Nueva jornada de informes finales de las acusaciones en el juicio de la operación Kitchen. Tras la larga intervención del ministerio fiscal de este miércoles, este jueves por la mañana ha sido el turno de la acusación de la Abogacía del Estado, que ha construido una acusación dura a remolque de la fiscalía. En su exposición, el letrado de la Moncloa ha concluido, ante el tribunal que preside la magistrada Teresa Palacios, que la prueba practicada permite de manera «consistente y convergente» acreditar «el origen espurio de la operación Kitchen», que ha descrito como una «dinámica delictiva». Una tesis que comparte plenamente con el ministerio fiscal.
Así, ha incluido la participación de todos los imputados en un operativo ilegal para obtener irregularmente los conocidos como «papeles de Bárcenas», los documentos que tenía el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que acreditaban la financiación irregular de la formación y el dinero que cobraban en negro varios dirigentes de la formación. El letrado de la Moncloa considera probada, pues, la operación Kitchen, y ha desvirtuado las estrategias de la defensa que alegaban que la operación era «de inteligencia policial» para localizar el dinero de Bárcenas en el extranjero.
En sus conclusiones, ha sido especialmente incisivo con los elementos de convicción de la implicación del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. De hecho, ha subrayado el valor de los mensajes de WhatsApp con su número dos, que avalan la tesis de que tenía conocimiento de todo, así como las anotaciones en las agendas del comisario de Inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo, a las cuales la Abogacía da plena validez. «Fernández Díaz participó en la planificación, la coordinación y el seguimiento», ha asegurado al tribunal. Por su parte, la abogada de la familia Bárcenas, Marta Giménez, ha acusado a Interior de impulsar la Kitchen porque la información del extesorero «podía hacer caer el gobierno» de Mariano Rajoy.
«Dinámica delictiva»
Para el abogado del Estado, la prueba practicada acredita la «dinámica delictiva» para «esencialmente torpedear la investigación de la trama Gürtel, sobre la financiación irregular del PP». Una dinámica que «no se podría entender sin tener presente la preocupación del PP y el gobierno de Mariano Rajoy por la figura de Bárcenas», de quien se iban publicando informaciones comprometedoras. En resumen, la operación Kitchen fue coordinada «desde el entorno del Ministerio del Interior y, en particular, de sus órganos superiores» para «sustraer a Bárcenas los papeles que comprometían al presidente, Mariano Rajoy».
«La operación fue posible gracias a la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien era plenamente consciente de la ilicitud de la actuación», y que este facilitó tres dispositivos electrónicos del extesorero para que se hiciera un volcado de la información que contenían. Una vez conseguida la información, el comisario Enrique García Castaño la entregó a Francisco Martínez, secretario de Estado y número dos del ministerio. La Abogacía del Estado rechaza la alegación del chófer de ser víctima «de un delito provocado» y de la inocencia «de haber colaborado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».
