Hace una semana que el juicio del caso Mercasa quedó visto para sentencia. Una vista oral larga, intensa y delicada que juzgaba un sumario de corrupción internacional de empresarios españoles y empresas públicas españolas en Angola. El tribunal, presidido con oficio por la magistrada Teresa Palacios, ahora debe evaluar si una conspiración de 17 personas y diversas empresas como Icantema, Tuy Cincuenta y el Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) pagó comisiones irregulares a funcionarios y políticos de Angola y la República Dominicana para obtener contratos como el de la construcción de un mercado central de abastos en Luanda, la capital angoleña. La fiscalía, como cuestión previa, retiró la acusación a la empresa pública Mercasa, porque con la reforma del Código Penal ya no se pueden acusar empresas de titularidad pública.
La prueba practicada en la vista oral ha dejado al descubierto documentación donde constaban comisiones de hasta el 9,5%, una trama de blanqueo internacional, personajes de novela, comisionistas, trucos para poder conseguir contratos públicos en el extranjero y el amplio catálogo de supuestos sobornos, desde visitas médicas a vacaciones pagadas, pasando por entradas al palco del Bernabéu o cenas de lujo en Suiza. A los diecisiete acusados se les atribuyen delitos de corrupción en transacciones internacionales, falsedad documental continuada, malversación de dinero público, blanqueo de capitales y organización criminal. Todo ello por un proyecto llave en mano de un mercado central mayorista en la capital de Angola, Luanda, que ascendería a 500 millones de dólares desde la firma del contrato, que es del año 2006.
A pesar de la ingente prueba practicada, hay un elemento que ha quedado soterrado durante la vista oral. De hecho, una vez terminó la instrucción también desapareció discretamente. Es la figura del embajador de España en Luanda entre enero de 2009 y junio de 2012, José María Castroviejo, que según el juez instructor «habría acompañado en todo momento el proceso irregular» para la adjudicación del contrato a Mercasa. Castroviejo fue destituido por el ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo el 29 de junio de 2012. Semanas después, su nombre aparecía implicado en el caso Mercasa. Curiosamente, la destitución, según el acta del Consejo de Ministros, a la que ha tenido acceso El Món, fue en una reunión del gobierno presidida por Soraya Sáenz de Santamaría. El destino anterior de Castroviejo había sido Bosnia-Herzegovina.
El instructor lo tenía claro
Según el sumario, Castroviejo aparece en varias conversaciones de los principales implicados, como la del comisionista portugués Guillermo Augusto de Oliveira Taveira Pinto con su hijo, aún buscado por la justicia. O entre Ángel Ventura Cano y Francisco Pardo de Santayana, miembros de las sociedades que participaban de la trama de Mercasa. La instrucción del caso detectó unas interesantes conversaciones durante cinco días del mes de octubre de 2012 entre Castroviejo y Oliveira Taveira. Unos contactos que seguían los que como embajador había llevado a cabo para «desbloquear» la deuda de la administración angoleña con la trama española.
Según el relato del sumario, una vez cesado continuó las negociaciones, pero ahora a «cambio de un precio», y propuso ofrecer dinero a las autoridades angoleñas para animarlas a pagar la deuda. Una negociación en la que los representantes de la trama le pidieron que superase los porcentajes que habían establecido y pactado con funcionarios y altos cargos a través de Oliveira. El juez entendió que «estas intervenciones que podría haber llevado a cabo las habría hecho con la expectativa de obtener un premio”, una recompensa esperada «bajo la premisa de gestiones realizada».
30.000 euros
En resumidas cuentas, Castroviejo percibió al menos 30.000 euros por parte de Incatema, una de las sociedades del consorcio que obtuvo la adjudicación del Mercado de Luanda, en concepto de liquidación de sus servicios. De hecho, el diplomático de carrera mantuvo una relación profesional remunerada con Incatema que finalizó el 13 de noviembre de 2012, tras enterarse de la incompatibilidad de Castroviejo para esta tarea.
Ante la prohibición de cobrar, constituyó, solo 18 días después de dejar el cargo, la sociedad BETEL MARTIN SOLUCÓES LDA. A través de esta compañía, los responsables de la trama española le pagaron los servicios. De hecho, en la vista han aparecido correos en los que los mismos imputados reconocen que es la empresa «a través de la cual facturará Castroviejo». Finalmente, y tras firmar un contrato, se emitió una factura con el concepto «Servicios prestados a la entidad INCATEMA. En Angola a su pedido (3 meses x 10.000,00)».
«En definitiva», concluía la instrucción, «Castroviejo habría hecho uso de la mercantil angoleña BETEl MARTIN SOLUQOES LDA para recibir contraprestaciones económicas por parte de Incatema por determinados servicios». Los correos desprenden que los servicios de Castroviejo sirvieron para intermediar con el gobierno de Angola para saldar la deuda, «a pesar de la incompatibilidad existente para esta actividad por su cargo de embajador». El juez, sin embargo, no lo imputó. El misterio continúa, a pesar de las tres semanas de juicio.
