La crisis migratoria desencadenada a finales de julio ha vuelto a poner Ceuta en el centro de la agenda de Madrid y ha evidenciado, una vez más, la dependencia de la ciudad respecto del Estado. La entrada masiva de personas el 30 de julio desbordó las capacidades ordinarias de las administraciones locales y obligó al gobierno español a declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, activar un mando único y movilizar recursos extraordinarios para recuperar la normalidad.
Pero al margen de esta nueva crisis humanitaria y migratoria, la ciudad autónoma es para España un símbolo de soberanía, frontera e identidad nacional. Su estatus permite reforzar la idea de que la soberanía española también se ejerce en África y que la frontera española —y, por extensión, europea— llega hasta el norte de África. Ceuta también es una pieza delicada de la política exterior española: Marruecos reivindica Ceuta y Melilla como parte de su territorio, mientras que España las considera ciudades españolas de pleno derecho y, por tanto, mantener una presencia institucional, militar y económica refuerza la posición española.
Por todo ello, mantener izada la bandera española en Ceuta es vital para los ejecutivos españoles, dispuestos a pagar la factura que sea necesaria para que sea viable económicamente. No se trata solo del costo ordinario de los servicios públicos de una ciudad situada en una posición geográfica excepcional, sino de un entramado de bonificaciones fiscales, reducciones de cotizaciones, ayudas directas, garantías públicas y medidas específicas que el Estado ha ido ampliando para compensar los desventajas estructurales de la ciudad. Hoy se conoce bastante bien el esfuerzo que hacen las arcas públicas en Ceuta, pero no existe el detalle de cuál es el retorno neto que obtiene el conjunto de España.
La magnitud de la apuesta ha quedado especialmente clara esta misma semana. El gobierno español ha aprobado un paquete de 309 millones de euros para Ceuta hasta finales de 2026, una cantidad equivalente al 16% del PIB de la ciudad en términos anuales. El paquete se destina a reforzar la economía, los servicios y otros ámbitos: 80 millones corresponden específicamente a la actividad económica y al tejido productivo, 36,6 millones en ayudas directas a empresas y autónomos, 14 millones para el comercio y el turismo, 12 millones en medidas fiscales, 12,2 millones derivados de la bonificación de cotizaciones sociales y 50 millones en garantías del ICO.
Además, la Moncloa ha elevado del 50% al 60% la bonificación del impuesto de sociedades para las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla que cumplan los requisitos del régimen especial. También amplía los criterios para determinar la renta que se considera obtenida en la ciudad e incrementa hasta el 75% la bonificación de determinadas cotizaciones empresariales. Según las estimaciones del Ministerio de Economía, estas medidas supondrán al Estado la pérdida de 49 millones de euros anuales de ingresos provenientes de las empresas de Ceuta, por menor recaudación de impuestos y por menos ingresos por cotizaciones.
Un laboratorio fiscal y un rescate económico
Si Ceuta ofrece una fiscalidad más favorable, puede conseguir que empresas y actividad económica que de otra manera se irían a otros territorios -o incluso fuera del Estado- se instalen allí. Pero este argumento solo permite calcular el beneficio real si se compara con la alternativa: ¿cuántos de estos ingresos fiscales son actividad nueva para el conjunto de la economía española y cuántos son simplemente una actividad que ha cambiado de domicilio para aprovechar los incentivos? ¿Cuántos puestos de trabajo no habrían existido sin el régimen especial y cuántos corresponden a empresas que habrían operado igualmente desde otra ciudad española? Y, sobre todo, ¿cuántos euros adicionales genera para el Estado cada euro que deja de recaudar? Son preguntas que ni este ni ningún otro ejecutivo español ha respondido nunca.
Pero la inyección de recursos extra en Ceuta también se explica por el declive de su viejo modelo comercial. La ciudad ha pasado, en pocos años, de depender en buena parte de su actividad fronteriza con Marruecos a convertirse en un polo para empresas de juego y apuestas digitales atraídas por la fiscalidad. Según los datos del gobierno de Ceuta, el sector representa aproximadamente el 12% del PIB local y genera 1.228 empleos directos, mientras que más del 55% de las licencias de juego online que operan en el Estado se han establecido en Ceuta desde 2018 atraídas por las ayudas de Madrid. Las diez principales empresas del sector instaladas en la ciudad facturan conjuntamente unos 6.340 millones de euros y concentran el 78% de los impuestos aportados en Ceuta por empresas que antes tributaban fuera de la ciudad.
Aquí hay también un argumento patriótico y no solo económico: con estos incentivos fiscales, el Estado puede lograr que una actividad que antes tributaba en otras jurisdicciones pase a desarrollarse bajo bandera española. Y de hecho, los ingresos fiscales vinculados al juego online habrían pasado de unos 258.000 euros antes de la aplicación de las bonificaciones a cerca de 20 millones anuales. También hay salarios, cotizaciones, consumo local, servicios profesionales y actividad inducida. Desde esta perspectiva, Ceuta funciona como un laboratorio fiscal en el que España intenta competir con jurisdicciones que ofrecen costos tributarios muy bajos, y también la ciudad autónoma se siente más vinculada a la nación que la ayuda.
Pero el salto entre beneficio local -que pagan todos los contribuyentes bajo jurisdicción española- y el retorno nacional no es automático. Una empresa que traslada su actividad de Madrid, Barcelona o Málaga a Ceuta puede generar empleo y actividad en la ciudad, pero al mismo tiempo la extrae de estos territorios. La ganancia para las arcas públicas es mucho más evidente cuando la alternativa es que esa empresa opere desde otro país, pero nadie explica ni cuantifica si los impuestos que el Estado deja de recaudar por cotizaciones bonificadas, ayudas directas, garantías y otros recursos públicos se ven compensados por nuevos ingresos fiscales, empleo y actividad que Ceuta genere gracias al régimen especial.
De las mercancías a los algoritmos
La frontera del Tarajal había alimentado durante décadas una intensa actividad de comercio con Marruecos, pero aquel sistema se fue erosionando hasta quedar prácticamente desmantelado. La reapertura de la aduana comercial en febrero de 2025 debía simbolizar una nueva etapa en las relaciones económicas con el país vecino. Pero los datos son demoledores: durante todo 2025 solo se registraron 49 importaciones y dos exportaciones. El comercio transfronterizo que había sido una pieza esencial de la economía ceutí ha dejado de serlo. Ceuta ha cambiado las mercancías por los algoritmos. Y el Estado ha cambiado también su manera de sostener la ciudad: menos dependencia del comercio fronterizo y más dependencia de un régimen fiscal capaz de atraer empresas, especialmente en sectores digitales, mientras las administraciones mantienen un volumen importante de recursos públicos para compensar los costos estructurales de la insularidad geográfica y de la singularidad territorial.
Esta apuesta puede tener una lógica económica si consigue transformar un gasto público permanente en una base empresarial estable y generar actividad que, sin los incentivos, se desarrollaría fuera de España. Lo que resulta más difícil de defender es que no exista un balance público global que permita saber hasta qué punto esta operación es rentable para el conjunto de los contribuyentes.
Porque, además, Ceuta recibe recursos de los mecanismos de financiación territorial y de los Fondos de Compensación Interterritorial, dispone de transferencias para actuaciones de interés general y cuenta con medidas específicas para compensar determinadas pérdidas de ingresos derivadas de su régimen fiscal. Todo esto dibuja una paradoja: cuanto más se transforma la economía de Ceuta, más sofisticado se vuelve también el sistema público que la sostiene.
Plantar la bandera en Ceuta tiene un valor político y estratégico que no aparece en ningún balance contable. La factura, en cambio, sí que aparece en las cuentas públicas.
