La fecha de inicio del curso escolar es uno de los principales puntos de discordia entre la comunidad docente catalana y la consejería de Educación y Formación Profesional. Esta misma semana, la cartera que encabeza la socialista Esther Niubó ha puesto sobre la mesa durante la reunión de la Mesa Sindical la propuesta de comenzar el próximo curso el lunes 8 de septiembre. Una fecha que no ha tenido una buena acogida entre las organizaciones sindicales del sector, ya que consideran que deja de lado sus reclamaciones para el mes de septiembre. De hecho, los sindicatos han reclamado desde el principio que el curso se retrase hasta después de la Diada del Once de Septiembre, tal como se había hecho históricamente. La nueva fecha de inicio escolar anunciada por la consejera del PSC, que sigue la filosofía del gobierno de Pere Aragonès, enquista el eterno conflicto entre docentes y administración.
Según argumentan las organizaciones sindicales de docentes, se trata de un planteamiento «continuista» en relación con las políticas de los anteriores responsables de la cartera -tanto del exconsejero Josep González Cambray como de su sucesora, Anna Simó. El conflicto por las fechas de inicio de curso se remonta al año 2022, momento en que la consejería ya estaba liderada por Esquerra Republicana. Mientras que hasta ese año el curso escolar para el segundo ciclo de infantil -es decir, desde infantil 3 hasta infantil 5-, la educación primaria y la secundaria obligatoria (ESO) comenzaba después del once de septiembre, el inicio del curso 2022/23 se adelantó hasta el día 5 de septiembre. El Gobierno optó por adelantar el calendario para «mejorar la conciliación familiar», ya que defendían que acortar las vacaciones de verano del alumnado permitía a las familias tener que hacer menos malabares para ubicar a los niños las semanas en que los padres ya han comenzado a trabajar de nuevo. En ese momento, sin embargo, la propuesta ya generó un gran rechazo por parte de la comunidad docente, que advertía que este adelanto les impedía planificar el curso teniendo en cuenta el sistema de contratación de los centros educativos, que no les permite tener los equipos completos con suficiente tiempo para organizarse antes de las vacaciones de agosto.
Una decisión que desencadenó huelgas y protestas
Esta decisión de la consejería, criticada por los sindicatos, fue uno de los motivos que desencadenó las cinco jornadas de huelga que se produjeron en marzo de 2022. En ese momento, las principales organizaciones sindicales del sector -que se unieron para protestar conjuntamente, un hecho que hacía décadas que no se veía- acusaban a Cambray de no querer negociar los cambios en la planificación y el calendario escolar con la comunidad educativa. A pesar de las quejas y las protestas de los docentes, la consejería de Educación mantuvo su postura y el curso comenzó el 5 de septiembre. El curso 2023/24, siguiendo la tónica del año anterior, Cambray volvió a fijar el 6 de septiembre como la fecha elegida para el regreso a las aulas. Sin embargo, en junio de ese mismo año el expresidente Pere Aragonès destituyó al exconsejero del cargo y nombró a Anna Simó como su sucesora.
Simó ya comenzó el mes de septiembre enfrentándose a una huelga de profesores convocada por el sindicato mayoritario del sector, USTEC, contra la nueva fecha de inicio escolar. Una huelga, sin embargo, que, a diferencia de las protestas anteriores, tuvo mucho menos seguimiento. Para intentar descomprimir el conflicto con los sindicatos de docentes y acercar posiciones, Simó apostó por retrasar la fecha de inicio del curso 2024/25 hasta el 9 de septiembre. Una decisión que, aunque daba tres días más de margen a los profesores para la preparación del curso, tampoco convenció a las organizaciones sindicales, que continuaban considerando que se trataba de un calendario demasiado poco realista en relación con el volumen de trabajo que aseguran que tienen que llevar a cabo las primeras semanas de septiembre: “La buena fecha era aquella que ya teníamos [es decir, después de la Diada del Once de Septiembre]”, recordaban desde el sindicato mayoritario del sector. El gesto de la exconsejera Simó, por tanto, tampoco sirvió para apaciguar un conflicto que ha quedado cronificado en el tiempo.
Esther Niubó, heredera de las políticas de ERC
Ahora, la consejera Esther Niubó ha optado por mantener el mismo rumbo que su predecesora y ha decidido comenzar el curso 2025/26 el 8 de septiembre, una fecha que continúa sin convencer a los sindicatos del sector. De hecho, desde USTEC lamentan que la consejería les ha impuesto esta fecha de inicio escolar porque está estipulada en «los acuerdos de investidura» entre el PSC y ERC: «Lamentamos que la consejería compre esta línea continuista con la anterior consejería y no entre a negociar este calendario», asegura la portavoz nacional del sindicato mayoritario, Iolanda Segura. En este sentido, los principales sindicatos del sector mantienen que, con este adelanto de la fecha de inicio escolar, los equipos docentes no disponen de suficiente tiempo para poder preparar el curso. «La argumentación del adelanto [por parte del Gobierno] en ningún caso tiene un contenido pedagógico. Es una medida populista», remata Segura.
Además, los sindicatos también se quejan de que el adelanto del calendario se suma a la complicación que conlleva la configuración tardía de las plantillas de docentes de los centros educativos, ya que este año consideran que habrá «bastantes movimientos» debido a la resolución final del concurso de traslados: «Solo tendremos una semana para preparar el curso escolar. Y además, este septiembre también habrá muchos movimientos por el concurso de traslados», apunta la portavoz de UGT educación, Lorena Martínez, quien asegura que no se ha detectado ninguna relación entre comenzar antes el curso y mejorar los resultados educativos. Además, el proceso de adjudicación de plazas por parte de la administración también provoca que algunos docentes conozcan su destino final a principios del mes de septiembre. Estos argumentos -principalmente- son los mismos con los que los sindicatos de enseñanza ya articularon las protestas contra los anteriores responsables de la cartera. Aunque la consejería ha ido cambiando de manos, el conflicto se mantiene más vivo que nunca. Y, de momento, no parece que se vaya a resolver.
