Cuando el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, tuvo que recurrir al voto dirimente para desempatar una votación para pasar de 2 a 10 puestos de pago en el pleno de la institución, las llamadas sillas de plata, el debate parecía circunscrito a la gobernanza interna de la principal corporación cameral catalana. Pero pocos días después, esa misma controversia ha terminado trasladándose al Parlamento y ha provocado el aplazamiento, al menos hasta el otoño, de la nueva Ley de Cámaras, una reforma largamente reivindicada por el sector empresarial y trabajada durante más de una década. La decisión de los Comuns y la CUP de llevar el texto al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha paralizado la tramitación parlamentaria e impide que la norma pueda ser aprobada antes del verano. El dictamen no será vinculante -la ley ya tiene mayoría parlamentaria- pero sí preceptivo, lo que obliga a suspender el calendario legislativo hasta que el órgano se pronuncie.
La parada es especialmente significativa porque la norma llegaba a la recta final con una amplia mayoría política. PSC, Junts, ERC y PP han apoyado un texto que busca actualizar un marco legal que muchos actores consideran obsoleto. Cataluña sigue rigiéndose por una ley aprobada en 2002, a pesar de que el Estado reformó la normativa básica de las cámaras de comercio en 2014. Desde entonces, las trece cámaras catalanas han reclamado una adaptación legislativa que definiera con más precisión sus funciones, su sistema de financiación y su estructura de gobierno.
La propuesta actual es el resultado de años de negociaciones entre las cámaras, las patronales, los sindicatos y las administraciones públicas. El texto fue entregado formalmente al Parlamento en el verano de 2025 con el objetivo de poner fin a más de una década de vacío normativo y dotar a las cámaras de un marco estable para desarrollar sus funciones de apoyo a la internacionalización, la formación empresarial, la promoción económica y la representación institucional del tejido productivo. Durante buena parte del proceso, la ley había sido presentada como uno de los grandes consensos pendientes de la economía catalana. Sin embargo, detrás de este acuerdo continuaba latente una cuestión que ha terminado emergiendo con fuerza en el tramo final de la tramitación: el papel que deben jugar las grandes empresas dentro de los órganos de gobierno de las cámaras. Y el retorno masivo de estos votos de pago en Barcelona ha hecho estallar a CUP y Comuns en la cámara catalana y los ha llevado a mover ficha para, al menos, tener una opinión técnica sobre este sistema de compra de voto.
Y este es precisamente el debate que estalló con fuerza el pasado 16 de julio en la Cámara de Comercio de Barcelona. Ese día, el pleno de la institución aprobó ampliar de dos a diez las vocalías reservadas a empresas aportadoras, pero se evidenció la profunda división existente dentro de la corporación. La trascendencia de la decisión iba más allá de un simple ajuste organizativo. Con la reforma aprobada, el peso de las empresas aportadoras pasa de representar el 3,3% del plenario al 16,7%, mientras que los vocales elegidos directamente por sufragio empresarial reducirán su presencia del 86,7% al 73,3%. Aunque la mayoría continúa en manos de los representantes elegidos en las urnas, el cambio modifica de manera significativa el equilibrio interno de la institución y refuerza el papel de los grandes aportadores.
La votación también ha reactivado una discusión que ha marcado buena parte de la vida interna de la Cámara de Barcelona durante los últimos años. Desde la llegada de Eines de País a la presidencia en 2019, la cuestión de la representatividad ha sido uno de los principales ejes de confrontación dentro de la institución. Los partidarios de un modelo más basado en el sufragio empresarial han cuestionado reiteradamente el peso de los vocales de designación, mientras que otros sectores han defendido la necesidad de incorporar mecanismos que garanticen la implicación y la financiación de las grandes empresas.
Las sillas de plata saltan al Parlamento
Sea como sea, el debate ha traspasado las paredes de la Cámara y se ha instalado en el parque de la Ciutadella, donde se debía aprobar la ley en el pleno del 22 de julio. Pero después del episodio de la Cámara de Comercio de Barcelona, Comuns y CUP registraron una petición conjunta ante el Consejo de Garantías Estatutarias para que examine varios artículos de la futura Ley de Cámaras. Las dos formaciones sostienen que el sistema previsto podría «vulnerar principios de igualdad y representatividad» al permitir que las empresas con mayor capacidad económica dispongan de una influencia institucional específica dentro de unas corporaciones de derecho público. También alertan que «la ley cuestiona las bases del diálogo social y lo desequilibra hacia la parte empresarial», y señalan que no incorpora las principales recomendaciones del CTESC para proteger el papel de los sindicatos y patronales.
Esta pausa a la espera del dictamen no pone en cuestión la mayoría parlamentaria favorable a la ley ni parece amenazar su aprobación definitiva. Pero sí ha conseguido lo que hasta ahora no había pasado durante más de diez años de negociaciones: convertir las sillas de plata en el principal obstáculo político de la reforma cameral.
La paradoja es evidente. Una ley concebida para modernizar el sistema cameral catalán, adaptarlo al marco estatal vigente desde 2014 y cerrar una larga etapa de incertidumbre normativa ha terminado encallada precisamente en el debate que más tensiones ha generado dentro de las cámaras durante los últimos años: hasta qué punto el peso económico de las grandes empresas debe traducirse en poder institucional. Una discusión que durante mucho tiempo quedó confinada a los plenos camerales y que ahora ha llegado, de lleno, al Parlamento.
