La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona archivar la causa abierta contra la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, por haber espiado el teléfono móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con Pegasus. Una petición a la cual también se ha adherido el ministerio público, porque argumentan que la intervención en el móvil de jefe del ejecutivo catalán, de quien sospechaban relaciones con los Comités de Defensa de la República (CDR) -uno de los artífices, junto con Tsunami Democràtic, de las movilizaciones del independentismo-, estuvo en todo momento avalada por la justicia española. Es decir, que el espionaje siempre estuvo sostenido legalmente, según argumentan.
De hecho, Esteban declaró ante el juez que el Tribunal Supremo les había dado luz verde para poder espiar el presidente de la Generalitat con Pegasus, el controvertido y malicioso programa de espionaje que la empresa israelí NSO Group comercializa con varios estados y que, en estos momentos, es motivo de debate en Bruselas. Las vinculaciones de las cuales sospechaba el CNI, y por las cuales intervinieron el teléfono de Aragonés, son que el jefe del ejecutivo catalán ejercía las funciones de coordinador de los CDR desde su posición política como vicepresidente del Gobierno. Es por eso que, según argumentan, el alto tribunal español habría avalado el espionaje entre los meses de julio del 2019 y el marzo del 2020. Ahora bien, un informe pericial de la defensa de Aragonés asegura que la intervención del teléfono del actual presidente en funciones había alcanzado más tiempo del explicitado por la exdirectora del CNI.
Los documentos desclasificados sobre Aragonés
En los documentos desclasificados del CNI, los cuales transcendieron el día antes de que Esteban declarara ante el juez, quedaba constatado que los servicios secretos españoles encargaron el espionaje a Aragonés porque veían sospechas en que fuera el coordinador de los CDR. Una documentación, pero, qué fuentes de Presidencia consultadas por la Agencia Catalana de Noticias (ACN) consideraron totalmente «insuficiente» para justificar el espionaje del entonces vicepresidente de la Generalitat.
