Este lunes comienza el nuevo curso escolar para los alumnos de infantil, primaria y secundaria obligatoria. Un nuevo curso con menos volumen de alumnos en general, pero más alumnos con necesidades educativas específicas. Es decir, un curso, en palabras de la consejera de Educación, Esther Niubó, con «más complejidad»: «Nos encontramos con unas aulas que tienen menos alumnos, pero, en cambio, con una complejidad más alta, dado este incremento de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, y, por lo tanto, con más necesidad de destinar recursos adicionales para poder hacer frente mejorando la atención educativa de estos niños y del conjunto del grupo clase», defiende Niubó. En la rueda de prensa previa al inicio de curso, la responsable de la cartera aseguraba que desde la consejería se han «esforzado» al máximo en reforzar el sistema educativo e invertir más recursos económicos, a pesar de que Cataluña continúa sin presupuestos y funciona con las cuentas prorrogadas desde 2023 y algunas ampliaciones de crédito.

En los próximos meses, el gobierno de Salvador Illa debe buscar la manera de atar las cuentas catalanas de cara a 2026, pero de momento aún no ha conseguido ni el apoyo de sus socios de investidura. Es precisamente en la negociación de los presupuestos donde algunos sindicatos de docentes ven una oportunidad para presionar a la administración catalana y volver a llevar la mejora de las condiciones laborales de los profesores y maestros a la primera plana de la política. Así lo expresa la portavoz de UGT, Lorena Martínez, en conversación con El Món: «Pido a todos los grupos parlamentarios que tengan responsabilidad social y trabajen para aprobar los presupuestos», argumenta la sindicalista, que lamenta que sin cuentas «será muy difícil» conseguir mejoras en las condiciones laborales del sector. Las organizaciones sindicales consultadas por este diario coinciden en que, en caso de no recibir un feedback positivo para sus reclamaciones, el siguiente paso será salir a la calle e, incluso, convocar una nueva huelga, como la que ya vivió el exconsejero de Educación Josep González Cambray.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante un pleno en el Parlamento / David Zorrakino (Europa Press)

División de opiniones sobre el formato de protesta

«O se sientan a negociar, o pasaremos a la acción». Esta es la advertencia que lanza la portavoz del sindicato mayoritario del sector, Iolanda Segura, que asegura que el «colectivo docente» está «muy quemado» e indignado por el «menosprecio» de la administración catalana. Desde USTEC ya dieron el curso pasado como un «período de gracia» para que la responsable de la cartera se adecuara al nuevo cargo. Un año después, desde el sindicato son muy críticos con su gestión: «Entró con muy buenas intenciones, pero nos ha acabado decepcionando. Y el desbarajuste con las adjudicaciones de verano ha sido la decepción definitiva», exclama. Ahora bien, Iolanda Segura evita poner fecha a esta posible huelga: «No sabemos si será en el primer trimestre o en el segundo. Lo que tenemos claro es que queremos que sea muy participativa. Que tenga mucho músculo», argumenta.

Desde la Intersindical el posicionamiento es más directo: «Tenemos claro que no basta con una huelga de un solo día. Debe ser una huelga sostenida durante el primer trimestre, enmarcada en la negociación de los presupuestos», exclama el portavoz del sindicato, Marc Martorell, que defiende que la educación debe volver a situarse «en la agenda política». «Ahora está en último plano, y debe ser una cuestión primordial», añade el sindicalista. Desde la UGT no descartan convocar nuevas jornadas de huelga a lo largo del curso, pero consideran que primero se deben agotar otras vías de negociación. En relación con el planteamiento de una huelga sostenida impulsado por la Intersindical, Martínez también coincide en que «una huelga de un solo día quizás no es adecuada», pero se muestra «optimista» respecto a la posibilidad de que no sea necesario llegar a la parada para conseguir negociar con el Departamento de Educación. Sea como sea, los docentes tienen claro que este año hay que luchar para mejorar sus condiciones laborales. Una idea que no solo comparten los sindicatos, sino que también ha impulsado la creación de algunas plataformas de profesores.

Una posible huelga «indefinida» impulsada por una plataforma de docentes

Este es el caso, por ejemplo, de la plataforma Docents en Vaga, que plantea una «inminente huelga indefinida»: «Durante octubre [aunque aún no tienen fecha concreta] nos reuniremos con la consejera Niubó para reclamar el aumento del complemento salarial específico«, detalla el portavoz de la plataforma, Juan Carlos Padilla. En caso de que la reunión con la responsable de la cartera no llegue a buen puerto, desde la plataforma, que cuenta con más de 9.500 docentes afiliados, convocarán «con efecto inmediato» una huelga indefinida. Así pues, es muy probable que ya aparezcan las primeras chispas a favor de una nueva huelga masiva de los docentes durante las primeras semanas del nuevo curso escolar. Ahora bien, de momento, las organizaciones sindicales del sector aún no han concretado -ni individualmente, ni colectivamente- cuál será el mecanismo de lucha para este nuevo año académico.

Imagen de una de las concentraciones en la plaza de Sant Jaume de los sindicatos de docentes contra el exconsejero Josep González Cambray / David Zorrakino (Europa Press)

Poner en el centro las condiciones laborales del sector

A pesar de las ligeras diferencias en la articulación sindical del conflicto, el motor de la protesta de este curso es común: mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector de la enseñanza. «No nos conformamos con una subida salarial del 2% [la cual se acordó entre el anterior responsable de la consejería, Anna Simó, CCOO y UGT]. No queremos las migajas», recalca Marc Martorell desde la Intersindical, que reclama una «subida salarial» que permita revertir la «pérdida» de poder adquisitivo que lleva dos décadas arrastrándose. En esta línea, desde la plataforma Docents en Vaga, ponen el foco en el complemento específico. Es decir, el complemento salarial que reciben los cuerpos esenciales de la Generalitat, como los Mossos d’Esquadra, el cuerpo de Bomberos, los médicos y los docentes: «En los últimos 19 años, la Generalitat no ha subido el complemento específico de los docentes. Solo ha aplicado las actualizaciones estatales», recalca Juan Carlos Padilla.

En cifras, el portavoz de la plataforma docente apunta que el complemento específico de un profesor de secundaria es de 680 euros, mientras que el de los Mossos es de 1.661, el de los bomberos 1.930 y el de los médicos roza los 2.000 euros: «Hemos perdido poder adquisitivo. Por eso reclamamos un incremento del 25% del complemento salarial», argumenta el representante de Docents en Vaga, que «no critica» las condiciones de los Mossos d’Esquadra, sino que reclama «recibir el mismo trato» por parte de la administración catalana. «Después ya hablaremos de indexar los salarios al IPC», añade Padilla, que lamenta que «CCOO y UGT no están muy por esta labor». «El salario es una cuestión muy importante», exclama.

En esta línea, desde el sindicato mayoritario, la USTEC, también defienden que los «recortes» salariales que ha recibido el personal de la enseñanza deben revertirse con urgencia: «Se deben devolver del todo», apunta Iolanda Segura, que lamenta que los maestros y profesores de Cataluña se encuentran a la cola de los salarios de la profesión en el conjunto del estado español. «Hemos llegado a un momento que nos es muy difícil pagar la vivienda, sobre todo en Barcelona. Hay un desequilibrio muy grande», lamenta la portavoz de USTEC. Una idea que también comparte la representante sindical de Unión General de Trabajadores: «Nunca habíamos pedido nada sobre nuestro sueldo, pero ya ha llegado el momento de empezar a hacerlo», exclama Lorena Martínez. La consejera Niubó, sin embargo, ha enfriado rápidamente las pretensiones de los sindicatos y, en una entrevista en TV3 esta misma semana ha asegurado que «es muy complicado» plantear el incremento de sueldo que reclaman los docentes.

Una mujer con una pancarta durante una huelga de jornada completa de sindicatos educativos en una imagen de archivo / Kike Rincón (Europa Press)

Mantener viva la profesión

A la lucha salarial también se añade el frente de la sobrecarga laboral de los profesionales del sector. «Cada vez hay más complejidad. Más niños que necesitan una atención específica, y sin más recursos es imposible dar respuesta«, argumenta el portavoz de la Intersindical. Recursos que se deben pactar en los presupuestos. Una idea que también comparte Iolanda Segura, que recuerda que los docentes son «los únicos trabajadores de la administración» que se llevan el trabajo a casa al salir de la escuela. Esta sobrecarga laboral también dificulta el trabajo de los docentes a la hora de abordar la creciente complejidad de las aulas: «Cada vez hay menos gente que quiere ser docente», exclama la portavoz de UGT, que lamenta que han aumentado las dificultades a las que deben hacer frente los maestros y profesores, pero que sus condiciones laborales continúan estancadas. «Necesitamos que la gente quiera ser docente», añade, con cierta desesperación, Lorena Martínez.

Desde la consejería defienden que, a pesar del incremento de alumnos con necesidades específicas, se están reduciendo «progresivamente» las ratios en el aula. De hecho, Niubó ha asegurado esta misma semana que esta es una de las medidas que continúa impulsando para mejorar las condiciones laborales. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el número de alumnos de este año es menor debido al descenso de la natalidad. Las elevadas ratios, sumadas a la creciente complejidad de las aulas y el desgaste de los profesionales con sus condiciones salariales, sin embargo, ya han creado el caldo de cultivo entre los docentes de la escuela pública catalana para que se produzca una nueva ola de protestas que, incluso, pueden desembocar en una nueva huelga, sea durante el primer trimestre o el segundo. La consejera de Educación deberá buscar la manera de llegar a un entendimiento con las organizaciones sindicales del sector si quiere evitar una revuelta como la que sufrió el exconsejero Cambray.

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