El lunes se reinicia el juicio contra los Pujol Ferrusola. Una nueva tanda de jornadas que deben servir para terminar los interrogatorios al instructor de la gran mayoría de los informes policiales así como de sus dos segundos. El instructor era el inspector en jefe 89140, Álvaro Ibáñez, que dirigía el grupo 24 de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, la UDEF. Es decir, el policía que firmó la gran mayoría de atestados de la instrucción, los coordinó e, incluso, elaboró uno de resumen, titulado con la expresión jurídica de «delito previo de corrupción», donde exponía su tesis especulativa sobre el origen de los fondos de la familia Pujol en Andorra, que hicieron suya la fiscalía y el juez instructor.
Ibáñez, ahora destinado a la Comisaría General de Información –a pesar de ser, según se autodescribió en la primera parte de la testifical, un «experto» en blanqueo–, fue el protagonista de la vista oral de la semana pasada. Admitió tener «animadversión» contra la familia Pujol, por haberlo denunciado por el caso del pendrive. Aunque la fiscalía insiste en que la mayoría de los atestados son anteriores a esta denuncia, los números, los hechos y las fechas muestran otra cosa. En todo caso, el inspector Ibáñez no pudo aguantar los interrogatorios de la defensa la semana pasada, como el de Cristóbal Martell, letrado de Jordi Pujol Ferrusola, que evidenciaron los agujeros de sus atestados. Su testifical continuará el lunes, y después comenzarán el resto de miembros de su equipo.
Un equipo de la UDEF que ha quedado manchado por una serie de elementos que han desvirtuado su investigación. El caso del pendrive; la maniobra de la cúpula del Ministerio del Interior con el brazo mediático de la operación Cataluña; los mails internos del inspector en jefe; las amenazas en la calle a Jordi Pujol Ferrusola –denunciadas ante la justicia– o la elaboración de investigaciones –como el caso Peñaranda, con informaciones contra los Pujol suministradas por convictos por estafa que todavía estaban en la cárcel– son algunos de estos elementos que se han producido durante los años que ha durado la instrucción. Ahora se deberán aclarar en las testificales de los policías previstas para la semana próxima.
Una «animadversión» de la UDEF
Se podría apuntar que la «animadversión» confesada por el instructor policial se remonta a la famosa del presidente Jordi Pujol cuando se enteró de las investigaciones: «¿Qué coño es la UDEF?». Una exclamación que los miembros de la unidad modelada por el comisario José Luis Olivera –el hombre que se jactaba de haber montado la operación Cataluña– no acabaron de digerir. Olivera dejó la comandancia de la UDEF, en el año 2012, en manos del comisario Manuel Vázquez.
El comisario Vázquez es una pieza esencial para entender el caso Pujol. Había comenzado su carrera en la Prefectura de Cataluña y accedió al cargo de jefe de la UDEF como hombre de confianza del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con la complicidad de Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. Con Vázquez en la UDEF se hizo el grueso de la investigación contra los Pujol y el cártel del fuego en Valencia, donde también fue protagonista –y de hecho, así lo expresó durante su declaración– el inspector Álvarez.
Vázquez acabó imputado en una de las piezas de la macrocausa Tándem, el caso de los encargos del BBVA al comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo. Cabe recordar que Vázquez, además, fue el encargado de remitir al Tribunal de Cuentas el informe PISA, es decir, el documento apócrifo que implicaba falsamente a Pablo Iglesias y Podemos en un caso de supuesto financiamiento procedente de Venezuela e Irán. Vázquez, pues, era una pieza clave en la estructura de poder político y policial español en épocas en que los casos de corrupción acosaban al PP.
Una animadversión que viene de lejos
Teóricamente, la animadversión manifestada fue por la denuncia interpuesta por los Pujol por el asunto del pendrive, única condena hasta ahora por la operación Cataluña. De hecho, la familia Pujol se enteró de la existencia del lápiz de memoria con supuestas pruebas contra ellos a raíz de una noticia del diario Abc publicada el 13 de noviembre de 2016. Y, a pesar del persistente silencio hacia los investigados, la misma cabecera publicaba otra noticia sobre el pendrive el 26 de noviembre. Finalmente, el juez instructor del caso, José de la Mata, dictó una interlocutoria, el 7 de diciembre del mismo año, en la que levantaba el secreto de sumario de la pieza separada del pendrive, que se había creado el 11 de abril. Y expurgaba aquel famoso lápiz de memoria del sumario por miedo a que le contaminara toda la causa, dado que nadie pudo justificar cómo se había conseguido. En otras palabras, el magistrado vio que se había intentado incorporar a la causa de manera irregular. En ese momento, Ibáñez solo había firmado 15 de los 48 informes que firmaría en toda la causa.
Precisamente, el cronograma de la pieza separada del pendrive explica una tesis diferente de la que defiende la fiscalía. El mismo juez instructor, desde el minuto cero, cuando le entregaron el informe del pendrive, el atestado UDEF BLAG24 Rg 9842, en abril de 2016, no vio clara aquella historia. Y así lo hizo saber a Ibáñez. Fue entonces, el seis de mayo, cuando Ibáñez comenzó a pedir ‘consejo’ a los superiores para dar explicaciones al «juez y al fiscal sobre el origen del pendrive». Así lo delatan los mails, a los cuales ha tenido acceso El Món, que intentaban colar aquel lápiz de memoria como una pieza de convicción recogida en el registro de la sede de la agencia de detectives Método 3.
Ibáñez pedía ayuda al comisario Daniel Gallego Villasante, entonces inspector jefe de sección de la UDEF y superior suyo. Este remitió la petición a Bonifacio Díez -ex agregado de Interior en la embajada española en Andorra y uno de los investigados por la trama andorrana de la operación Cataluña-, miembro de la Dirección Adjunta Operativa, en manos del comisario Eugenio Pino, a todo el grupo 24 de la UDEF y a José María García Catalán, un comisario que dirigió de manera interina la UDEF. Diez días después, Ibáñez remitió otro mail, esta vez a Manuel Vázquez, exjefe de la UDEF y en 2016 ya en Galicia, informándole que el asunto del pendrive «iba muy mal» y pedía qué debía poner en su informe sobre el origen del lápiz de memoria. La inquietud del inspector ya era evidente y respondía al hecho de que se tenía que cubrir de una inminente denuncia o querella.
Una imputación y unas amenazas
El caso del pendrive fue denunciado por la familia Pujol y el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid comenzó las pesquisas. El 18 de mayo de 2018, el magistrado instructor imputaba al inspector Álvaro Ibáñez por falsedad documental, fraude procesal y prevaricación. El magistrado lo citaba para septiembre, y mientras tanto había firmado 32 informes de la causa. Entre la imputación y la citación, sin embargo, se registró un incidente importante que fue denunciado en el mismo juzgado.
A las cinco de la tarde del 27 de julio, Jordi Pujol Ferrusola, fue abordado por dos individuos cuando salía de su casa, en Barcelona. Siguiendo el relato de la denuncia, las dos personas, que iban vestidas de paisano, se identificaron como «agentes de la UDEF, del equipo de Álvaro». Y le espetaron: «No te saldrás con la tuya. Ayer tu amigo mexicano se pudo salir, pero tú no te saldrás. Recuérdalo!». El amigo mexicano al que se referían era Bernardo Domínguez Cereceres, imputado en el caso, que fue detenido al llegar a Barcelona, fue llevado en coche policial hasta Madrid, pasó una noche en el calabozo y al día siguiente el juez de la Mata lo dejó en libertad.
Este no fue el único episodio de este tipo. El 8 de agosto del mismo año, hacia las diez de la mañana, después de comparecer en la Ciudad de la Justicia de Barcelona para hacer una comparecencia apud acta, y cuando estaba cogiendo su moto, uno de los dos agentes que ya lo había abordado el 27 de julio, acompañado de otro individuo, se volvió a acercar para repetirle: «Recuerda que no te saldrás con la tuya!». En la denuncia al juzgado del caso del pendrive donde se exponían estas amenazas se explicaba que, en seis años de instrucción, el hijo mayor del expresidente no había sido nunca inquietado hasta «la proximidad de la imputación del inspector en jefe» y el detalle de que los increpadores pronunciaron el nombre de «Álvaro». El escrito no hace ninguna petición expresa, pero sí que reclamaba al juez «templar» la situación y evitar este tipo de «perturbaciones».
Desimputación de Álvaro Ibáñez y un informe final
El abogado de Álvaro Ibáñez no fue cualquiera. La Abogacía del Estado destinó un primera espada, el jefe de penal de los letrados de la Moncloa, Edmundo Bal, un hombre que llegó a ser portavoz de Ciudadanos y candidato a la presidencia de Madrid por la formación de Albert Rivera. Bal contrarrestó el escrito presentado por la defensa de Jordi Pujol Ferrusola alegando que no había prueba, que no se había interpuesto denuncia y que solo se pretendía «desacreditarlo en sus tareas». Finalmente, el juez indulgente, desimputó a Álvaro Ibáñez el 2 de noviembre de 2018, alegando que hizo «gestiones para encontrar el origen del pendrive después de conocer el error en su informe». Ahora bien, el juez no descarta que estos movimientos, es decir, los mails con los superiores, fueran una «tapadera», aunque admite que harían falta más indicios para certificar esta acusación.
La venganza llegó con un informe final, el que la fiscalía y el juez instructor consideraron el atestado estrella de la instrucción. En concreto, el informe 2019002400800000409 UDEF-BLA-G24, de 30 de julio de 2019, que generó un festival de publicaciones en una época que se esperaba la sentencia del Procés. En este atestado de 223 páginas, al cual ha tenido acceso El Món, el policía se remite incluso al caso Banca Catalana. El título era tanto sugerente como ostentoso: Reconstrucción operativa del vínculo de delito previo de corrupción. Un informe que opinaba, en unas «conclusiones policiales» bastante osadas y rebuscadas semánticamente, que existían, «desde una óptica policial, sujeta al criterio de las autoridades judiciales y fiscales, numerosos indicios acreditados y un proceso lógico racional que lleva hasta el hecho base que se pretende probar». «Los indicios enumerados», continuaba, «equivalen de forma clara, según el criterio policial, a sospechas fundadas en datos objetivos que han permitido inferir la presunta comisión delictiva, conforme las reglas de la experiencia, la presunta existencia de la realidad de un hecho delictivo y la posible participación en el mismo de los investigados«.
En este sentido, aseguraba que los «bienes objeto de los actos típicos de blanqueo no necesitaban, a criterio policial -y según jurisprudencialmente señalado- otras exigencias que la presencia antecedente de una actividad delictiva de manera genérica sin que sea necesaria ni la demostración plena de la actividad delictiva ni de los concretos partícipes en el mismo, a pesar de esto, tal como se ha puesto de manifiesto en algunos casos se ha conseguido la reconstrucción íntegra del itere criminal, suponiendo una clara superación del plano indiciado, conduciéndonos a la valoración de la conducta del presunto autor como una forma de participación en el presunto hecho delictivo antecedente».
El caso Peñaranda
Por si todo esto no fuera suficiente, hay que tener presente el caso Peñaranda. El caso de un estafador profesional preso en Can Brians que fue testigo protegido de la UDEF. Aseguraba tener el escondite donde los Pujol tenían su tesoro. Así se abrió una estrambótica pieza separada, que supuso cinco comisiones rogatorias internacionales fallidas en tres estados y una investigación secreta durante meses. Finalmente, la pieza fue cerrada con un silencio clamoroso después de malgastar miles de euros públicos intentando encontrar el supuesto patrimonio escondido de la familia del expresidente Pujol.
La investigación comenzó oficialmente el 12 de noviembre del 2019. La UDEF comunica al juez instructor, José de la Mata, una carta manuscrita firmada por un tal Israel Peñaranda, un preso de Brians 2, el centro penitenciario de Sant Esteve de Sesrovires. Peñaranda está entre rejas por 9 condenas por estafa –una de las cuales en Francia–, dos por falsedad en documento mercantil y un juicio en rebeldía por sustancias nocivas para la salud.
Una historia inverosímil
Peñaranda, a quien el juez da el sobrenombre de «Test 1″ y la categoría de protegido, les explica que tenía a su nombre cajas de seguridad donde los Pujol tenían fajos de billetes, joyas y otros objetos de valor. De hecho, les dibuja un mapa y todo. También aporta datos de cuentas bancarias en Suiza, Andorra y Portugal. Asimismo, incorpora a su relato varios supuestos testaferros -como la familia Samaranch- y domicilios de la Cataluña Norte, donde los Pujol tendrían escondida su fortuna. La pieza tiene tres prórrogas de declaración como secreta.
Cinco comisiones rogatorias internacionales y un viaje a la Cataluña Norte no solo resultan un fiasco, sino que la justicia francesa incluso reprende a la española por haberles hecho perder el tiempo con un personaje que, cuando llega al supuesto apartamento donde los Pujol tienen dinero enterrado, la recepcionista lo reconoce como un estafador que aún les debe el alquiler de una vivienda. El 24 de junio del 2020, se cerró la pieza separada con una discreción absoluta. El segundo del inspector Álvarez, el 88095 es quien firma los informes del caso Peñaranda. Y está citado para la semana entrante como testigo.
