«Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Europol colaboran con la policía andorrana en la detención de 6 personas, supuestos autores de una estafa«. Así anunciaban los correspondientes departamentos de prensa, con el estilo habitual, una macrooperación presentada como uno de los dispositivos internacionales más espectaculares contra una supuesta «estafa». Los Mossos d’Esquadra y la policía andorrana se jactaban de varias detenciones y, posteriormente, de haber destapado una presunta trama de fraude con criptomonedas y con estafas a través de inversiones trading, es decir, intercambio de activos bursátiles a través de la red.
La operación tenía su origen en el Juzgado de Instrucción número dos de la Seu d’Urgell, y los tentáculos judiciales llegaban con fuerza a Andorra, y posteriormente, incluso, a través de estafas con criptomonedas, a Albania. La investigación tuvo una especial incidencia en el Principado de Andorra cuando el 18 de enero de 2021 se registraron dos entradas y registros de dos domicilios con ayuda de artefactos y se practicaron seis detenciones, que se anunciaron a bombo y platillo. Ninguno de los detenidos en Andorra ingresó nunca en prisión a pesar de las acusaciones y la facilidad del sistema de justicia andorrano para encarcelar preventivamente a los sospechosos sin muchas explicaciones.
Una especie de ’Call of Duty’ aún en juego
Todo ello con un despliegue que los afectados califican de «Call of duty», en referencia al famoso videojuego de estilo bélico, donde participó la Unidad de Investigación Criminal especializada en delitos económicos de la Policía de Andorra, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca, la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Dirección General de la Guardia Civil, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra de la región Policial del Pirineo y miembros de EUROPOL, pertenecientes a los departamentos del European Financial and Economic Crime Center y European CyberCrime Centri.
Han pasado cuatro años y medio y el caso no solo está atascado, sino que todavía están pendientes atestados e informes sobre material confiscado como una memoria USB o un disco duro los cuales, además, fueron entregados a la policía de manera voluntaria por parte de los imputados en el primer registro. Un caos policial y judicial clamoroso, la petición del juzgado de la Seu d’Urgell al Tribunal Supremo para remitir la causa a la Audiencia Nacional, un juzgado andorrano que todavía espera noticias de España y unos Mossos encargados de la investigación informática que se sacuden las pulgas acusando la lentitud de la investigación nada menos que a los agentes de Europol.
Sapiña, con ganas de declarar desde hace cuatro años y medio
Todo este desorden tiene una víctima excepcional. Es el caso de Gonzalo Sapiña, un joven acusado en el caso, que cuando iba a abrir a la policía que habían llamado al timbre del garaje, los agentes de intervención le hicieron estallar un artefacto para romperle los cristales de la terraza y acceder a su domicilio. Un registro bastante curioso, porque las actas de registro y confiscación, dejan claro que entrega voluntariamente no solo todos los dispositivos electrónicos, móviles e informáticos sino que también entrega a la policía los códigos PIN y los códigos de seguridad, y les saca discos duros antiguos que tenía en un cajón. Además, destaca que «la vivienda está muy limpia», una curiosa percepción de la policía absolutamente insólita en una diligencia policial de este tipo.
Sapiña tiene todos sus vehículos de colección y bienes embargados desde hace cuatro años y medio y todavía no sabe de qué se le acusa. De hecho, las diligencias judiciales muestran dos relatos que no acaban de aclararse y, en cierta manera, son contradictorios entre sí. A pesar de las reiteradas peticiones para prestar declaración judicial, la jueza de Andorra todavía no lo ha citado con el argumento de que «está esperando»– también desde hace cuatro años y medio- un atestado policial sobre los efectos informáticos intervenidos que los Mossos d’Esquadra debían elaborar.
De trading al extraño caso del Nissan GT
Sapiña se dedicaba a dar clases de trading sin, eso sí, hacer de intermediario en ninguna inversión de sus alumnos. «Es una norma que tengo sagrada», explica a El Món en una conversación sobre el caso esta semana. De hecho, Sapiña tenía reputación en el sector del trading hasta que dos competidores intentaron abrir mercado en Andorra y, casualmente, estalló esta causa que lo tiene inactivo porque el sumario se ha atascado y nadie sabe dónde está el tapón. De hecho, la parte de la causa que ha ido a parar a la Audiencia Nacional, tampoco está ni imputado. De hecho, Sapiña recientemente ha sido requerido como colaborador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) en una complicada investigación de estafas financieras por internet.
La extrañeza del caso aún se ha incrementado más con la misteriosa desaparición del registro oficial de uno de los vehículos de colección embargado, un mítico Nissan GT. Una pieza de coleccionista muy valorada entre los aficionados del motor. Una situación que hizo levantar las orejas a la jueza y que obligó a la policía a solucionar en horas, después de que los abogados de Sapiña denunciaran los hechos. Los indicios de la desaparición apuntan que alguien tenía interés en apropiarse del vehículo aprovechando el olvido judicial del caso, y que alguien hacía la vista gorda en el depósito judicial.
Desde marzo de 2020
La causa llegó a Andorra a través de una comisión rogatoria de la justicia española el 25 de marzo de 2020. De hecho, había una anterior, del 17 de marzo, pero se tuvo que corregir. La causa en Cataluña y en España se había iniciado por una denuncia de Mercè, de una señora de Alp (La Cerdanya), asegurando que le habían estafado 560.000 euros en este tipo de inversiones por teléfono y de un señor de Huesca, Pere, al que también le habrían estafado. La investigación llevó a los Mossos y a la Guardia Civil de Huesca a relacionar a Sapiña, residente en Andorra y la sociedad GNZ Academy, por unos correos de contacto con el que entonces era uno de los principales investigados, que supuestamente regentaba una sociedad de trading llamada EverxGlobal. La causa era por dos delitos de estafa y, como es habitual en las instrucciones españolas, por pertenencia a una organización criminal».
El 8 de junio de 2020, la justicia andorrana cumple la comisión rogatoria e investigan durante meses, prórroga tras prórroga, a Sapiña y cinco personas más que supuestamente colaboraban con él -eran alumnos suyos-, que también fueron detenidos y que tampoco saben nada de su causa. Seguimientos e intervenciones telefónicas intensas que solo constatan que circula con vehículos de lujo, algunos adquiridos en 2011, y que compra comida para llevar. Incluso, recoge que Sapiña, el 17 de abril de 2020, cuando era seguido por la policía, irónicamente, les facilitó el trabajo porque se dirigió a la sede de la policía andorrana a interponer una denuncia por amenazas que recibía a través de las redes sociales. Las escuchas y los seguimientos permanecen en secreto hasta noviembre. De momento, el único nexo de supuesta causalidad entre los andorranos y los dos denunciantes son unos correos con el broker que habían denunciado.
Entrada y registro
El 2 de noviembre, la justicia andorrana pide más explicaciones a la española y más documentos sobre la investigación para acotar más la investigación. Sapiña lleva meses vigilado y no encuentran nada en firme. Pide información y datos que «puedan aportar luz a la encuesta andorrana». Casi como la frase icónica del programa Crims de Carles Porta. Los Mossos, a través del juzgado de la Seu, remiten por correo electrónico varios documentos a lo largo del mes de noviembre. Informes de fuentes abiertas y con afirmaciones como que «hay sitios de internet que los califican de estafadores», en referencia a Sapiña y uno de los otros investigados. El 18 de diciembre de 2020 continúa el secreto en el juzgado de Andorra y se prepara para la entrada y registro en los domicilios de los investigados, que ya son seis. Se habilitan incluso, agentes de Europol.
El 18 de enero de 2021 se realiza la entrada y registro con una resolución que aporta como argumento que «Sapiña se dedicaría en realidad al envío masivo de correos electrónicos a cientos de personas para que estas inviertan sus ahorros en plataformas ilegales». Una acusación que irá variando durante la larguísima instrucción. En la entrada al domicilio de Sapiña, entrega a la policía dispositivos móviles, electrónicos, USB y disco de memorias, así como los códigos de desencriptación y los pin de cada uno. A partir de aquí comienza un verdadero viacrucis entre los encausados y la justicia española y los Mossos y Andorra remite varias comisiones rogatorias (y sus recordatorios) para que las pruebas recogidas en España se entreguen a Europol o se analicen. De hecho, no será hasta el 4 de octubre de 2021, nueve meses después de la entrada y registro, que llegan los primeros dispositivos a manos supuestamente de Europol.
Dónde están las cosas
El tiempo pasa y no hay respuestas ni ningún atestado desde España. Sí que hay de la policía andorrana, que se van entregando hasta diciembre de 2021, sobre el resto de dispositivos confiscados donde literalmente afirman: «No se destaca nada especial». Ninguna novedad hasta febrero de 2021 que la batlle de Andorra vuelve a reclamar información a España sobre el estado de los análisis de los elementos electrónicos e informáticos remitidos hace más de un año. La respuesta llega en marzo cuando, paralelamente, la jueza andorrana envía agentes de la policía del Principado a la Seu a entregar tres elementos más confiscados para investigar por parte de Europol. El tres de mayo de 2021 se hace la entrega de tres indicios y se aprovecha para reclamar los informes anteriores.
No hay más noticias. La jueza andorrana, con la mosca tras la oreja, el 4 de noviembre de 2022, pide a España, cómo están los atestados sobre las evidencias digitales. No hay respuesta. Paralelamente, estalla el caso Forex a nivel internacional. Mossos y Guardia Civil hacen ruedas de prensa conjuntas. El 23 de marzo, la batlle andorrana vuelve a intentarlo. Remite una comisión rogatoria pidiendo a ver qué pasa con las pruebas y los atestados. Curiosamente, esta comisión se acompaña de una resolución que ha cambiado sustancialmente la acusación contra Sapiña por parte de las autoridades andorranas. Ahora ya «no envía masivamente correos» ni se apunta ninguna estafa. Según la policía y jueza andorrana «Sapiña estaría
ofreciendo servicios financieros en el Principado de Andorra sin las debidas autorizaciones estatales, dado que la actividad que le ha sido autorizada por parte del Gobierno es una actividad especialmente formativa, de contabilidad y recursos.» De ahí que la jueza pida más explicaciones a España.
«Queremos declarar»
Los investigados, sin saber nada de cómo está su causa, comparecen el 23 de octubre y reclaman, de nuevo, declarar. La jueza andorrana responde que todavía no les puede tomar declaración porque no tiene los atestados de los Mossos sobre los efectos informáticos intervenidos. Después de varias reclamaciones por parte de Andorra, la última de noviembre de 2023, el 11 de abril de 2024 el Mosso d’Esquadra Cesar Miguel envía un correo electrónico respondiendo a la jueza explicándole que el 21 de noviembre de 2023 le había enviado un oficio constatando que ellos tenían las bolsas precintadas para analizar y que «EUROPOL no ha llevado a cabo los análisis solicitados y quedan a sus órdenes para hacer lo que ordene». El oficio del 21 de noviembre «se había perdido».
Cansados de esperar, Sapiña y sus abogados se presentan el 24 de julio de 2024 en el Juzgado de la Seu d’Urgell y en la comisaría de los Mossos de la capital del Alt Urgell para pedir explicaciones sobre dónde están los atestados y los informes policiales. El jefe de la investigación no los recibe. El juzgado les informa que la causa ha sido remitida a la Audiencia Nacional, donde incluso, el Tribunal Supremo, ha intervenido para repartir la causa. Los Mossos informan a la jueza que Europol no les responde. Y la jueza el pasado mes de febrero les ordena que haga la policía catalana estudie las pruebas y hagan los informes. La jueza todavía espera. Los encausados, también. Caos policial, Mossos culpando a Europol, y un joven con todos los bienes embargados. Cuatro años y medio después.
