El exconseller de Educación Josep Gonzàlez Cambray sigue en el punto de mira más de un año después de ser relevado de su cargo en el ejecutivo catalán, entonces en manos del republicano Pere Aragonès. El 8 de febrero de 2024, la Oficina Antifraude (OAC) admitió a trámite una denuncia anónima contra el procedimiento con el que, una vez relevado como jefe de la consejería, se le había recolocado como investigador del Centro de Recursos Pedagógicos Específicos de Apoyo a la Innovación y a la Investigación Educativa (CESIRE), que se encarga de “contribuir a la transformación del modelo educativo a través de la pedagogía” y que depende directamente del mismo Departamento de Educación. La denuncia apuntaba que se le había nombrado de manera irregular. Finalmente, según ha sabido El Món, la OAC ha concluido que hubo «irregularidades formales». Pero, además, según han constatado los actuales responsables de Educación, del gobierno del PSC de Salvador Illa, de su actividad en este centro no consta ningún documento que acredite ningún tipo de actividad durante los ocho meses que estuvo en el CESIRE.
El que fue titular de la cartera de Educación durante el primer tramo de la legislatura de Pere Aragonès fue reubicado como parte del equipo de investigación del CESIRE entre el 12 de junio de 2023 y el 4 de febrero de 2024, tras ser destituido como conseller y sustituido por Anna Simó. Un total de 238 días de supuesto trabajo en el CESIRE del cual no constan reuniones ni su participación en ningún proyecto. Así lo especifica la resolución estimatoria a una solicitud de acceso a la información pública (SAIP) anónima –presentada por un ciudadano de identidad protegida. En la respuesta, a la cual ha tenido acceso El Món, firmada por la actual secretaria general de la consejería de Educación, Teresa Sambola, se dice, textualmente: “No hay constancia de reuniones en el marco del Centro de Recursos Pedagógicos Específicos de Apoyo a la Innovación y a la Investigación Educativa (CESIRE) en las que participara el exconseller y tampoco hay constancia documental de proyectos o acciones en los que participó”. Lo firma la secretaria general de la consejería, uno de los cargos de peso de la nueva consejería de Esther Niubó.
También como apunta el mismo departamento, Cambray cobró 26.706,68 euros netos durante su paso de ocho meses por el CESIRE: “En cuanto al destino e importe salarial satisfecho, consta que se le concedió una Comisión de Servicios desde el 12 de junio de 2023 hasta el 4 de febrero de 2024, con un total de 238 días, y que el único registro de su salario del que dispone el Departamento es el importe total percibido, que fue de 41.541,46 € brutos, correspondiente a unos 26.706,68 € netos”, concluye la resolución de la SAIP firmada por Teresa Sambola. Es decir, en otras palabras, la actual consejería de Educación determina que Cambray cobró más de 26.000 euros netos por llevar a cabo unas tareas en materia de investigación de las cuales no consta documentalmente su participación, ni en los proyectos ni en las reuniones de este organismo público.
Un nombramiento con «irregularidades formales»
Paralelamente a la conclusión de Educación sobre la actividad –o falta de actividad– de Cambray en el CESIRE, la Oficina Antifraude ha concluido que el nombramiento del exconseller para su nuevo cargo se llevó a cabo “mediante una comisión de servicios” -mientras que normalmente se accede a esta plaza a través de un concurso público- y que se hizo “de forma verbal y sin la propuesta previa de la dirección general correspondiente que establece la Resolución EDU/1443/2023”. “La adscripción provisional en comisión de servicios a un puesto de trabajo del CESIRE, si bien se ajusta a lo que establece la Instrucción 5/2017, presenta algunas irregularidades formales”, concluye la investigación de la Oficina Antifraude.
Así pues, la OAC determina que el nombramiento de Cambray como investigador en el CESIRE, que se aplicó el 12 de junio de 2023 -al día siguiente de su cese oficial como conseller-, se llevó a cabo con “irregularidades formales”, aunque estas “irregularidades” no son “motivo de anulabilidad”. Según consta en los registros de la consejería, el antiguo titular de la cartera de enseñanza formó parte del equipo del CESIRE hasta el 4 de febrero de 2024, momento en que pasó a la Diputación de Barcelona como coordinador del Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial. Un destino donde continúa actualmente.
El exconseller evita responder
El Món ha intentado de manera insistente obtener la versión de Cambray. Se ha solicitado en varias ocasiones desde el 13 de marzo, tanto por teléfono como por correo electrónico a la Diputación de Barcelona. A pesar de tener constancia de que conocía la petición de este diario, ha sido imposible ponerse en contacto con él.
