ser transferidos a la BPA. De hecho, en estos documentos también había un supuesto manuscrito de Marta Ferrusola del 14 de diciembre de 1995, donde pedía el «traspaso de dos misales» de la cuenta de la Banca Reig, el nombre de la entidad que se convirtió en Andbank. De hecho, El Mundo también había publicado las «transferencias» que Andbank había enviado a las cuentas de la BPA de la familia del expresidente.
Precisamente, esta información sobre los movimientos de Marta Ferrusola fue filtrada a la prensa, al diario El Independiente, un mes después de la celebración de la reunión. Un cónclave que no se comunicó hasta el 25 de abril del mismo 2017 al Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que instruía el caso, coincidiendo con la declaración de Jordi Pujol Ferrusola. Trece días después, el 7 de mayo, se publicaban movimientos de la esposa del expresidente por importe de 30 millones en el diario El Independiente.
Dos días después, el 9 de mayo de 2017, Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía y hierro del mando de la policía patriótica, se enviaban whatsapps con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Una conversación en la que se jactaban de haber montado el caso Pujol antes de ser relevados y criticaban que ellos habían amasado el pastel y ahora otros lo probaban. En concreto, en los whatsapps, a los que El Món ha tenido acceso, Pino escribía a Martínez, a raíz de la noticia de Marta Ferrusola: «Pujol, un éxito de JFD [Jorge Fernández Díaz] y su equipo que ahora pretenden capitalizar otros que ni saben nada ni lo entienden». Martínez, lacónico, respondía: «Sí… ahora nadie dirá que haya sido la policía patriótica de Fernández». Pino es, por ahora, el único condenado por la operación Catalunya a raíz del caso del pendrive de los Pujol. Es decir, se apuntaban el gol de la operación contra los Pujol desde el sanedrín del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, relevado unos meses antes, en noviembre de 2016.
Los efectos del encuentro
Pero el efecto más patente del encuentro entre la fiscalía y los propietarios de la BPA fue que entrase en juego el fiscal general del Estado del momento, José Manuel Maza, muerto súbitamente en noviembre de 2017. Maza mantenía una extraordinaria relación con Villarejo, hasta el punto que el día antes de ser nombrado fiscal general, el 24 de noviembre de 2016, presentó un libro sobre la seguridad vial en un acto que el comisario grabó. De hecho, asistió acompañado de otro amigo, el comisario José Luis Olivera, jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO). Cabe destacar que hay audios que muestran cómo Villarejo fue una ayuda a la que recurrió Maza para operaciones que rozaban la legalidad.
Además, según consta en el sumario Tándem del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Villarejo intercedió ante Maza para que nombrasen a Manuel Moix como fiscal anticorrupción. Sea como sea, el 27 de febrero de 2017, Moix asumió el cargo, pero solo permaneció 87 días porque se filtró que tenía una sociedad familiar off shore en Panamá.
Maza y Moix querían sacarse la espina de no haber podido encarcelar a Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente, tal como habían insistido al juez José de la Mata después de cuatro horas de declaración el 12 de enero de 2017. La causa contra Oleguer fue archivada en julio de 2023. Con la documentación aportada por los Cierco a la fiscalía, aprovecharon para reclamar al mismo juez el encarcelamiento de Jordi Pujol Ferrusola, que el magistrado ordenó el 25 de abril de 2017. Con estos documentos en la mano, las defensas de los Pujol Ferrusola quieren averiguar qué se pactó en aquel encuentro a cambio de la información que se entregó y cómo se utilizaron los documentos para completar la acusación contra los Pujol-Ferrusola.
