La próxima piedra en el camino del Gobierno para mantener la precaria mayoría parlamentaria que lo sostiene es el consorcio de inversiones. El próximo 28 de abril, la proposición de ley, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, pero con el «apoyo» del ejecutivo catalán y los ministerios de Transportes y de Hacienda, llegará al Congreso de los Diputados sin garantías de éxito. El nuevo órgano es uno de los pilares del acuerdo de investidura con ERC que llevó a Salvador Illa a la plaza Sant Jaume, y ha cobrado aún más relevancia a raíz del colapso de Rodalies. El caos en la movilidad fue el paroxismo, según las organizaciones económicas representativas, de la dejadez del Estado en cuanto a las inversiones en las obras esenciales del Principado. «Hace años que ejecutamos por debajo del 50% de lo presupuestado, cuando otros territorios ejecutan más del 100%«, señala Josep Reyner, economista y autor de Déficit fiscal, bienestar de los ciudadanos y competitividad de la economía. Dentro del alcance del mecanismo, los expertos consultados celebran la intención -algunos, con cierto escepticismo- de sacar de las manos del Estado las licitaciones públicas en infraestructuras; y trasladar la responsabilidad a un organismo, al menos, parcialmente catalán. «La experiencia nos demuestra que la Generalitat tiene mejor capacidad para ejecutar inversiones que el Estado», sentencia Carlos Puig de Travy, decano del colegio de economistas de Cataluña.
Durante la presentación del consorcio, celebrada en la sede del Cercle d’Economia, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, señaló al Estado como el origen de las grietas -literales- en vías y autopistas catalanas. «Si después de décadas no se ha cumplido la ejecución presupuestaria -y, francamente, hemos ido a peor- tenemos que buscar una fórmula nueva», declaraba Santacreu. Desde el acceso de Pedro Sánchez a la Moncloa, es cierto, el porcentaje de ejecución ha ido en tendencia descendente: de acuerdo con los datos de la Intervención de la Administración General del Estado, en 2021 el Estado solo ejecutó un 36% del monto presupuestado en el Principado; una cifra que escaló hasta el 43% en 2022 y hasta el 45% en 2023. De ahora en adelante, los cálculos oficiales sitúan la ejecución alrededor del mismo porcentaje en 2024 y 2025. Antes, en el último mandato de Mariano Rajoy, la ratio se movía entre el 50% y el 60%. Cabe decir que, bajo el ejecutivo socialista, los montos totales presupuestados han escalado con fuerza: el último año completo del Partido Popular en la Moncloa, se preveían unos 1.300 millones de euros en obras y actuaciones en el país; mientras que entre 2021 y 2024 la cifra superó los 2.000 millones anuales. Ahora bien, de acuerdo con el IGAE, el monto efectivamente ejecutado fue escasamente superior, de unos 150 millones de media.
«Licitar y ejecutar»
Desde el ejecutivo catalán atribuyen este desequilibrio a la falta de planificación de las inversiones. Es decir, el gobierno español -de un color y otro- presupuestaba las obras sin tener bien finalizadas sus planificaciones. «Si atribuimos responsabilidades por las decenas de millones de déficit de infraestructuras que sufre Cataluña, la más grande la tiene el poco presupuesto que se ha dedicado. La segunda, la baja ejecución por parte del Estado», reflexiona el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Oriol Amat. El consorcio, como indica Puig de Travy, tiene poco que decir en los montos que el gobierno español adjudique en los presupuestos generales del Estado a inversiones catalanas. Por tanto, su tarea se centra en mejorar la segunda pata. «La clave es quién tendrá la capacidad de licitar y sacar adelante las obras», reitera el decano de los economistas catalanes: bajo el nuevo consorcio, el brazo ejecutor de las intervenciones será una sociedad mercantil de inversiones. La empresa, de acuerdo con las comunicaciones de la Generalitat, «se ocupará de la redacción de estudios y proyectos y la ejecución de las obras que se le puedan encargar».
Con esta nueva herramienta, observan los expertos consultados, se resuelve la «falta de capacidad administrativa del Estado»; y se mejora la fiscalización de la operativa. «Cuando el control y la operación dependían del Estado, no había rendición de cuentas; no pasaba nada», critica Puig de Travy. Para Reyner, las habilidades logísticas de Madrid han sido un problema; pero también lo ha sido la voluntad política. Según el economista, la administración española «no ha querido prepararse» para poner en marcha todas aquellas obras que necesitaba el Principado. «Si se hubiera querido preparar, lo habría podido hacer perfectamente»; como demuestra, a ojos del presidente de la comisión de Economía Catalana del CEC, el favoritismo que recibe la comunidad autónoma madrileña cuando se trata de llevar a cabo obras. «En el caso de la CAM, se ejecuta más del 100% casi cada año»; con algunas cifras escandalosamente superiores a las presupuestadas, como en el año 2023, cuando se multiplicó por tres el monto previsto.
La «soberanía» del Estado
Reyner, cabe decir, se muestra escéptico ante la capacidad del Consorcio de activar las inversiones necesarias. «Ya sabemos cómo acaban estas cosas», duda el economista. Para el presidente de la comisión, la dependencia presupuestaria del Estado es una «pared» que amenaza con frenar su tarea. «Hay grietas como para ser escéptico», comenta. En primer lugar, a pesar de que el consorcio elaborará un «plan plurianual de inversiones», con las obras prioritarias que necesita el Principado, «hará solo las que se le encarguen». La efectividad del órgano, a ojos del economista, «depende bastante de la buena voluntad política» de los ejecutivos españoles de turno. Recuerda, en este sentido, la jurisprudencia generada alrededor de la denostada disposición adicional tercera del Estatuto; la que marcaba un objetivo de inversiones del Estado igual a la aportación de Cataluña al PIB español. La sentencia del Tribunal Constitucional que «aguó» esta medida establece la «soberanía» completa de la administración general sobre su financiación. «Si el Estado quiere dedicar todas sus inversiones a Ceuta, puede hacerlo. Cada vez se notan más las fronteras de la Constitución», espeta Reyner. Amat pone el mismo espejo entre ambas normas: «la disposición adicional tercera era fantástica, y después, no se aplicó nunca».
Puig de Travy, sin embargo, separa ambas instancias; y recuerda que el consorcio de inversiones se circunscribe exclusivamente a la ejecución de las obras, y no tiene ninguna atribución relacionada con los presupuestos. «La capacidad presupuestaria permanece en el Estado, pero eso es otra lucha», declara el decano de los economistas catalanes. Ve, sin embargo, una ventaja respecto de la situación actual: quita capacidad de las manos de los ministerios del ramo y las sitúa en la Generalitat. «La estrategia de inversiones se tiene que consensuar, y la gobernanza del modelo irá con el consorcio», sostiene. Ahora bien, la nueva realidad, en caso de que se apruebe la ley, exige más «trabajo» por parte de los legisladores catalanes. «Se abren nuevas oportunidades, pero aquí se tendrá que trabajar. El consorcio puede resolver cosas si lo hacemos bien. Se tienen que pedir responsabilidades después», exige el economista. Y concluye: «como tenemos que hacer con otras cosas, tendremos que negociar las inversiones como catalanes, con sentido estratégico de país».
