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Cifras, fórmulas y promesas para atraer el voto de los pensionistas el 29-N

El gobierno español en funciones ha activado la maquinaria para revalorizar las pensiones a partir de enero de 2027. En plena campaña del 29-N, el Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente del real decreto que permitirá aplicar el incremento de las prestaciones, una decisión que vuelve a situar las pensiones en el centro del debate político después de que el accidente mortal del AVE en Toledo cortara de raíz la batalla política en este campo. La subida aún no tiene una cantidad definitiva, pero la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha adelantado que se situará entre el 3% y el 4%, en función de la evolución de la inflación. La cifra definitiva se conocerá después de la publicación del último indicador de inflación, prevista para el 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones.

En todo caso, el anuncio tiene una dimensión electoral clara en Cataluña, segunda del Estado con más electores mayores de 65 años, con 1,6 millones de ciudadanos, que en 2025 percibieron 34.000 millones de euros en pensiones, casi el triple que veinte años atrás. En el conjunto español, los mayores de 65 años representan el 28% del censo electoral residente, con más de 10 millones de votantes. La capacidad de mantener el poder adquisitivo de los jubilados, pero también la garantía de que las generaciones más jóvenes podrán cobrarlas en el futuro, es parte central de los argumentos de confrontación entre los partidos el 29-N, que discrepan sobre el papel de las cotizaciones, los impuestos, las aportaciones empresariales y los mecanismos complementarios de ahorro.

Personas participando en unas elecciones en Cataluña / ACN
Personas participando en unas elecciones en Cataluña / ACN

PSC: mantener las subidas con el IPC y reforzar el fondo de reserva

El PSC afronta las elecciones con el gobierno español del PSOE como principal referencia en política de pensiones. Entre los compromisos que quiere mantener si continúa en la Moncloa, está garantizar cuatro años más de revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC e impulsar una reforma constitucional para blindar este mecanismo. El partido considera que la actualización automática es la principal garantía para evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Pedro Sánchez también se ha comprometido a situar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, por encima de los 20.000 millones de euros al final de la legislatura. El PSOE defiende mantener las reformas aprobadas en 2021 y 2023, que recuperaron la actualización con la inflación e introdujeron mecanismos para reforzar los ingresos del sistema, como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una cotización adicional que alimenta el fondo de reserva, y el incremento progresivo de las bases máximas de cotización. También pone el foco en la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas, reforzar los complementos para reducir la brecha de género y facilitar la compatibilidad entre trabajo y jubilación.

Junts: revalorizar con el IPC y tener en cuenta el costo de la vida

Junts per Catalunya defiende actualizar las pensiones con el IPC para preservar su poder adquisitivo, pero también plantea tener en cuenta las diferencias territoriales en el costo de la vida. A la vez, apuesta por mejorar gradualmente las pensiones mínimas, las de viudedad y las de orfandad, así como hacer converger progresivamente la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional. Otra de sus propuestas es vincular cualquier retraso de la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida. También defiende extender los planes complementarios de capitalización acordados en la negociación colectiva a las pequeñas empresas y a los autónomos, como complemento del sistema público.

La formación de Carles Puigdemont ha hecho bandera, además, de la necesidad de que las subidas de las pensiones se tramiten separadamente de otras medidas. En enero de 2026 votó contra el decreto ómnibus que incorporaba la actualización de las prestaciones junto con otras disposiciones sociales, pero apoyó posteriormente el decreto que recogía específicamente la revalorización, al considerar que la actualización de las pensiones no podía quedar condicionada a otras negociaciones políticas.

El partido también ha defendido el traspaso de las competencias de la Seguridad Social a Cataluña, una reivindicación que forma parte de su planteamiento sobre el autogobierno y la gestión de los recursos.

Miembros del PSC asisten al acto del PSC ‘Amb les pensions no s’hi juga’ Autor: John McAulay / ACN

ERC: un IPC territorializado y jubilaciones anticipadas sin penalización

ERC es una de las formaciones que ha concretado más sus propuestas en el programa electoral del 29-N. La principal novedad es la defensa de un IPC territorializado para actualizar las pensiones, de manera que las prestaciones tengan en cuenta la evolución de los precios de cada territorio y no únicamente la media estatal. El partido de Oriol Junqueras considera que una misma revalorización porcentual puede tener efectos diferentes sobre el poder adquisitivo de los jubilados en función del lugar donde vivan, de manera que apuesta por corregir las desigualdades y garantizar que los pensionistas puedan mantener la capacidad de compra. ERC también defiende blindar legalmente la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación y ampliar los supuestos de jubilación anticipada sin penalizaciones para los trabajadores que desarrollan profesiones especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres.

La propuesta republicana se enmarca en una defensa del sistema público y en la voluntad de reconocer las diferencias entre trayectorias laborales y territorios. En materia de cotizaciones, la formación también plantea que las aportaciones de los autónomos se ajusten a los ingresos reales, con cuotas reducidas para los que no lleguen al salario mínimo.

PP: revalorización con el IPC y reconstrucción del Pacto de Toledo

La principal propuesta de los populares es garantizar que las prestaciones se actualicen cada año de acuerdo con el IPC, un compromiso que el partido quiere mantener también para los trabajadores que hoy cotizan y que se jubilarán en el futuro. Propone reconstruir el Pacto de Toledo, el espacio parlamentario que tradicionalmente ha servido para buscar consensos sobre el sistema de pensiones, y aprobar mecanismos legales que garanticen las revalorizaciones aunque no haya presupuestos generales del Estado aprobados.

El PP también propone incentivar la jubilación activa mediante deducciones en el IRPF, de manera que los trabajadores que quieran continuar en activo después de la edad ordinaria de jubilación puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la prestación. También defiende blindar por ley la caja única de la Seguridad Social.

Imagen del informe donde se indica la fecha de jubilación. Autor: Gerard Vilà / ACN

La sostenibilidad del sistema es uno de los argumentos centrales del discurso popular. No cuestiona el modelo público, pero reclama garantizar su viabilidad a largo plazo, con más productividad y más cotizantes. En este sentido, el PP es contrario al mecanismo de equidad intergeneracional impulsado por el gobierno de Sánchez, porque considera que representa una carga adicional para trabajadores y empresas.

Frente Amplio: ninguna pensión por debajo del salario mínimo y jubilación a los 65 años

La candidatura de Frente Amplio, integrada por Movimiento Sumar, Esquerra Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú, promete garantizar que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo interprofesional y establecer la edad de jubilación a los 65 años. La primera propuesta implica vincular las pensiones mínimas a las actualizaciones del salario mínimo, que en 2026 se sitúa en 1.221 euros mensuales en catorce pagas. La segunda pretende evitar que la edad efectiva de jubilación continúe aumentando y que los trabajadores tengan que alargar la vida laboral más allá de los 65 años. La coalición calcula que estas dos medidas tendrían un coste conjunto de unos 20.000 millones de euros anuales. Para financiarlas, plantea incrementar la contribución de las grandes empresas y de los patrimonios más elevados, con una tributación mínima efectiva del 15% para las grandes compañías y un impuesto del 2% sobre los patrimonios superiores al millón de euros.

El planteamiento de Frente Amplio es reforzar el sistema público a través de una redistribución mayor de los recursos y de un incremento de las prestaciones más bajas, aunque la coalición rechaza que los planes privados puedan sustituir el sistema público de reparto.

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Alhora: no votar las leyes de pensiones en el Congreso

Alhora presenta una estrategia diferente de las demás formaciones. No anuncia ninguna propuesta específica sobre la cantidad de las pensiones, la edad de jubilación o la financiación de la Seguridad Social en su programa para Cataluña. Pero sí ha explicitado qué papel quiere tener en el Congreso en esta materia: Alhora no votará las leyes de pensiones, vivienda o sanidad en las Cortes españolas. La candidatura defiende que su actividad en Madrid debe concentrarse en boicotear los pactos entre los partidos independentistas y el Estado, mientras que el programa propio debe desarrollarse en las instituciones catalanas.

Por lo tanto, su posición no se concreta en una reforma alternativa del sistema de pensiones, sino en el rechazo a participar en la negociación de las normas estatales que lo regulan.

Vox: más productividad, natalidad y debate sobre un sistema mixto

El documento electoral de VOX no incorpora una propuesta explícita de transición hacia un sistema mixto de reparto y capitalización individual, ni concreta una fórmula alternativa de revalorización de las pensiones con el IPC. Pero el partido ha defendido públicamente una reforma estructural que combinara el sistema público de reparto con un mecanismo de capitalización individual. En todo caso, el partido de extrema derecha vincula la sostenibilidad del sistema al crecimiento de la productividad, al impulso de la natalidad y al apoyo a las familias. Entre las medidas concretas está que el Estado asuma las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas que dejen de trabajar para cuidar a los hijos, con el objetivo de que estos períodos no perjudiquen la futura jubilación.

Los ministros del gobierno español y Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Autor: Javier Barbancho

La sostenibilidad, el gran debate de fondo

Las propuestas de los partidos muestran que la revalorización de las pensiones con el IPC es uno de los principales puntos de coincidencia, especialmente entre PSC, PP, Junts y ERC. Las diferencias aparecen cuando se trata de decidir cómo se financian las prestaciones futuras, qué papel deben tener las cotizaciones y los impuestos y qué edad debe marcar el final de la vida laboral.

La confrontación también se ha trasladado al debate sobre la sostenibilidad. El gobierno español defiende que las reformas aprobadas en los últimos años han reforzado los ingresos de la Seguridad Social y que el sistema puede afrontar la jubilación de la generación del baby boom. El PP reclama más garantías sobre la viabilidad futura y cuestiona algunas de las fórmulas de financiación impulsadas por el ejecutivo. Vox ha abierto el debate sobre un posible modelo mixto, aunque esta reforma no figura en su programa actual. En paralelo, ERC y Junts introducen la dimensión territorial en el cálculo de las prestaciones, mientras que Frente Amplio pone el acento en el aumento de las pensiones mínimas y en el adelanto de la edad de jubilación. Alhora, por su parte, renuncia a intervenir en la negociación de las leyes estatales.

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