El enredo judicial que ha supuesto la operación Catalunya no se detiene. Al contrario, crece. Y más después de lo que ha ido surgiendo en los juicios contra los Pujol Ferrusola y alrededor de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional. Ahora una resolución de la Audiencia de Madrid permite a los expropietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y Banco Madrid, las dos entidades que cerraron una vez se destapó que los Pujol Ferrusola tenían dinero al margen del fisco español, retomar una instrucción judicial contra destacados miembros de la policía patriótica.
Según ha podido saber El Món, la sección primera de la Audiencia de Madrid ha decidido enmendar la plana al titular del juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, que archivó una querella contra miembros del Cuerpo Nacional de Policía que habían participado en las presiones a la BPA para conseguir información financiera de líderes independentistas. Con esta resolución, los abogados de los financieros andorranos han preparado una nueva querella para reconducir el caso hacia la Audiencia Nacional y ampliar los querellados, entre los cuales estaría el expresidente español Mariano Rajoy y los responsables del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, Sepblac, que tuvieron un papel importantísimo en la intervención de las dos entidades.
Un camino de más de un año
La querella, firmada por los hermanos Ramon y Higini Cierco y por el ex CEO de la entidad, Joan Pau Miquel, se dirigía contra miembros de la policía patriótica como el inspector Celestino Barroso, encargado de pasar a los representantes de la BPA los mensajes de España sobre lo que les podía pasar si no colaboraban. De hecho, los querellantes aportan las grabaciones que hizo Joan Pau Miquel de los encuentros, que se encuentran judicializadas en, como mínimo, dos causas en Andorra y también se han incorporado como prueba documental del juicio contra los Pujol.
El juzgado de instrucción 27 de Madrid, el 10 de abril del 2025, cerró el caso y dictó el archivo de las diligencias por falta de competencia. Pero casi un año después, el pasado 19 de marzo, la Audiencia de Madrid dictó una nueva resolución, impulsada por un recurso de los banqueros al que se sumó, parcialmente, el ministerio fiscal. En esta interlocutoria, los magistrados estimaron parcialmente el recurso y anularon el archivo interpretando que las diligencias, en todo caso, debían dirigirse hacia el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
En esta línea, los magistrados recogen una parte de la querella para destacar los indicios que llevan a entender la existencia «de un plan preconcebido y perfectamente coordinado entre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y el resto de querellados que, inicialmente trataban de obtener información bancaria de determinados políticos catalanes». Un hecho que, según los togados, queda acreditado y objetivado con la grabación de Celestino Barroso que se aportó.
Más allá de la prevaricación
La Audiencia considera que los delitos y los indicios aportados por los querellantes –dirigidos por letrados del despacho Molins– no se quedan en un delito de «prevaricación administrativa» a la que, en principio, redujo los hechos el juzgado instructor. De hecho, la Audiencia de Madrid razona que los hechos «excederían este delito» y «se proyectan, como mínimo indiciariamente, por conexión, con otros cometidos en Andorra». Por tanto, opina que, siguiendo el criterio del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la causa debería ir a la Audiencia Nacional, a pesar de que los querellantes, en primera instancia, preferían que fuera un juzgado ordinario el que conociera los hechos.
Con esta resolución en las manos, la defensa de los hermanos Cierco se puso manos a la obra y preparó una nueva querella, siguiendo el criterio de la Audiencia de Madrid. De esta manera, han centrado la querella contra el equipo directivo del Sepblac durante las dos intervenciones, contra miembros de la inspección, control y supervisión del Banco de España que se integraron en su liquidación en los organismos directivos de la entidad y contra el exjefe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, Marcelino Martín Blas, -con quien se reunió Joan Pau Miquel en Madrid- y Celestino Barroso.
La intención es llegar a Mariano Rajoy y sus exministros de Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díaz -ahora procesado en la Kitchen- y Cristóbal Montoro, también investigado en la causa Equipo Económico, por soborno, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Aclarar la actuación de los servicios de prevención del fraude
Los querellantes quieren terminar de relacionar estos nombres con el resto de miembros de la policía patriótica que, en Andorra, sí están imputados, a raíz de una querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra a la que se sumaron los hermanos Cierco y Joan Pau Miquel. De hecho, los querellantes ya piden diligencias pensadas para completar el mapa en España de los delitos de amenazas, revelación de secretos y de prevaricación. En especial, el papel de los responsables del Sepblac que participaron junto con Unifand, el mismo servicio de control pero de Andorra, y el Tesoro de los EE.UU., a través del FinCen.
El Sepblac está en el punto de mira de diversos procedimientos relacionados con la trama andorrana. Por un lado, la representación legal de los Cierco ha reclamado a la justicia andorrana la desclasificación de los documentos de Unifand en relación al Sepblac que provocaron la intervención de la entidad. Y, por otro lado, el proceso abierto en los EE.UU. para terminar de reclamar la información clasificada entre el FinCen y los organismos de control financiero andorrano y español. Además, cabe recordar que en el año 2021, el mismo Sepblac admitió que Banco Madrid, filial española de la BPA, no cometió ningún delito de blanqueo de capitales. El informe aseguraba que la entidad no cometió “ningún hecho punible objeto de infracciones graves” ni que hubiera motivo para sospechar que llevaba a cabo operaciones de blanqueo.
En definitiva, el informe admitía que solo se habían podido detectar riesgos superiores a los que son habituales del sector, aunque se pudiera constatar alguno extraño o anómalo, la entidad realizaba controles que calificaba de “reales y serios”. Al fin y al cabo, el juzgado de Instrucción 38 de Madrid, el 7 de febrero de 2019, y posteriormente la Audiencia de Madrid -en julio de 2019-, sentenció en la misma línea de archivar la querella contra los dirigentes de la entidad basada en la acusación de montar una estructura financiera para blanquear capitales. La justicia dictaminó entonces que después de 4 años de una instrucción exhaustiva no había una sola prueba. Con este historial y la interlocutoria, ahora comienza un nuevo camino en la Audiencia Nacional para los propietarios de la BPA que no detienen su ofensiva para demostrar que fueron un daño colateral de la operación Catalunya.
