La Generalitat vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que parecía cerrada tras la desaparición de buena parte de los peajes en 2021. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha confirmado este jueves que el Gobierno estudia una propuesta de sistema de pago por el uso de las autopistas que tenga en cuenta los kilómetros recorridos, el tonelaje de los vehículos y sus emisiones contaminantes. La iniciativa, sin embargo, requiere un acuerdo con el Estado y debería tramitarse en el Congreso de los Diputados.
El objetivo es avanzar hacia un modelo en el que quien más utiliza las infraestructuras y quien genera un impacto ambiental más elevado asuma una parte mayor del costo de su mantenimiento. Se trata de un planteamiento alineado con la tendencia europea, donde varios países están implantando sistemas de pago basados en la distancia recorrida y las emisiones de los vehículos, especialmente para el transporte pesado. El conocido ‘quien contamina, paga’.
Corredores saturados con la gratuidad
La propuesta llega tras uno de los cambios más importantes en la movilidad catalana de las últimas décadas. El 1 de septiembre de 2021 finalizaron las concesiones de las autopistas AP-7, AP-2, C-32 norte (Montgat-Palafolls) y C-33, lo que conllevó la desaparición de la mayoría de los peajes históricos de Cataluña. Aquella decisión puso fin a un modelo muy criticado durante años por el agravio comparativo que sufrían los conductores catalanes respecto a otros territorios del Estado.
La gratuidad provocó un aumento muy significativo del tráfico, especialmente en la AP-7, que se ha consolidado como el principal corredor vial del país, pero también ha visto incrementar los episodios de congestión y accidentalidad. Al mismo tiempo, la desaparición de los peajes eliminó una fuente directa de ingresos para el mantenimiento de las infraestructuras, abriendo el debate sobre cómo financiar las autopistas en el futuro.
Europa apuesta por «quien contamina paga»
En todo caso, la revisión de la directiva Euroviñeta impulsa sistemas de tarificación vinculados a los kilómetros recorridos y establece que los peajes de los vehículos pesados incorporen criterios relacionados con las emisiones de CO₂ y otros costos ambientales. Varios estados ya han iniciado esta transición o la están desplegando progresivamente.
Sea como sea, la propuesta del Gobierno reabre un debate político delicado. Hace solo cinco años Cataluña celebraba la desaparición de los peajes que durante décadas habían simbolizado el desequilibrio territorial en infraestructuras. Ahora, ante la necesidad de garantizar el mantenimiento de la red y adaptarse a los nuevos criterios europeos de movilidad sostenible, el modelo de pago por uso vuelve a ganar peso.
La gran diferencia respecto al sistema anterior es que el nuevo esquema no se basaría en concesiones privadas ni en barreras fijas, sino en un mecanismo de tarificación según el uso real de la infraestructura, el tipo de vehículo y su impacto ambiental, un modelo que varios países europeos ya están implantando de forma progresiva.
