El pasado 31 de octubre, la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, presentaba los cinco programas de formación que integran en el Plan de fomento de las vocaciones judiciales, fiscales y otras profesiones del ámbito de la justicia, como por ejemplo letrados de la administración de justicia o abogados de la Generalitat. Es decir, «becas para fomentar las vocaciones judiciales y fiscales, así como otras profesiones del ámbito de la justicia». Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 850.000 euros y que podría, en cierto modo, cumplir con la propuesta que el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, planteaba en el Parlamento de Cataluña la semana pasada, cuando aseguró en su comparecencia ante la comisión de Justicia de la cámara que, para solucionar los problemas del catalán en los tribunales, hacían falta más «jueces oriundos». Por otro lado, el plan tiene el objetivo de «reducir la rotación de jueces y fiscales, que en Cataluña es muy alta».

De momento, más de 200 personas siguen uno de los programas de formación jurídica impulsados por el Govern. Uno de estos programas tiene «el objetivo de formar jueces y fiscales que conozcan la realidad lingüística, social y el derecho propio del país». Para conseguirlo, el programa incorpora formación específica sobre «la realidad social del país» y «talleres complementarios de gestión del estrés». Así lo especificaba la misma consejera en una respuesta parlamentaria al portavoz de Justicia de Junts per Catalunya, Quim Jubert, el pasado 23 de noviembre. En el mismo documento, Ubasart destaca que el plan «potencia la familiarización con el territorio y el conocimiento de las singularidades de la administración de justicia en Cataluña».

Barrientos, el primero a la izquierda de la imagen, entrando a la ceremonia de la promesa de los nuevos jueces
Barrientos, el primero a la izquierda de la imagen, entrando a la ceremonia de la promesa de los nuevos jueces destinados en Cataluña

Una beca de 965 euros al mes y solo cinco personas que superan las pruebas

Según informa Justicia, este programa incluye solo las becas destinadas a la preparación de oposiciones para el acceso a las carreras judicial y fiscal para el periodo 2023-2026. El plan de formación con becas empezó el 1 de enero del 2023. Desde esta fecha, los opositores han recibido el importe de 965 euros cada mes. El programa se desarrolla con «normalidad» y hasta el día de hoy solo una opositora se dio de baja, y fue sustituida por la primera persona de la lista de suplentes. El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada es el encargado de hacer el seguimiento de las «personas becadas, con controles trimestrales realizados por examinadores externos y con los informes que remiten los preparadores».

También es el encargado de seguir los resultados de las pruebas de la oposición a las que se presentan las personas becadas. Este año, se presentaron 49 personas a la primera prueba, que es tipo test, de las cuales aprobaron 23. Estos 23 aprobados se presentaron al primer examen oral y cinco lo aprobaron. En las próximas semanas, estas cinco personas becadas harán el segundo ejercicio oral. Es decir, a estas alturas solo han superado las dos primeras pruebas apenas el 10% de las personas que entraron al programa.

La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, en un momento de su intervención a la edición de este año de la UCE/Josep Maria Montaner
La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, en un momento de su intervención a la edición de este año de la UCE/Josep Maria Montaner

«Modelo integral y acompañamiento»

Atendida la respuesta parlamentaria, el CEJFE apuesta por lo que denomina «modelo integral de preparación de oposiciones». Es decir, que ofrece «actividades formativas complementarias por ampliar el conocimiento de las personas becadas sobre la realidad jurídica y social en Cataluña, a la vez que refuerza los aspectos competenciales de servicio público, organización y planificación para garantizar que en el ejercicio profesional de sus funciones actúen desde los principios de proximidad y accesibilidad». El programa ha supuesto que los becados hayan participado en congresos y cónclaves como el de Justicia feminista y libertad sexual, la Jornada sobre tasa de reincidencia penitenciaria, visitas a centros penitenciarios.

El programa también incluye «un acompañamiento» a los becados «para contrarrestar el aislamiento inherente al largo proceso de preparación de las oposiciones». Así, los opositores tienen un espacio virtual de intercambio, de conocimiento, de apoyo y de debate que, sin entorpecer la dinámica diaria de estudio, facilita la interacción entre el colectivo de opositores. Ahora bien, uno de los puntos clave del programa son los «talleres complementarios de gestión del estrés, comunicación verbal y no verbal» y otros que se ofrecen a lo largo de los 4 años que duran estas becas de preparación de los opositores. «En definitiva», asegura la consejera, «se trata de una apuesta de país para reducir la rotación de jueces, juezas y fiscales, para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y para asegurar el conocimiento del derecho propio y de la realidad social del país».

Unas puntas a la toga de un Juez/Mi
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