El conflicto enquistado entre conserjes de instituto y la Dirección General de Función Pública, que depende del Departamento de Presidencia, lleva años arrastrándose y, lejos de resolverse, continúa complicándose cada vez más. Desde hace años, el cuerpo de los denominados subalternos de los centros educativos catalanes, es decir, los conserjes, presiona a la administración, tanto catalana como española, para regularizar y dignificar su situación laboral. A pesar de las negociaciones que ya han mantenido con Función Pública en los últimos años para mejorar sus condiciones laborales, el conflicto sigue abierto. El colectivo denuncia la «situación laboral precaria» que sufren en una carta enviada al presidente Salvador Illa; al consejero de Presidencia, Albert Dalmau; a la consejera de Educación, Esther Niubó, y a la consejera de Economía, Alicia Romero, firmada por los diferentes sindicatos con representación en la mesa sectorial de negociación del personal técnico y administrativo de la Generalitat -es decir, CATAC, CCOO, UGT, el CSIF y la Intersindical-, a la cual ha tenido acceso El Món.
«Nuestro compromiso con la educación pública y la ciudadanía es innegable, pero nuestra situación laboral y económica también lo es», argumentan los subalternos. La carta es un nuevo paso para presionar a la administración catalana, tal como explica José M., conserje de un instituto del Baix Llobregat y miembro del colectivo de subalternos de la Generalitat, en declaraciones a este diario. La situación actual que vive este cuerpo de trabajadores públicos, según asegura, es insostenible: «Nos sentimos muy maltratados por todas las administraciones y las direcciones», exclama José. Según detallan en la carta y corrobora el conserje, el personal de administración y servicios del sistema educativo se enfrenta a una «pérdida dramática del poder adquisitivo» del 25%, lo que los sitúa en una situación de «precariedad inadmisible»: «Nuestros sueldos no se han actualizado conforme al IPC [que ha crecido más de un 20% en los últimos cuatro años], mientras que el costo de vida se ha disparado de manera alarmante», denuncian. Y recuerdan que en las franjas más bajas de la administración cobran, apenas, el salario mínimo interprofesional.
La respuesta de la consejería de Educación
Fuentes del Departamento de Educación confirman a El Món que han recibido la misiva enviada por los subalternos y aseguran que, en estos momentos, están estudiando sus reivindicaciones. De hecho, según explican las mismas fuentes, el miércoles de esta semana se abordó la problemática en la reunión del «comité intercentros» que se celebró en la sede del departamento, en la Via Augusta: «Expusieron sus reclamaciones y desde el departamento se acordó seguir hablando para intentar mejorar sus condiciones laborales», constatan las fuentes de la consejería de Educación. Por su parte, desde la Dirección General de Función Pública también recuerdan, a preguntas de este diario, que durante la pasada legislatura se mantuvieron varias reuniones con el cuerpo de subalternos para acordar algunas cuestiones sobre sus condiciones laborales. De momento, sin embargo, Función Pública no detalla qué mejoras están sobre la mesa para responder a las peticiones de los conserjes de las escuelas e institutos catalanes.
Definir al pie de la letra las funciones de los subalternos
El conflicto de los conserjes de instituto con la administración catalana no es solo por sus condiciones laborales, sino también por la ordenación de las tareas que deben llevar a cabo en su jornada laboral. De acuerdo con la documentación publicada por la Generalitat de Catalunya, los conserjes se encargan de cerrar y abrir las puertas del recinto escolar en las horas establecidas, tocar puntualmente la sirena que marca el inicio y final de las sesiones de clase por la mañana y por la tarde, cuidar del mantenimiento y limpieza general del centro, velar por la limpieza de los patios en horario escolar, velar por mantener el orden en las entradas y salidas de los alumnos, identificar al personal que accede a las dependencias del centro así como el motivo de la visita, velar para que los botiquines del centro dispongan del material básico necesario y cualquier otra tarea que le sea encomendada por el equipo directivo.
Este último elemento es el que genera más puntos de conflicto, ya que, según denuncia José M., algunas direcciones aprovechan esta laguna para encargarles «tareas que no les corresponden». «Hay gente a la que le hacen forrar libros o pintar», ejemplifica el conserje. Teniendo en cuenta esta situación, el cuerpo de subalternos pide la elaboración de un documento «taxativo y preciso» de las funciones del personal subalterno que se envíe a los equipos directivos de todos los centros educativos catalanes, ya que «la ambigüedad actual lleva a la asignación de tareas impropias» de este cuerpo. De hecho, así lo harán saber en una próxima carta que enviarán a la Generalitat, cuyo borrador ha podido ver El Món. A pesar del desbarajuste respecto a las funciones que corresponden a los conserjes de instituto, los subalternos remarcan que la mayor parte de la jornada laboral la dedican a atender al público, desde alumnos hasta familias, pasando por el profesorado u otras empresas colaboradoras. «La situación que vivimos los subalternos es inadmisible», insiste José M.
La importancia del complemento de atención presencial
Teniendo en cuenta esta situación, en la misiva enviada al gobierno de Salvador Illa, el cuerpo de subalternos de los centros educativos reclama la aplicación del complemento de atención presencial, un complemento que se atribuye a los trabajadores de la administración catalana que ejercen tareas de atención al público. Aunque los conserjes, a su parecer, cumplen los requisitos para recibir este complemento salarial, ya que son los encargados de atender a las familias, entre otros, que llegan a las escuelas e institutos, no lo reciben. Un hecho que consideran indignante: «Nuestra labor en los centros educativos supera con creces el mínimo establecido para cobrar el complemento presencial o de atención al público, según el acuerdo de gobierno 120/2007 [el cual fija que los puestos de trabajo presencial deben tener tareas de información o atención al público que representen como mínimo el 75% del tiempo de trabajo total]», argumentan. De hecho, según José M., en los documentos para la organización y gestión de los centros queda reconocido que tanto el personal subalterno como el auxiliar administrativo se encargan de «la atención telefónica y personal, y la recepción y atención de toda persona que acceda al centro».
Así pues, los subalternos reclaman que se aplique, a través de un acuerdo de Gobierno, «el derecho a percibir el complemento presencial»: «Nosotros atendemos a todos los que entran al instituto, pero no se nos tiene en cuenta a la hora de cobrar este complemento», denuncia el conserje del Baix Llobregat. «Función Pública sabe que no tenemos tanta fuerza de presión como los docentes, porque somos solo 1.600 subalternos de educación en Cataluña y estamos muy repartidos por el territorio», añade José M., quien asegura que, debido a la poca representación de conserjes en los centros es muy difícil «organizar una huelga»: «Si solo somos dos y uno tiene que trabajar para cumplir con los servicios mínimos…», lamenta. Con todo, los subalternos también reclaman al gobierno de Illa que articule un «plan de dignificación salarial que sitúe los sueldos del personal subalterno de la Generalitat en niveles comparables con otras administraciones catalanas».
